Las prácticas fiscales abusivas

Juan Ortín, asociado senior de EY Abogados

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El pasado 22 de diciembre se ha publicado una interesante Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, C-103/09 (Weald Leasing), relativa a las denominadas "prácticas abusivas" en el ámbito de impuestos armonizados. Nos referimos, con carácter general, a aquellas situaciones en las que, buscando un beneficio fiscal, el sujeto pasivo crea artificialmente las condiciones para aplicar una determinada normativa comunitaria, incumpliendo los objetivos perseguidos por dicha normativa. Siendo evidente que los contribuyentes tienen derecho a optar por alternativas de planificación que limiten su carga fiscal y que no pueden acudir para ello a negocios simulados o fraudulentos, resulta muchas veces difícil encontrar la línea que separa ambos extremos de la práctica abusiva.

Con carácter preliminar nos parece digno de mención el simple hecho de que el Tribunal Europeo valore el alcance de un concepto no definido en la propia Directiva comunitaria armonizadora del impuesto en cuestión ni en la Ley interna que la traspone, pero resulta claro que su valoración no es competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales de cada Estado (así, en el caso español, la cláusula relativa al denominado "conflicto en la aplicación de la norma", que sustituyó la anterior prohibición del "fraude de ley", se encuentra regulada en el artículo 15 de nuestra Ley General Tributaria).

El Tribunal analiza la decisión de una compañía de llevar a cabo determinadas operaciones de arrendamiento financiero de activos en lugar de su adquisición directa, con la consiguiente ventaja fiscal que ello produjo por el retraso en el pago del IVA. En caso de que exista práctica abusiva, las operaciones deben redefinirse para que se restablezca la situación a como habría sido de no haber existido esos elementos de carácter abusivo, pero, para llegar a esa calificación, según la jurisprudencia al respecto, son necesarios dos requisitos:

  • Que las operaciones de que se trate tengan como resultado la obtención de una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo perseguido por las disposiciones relevantes, y
  • Que la finalidad esencial de las operaciones de que se trate consista en obtener una ventaja fiscal

En el caso analizado, el Tribunal concluye que el arrendamiento financiero no constituye una práctica abusiva, siempre que los términos contractuales se correspondan con las condiciones normales de mercado y que la participación en dicha operación de una sociedad tercera interpuesta no obstaculice la aplicación de las disposiciones relevantes.

La Sentencia aclara que el sujeto pasivo tiene derecho a elegir la estructura de su actividad de modo que limite su deuda fiscal y que es irrelevante el hecho de que la empresa no realice operaciones de arrendamiento financiero en el marco de sus transacciones comerciales normales.

Es destacable que el Tribunal descarta la existencia de una posible práctica abusiva en un caso en que únicamente se esté obteniendo, mediante un leasing, una ventaja financiera derivada del escalonamiento del pago de la deuda tributaria, toda vez que, finalmente, se paga debidamente y en su totalidad el impuesto correspondiente a dicha operación de leasing. En tal caso, debemos interpretar que no se cumple el primer requisito mencionado para que exista una práctica abusiva, ya que las operaciones de arrendamiento financiero están comprendidas en el ámbito de aplicación de la Directiva comunitaria y la ventaja fiscal que puede resultar eventualmente de la realización de tales operaciones no constituye, en sí misma, una ventaja fiscal cuya concesión sería contraria al objetivo perseguido por la norma