Un paso adelante en el derecho de los consumidores

Alba Regueiro y Jordi Gras, abogados del departamento Legal de EY Abogados

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El 28 de enero se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo. El objetivo es adaptar nuestro ordenamiento a la Directiva Comunitaria 2008/48/CE que trata de conjugar la necesidad de desarrollar un mercado de este tipo de créditos que estimule la competencia con la necesidad de garantizar a los ciudadanos comunitarios un nivel elevado de protección de sus intereses.

Dentro del limitado ámbito de discrecionalidad que la Directiva permite a los Estados Miembros, el Gobierno ha decidido que deben conservarse determinados contratos de crédito que la Directiva permitía excluir. En este sentido, se permitirán los contratos relativos a préstamos concedidos a un público restringido en virtud de una disposición legal con un objetivo de interés general y, de forma parcial, a los contratos de crédito cuyo importe sea superior a 75.000 euros.

Asimismo, se han mantenido algunas medidas tendentes a la protección de los intereses de los consumidores. En este sentido, se prevé las siguientes modificaciones:

  • Derecho de desistimiento: El consumidor podrá dejar sin efecto el contrato celebrado, comunicándolo así a la otra parte sin necesidad de indicar los motivos. Esta posibilidad se podrá ejercitar a partir de la fecha de suscripción del contrato o bien cuando el consumidor reciba las condiciones contractuales cuando esta fecha sea posterior a la de suscripción.
  • Transparencia: Se regula la información esencial que ha de figurar en las publicidades de este tipo de créditos, obligando a que se especifique la forma de cálculo de la tasa equivalente que tanto varía de una entidad financiera a otra. Con este objetivo, también se incluyen nuevas medidas que garanticen la explicación individualizada al consumidor de las condiciones del crédito al consumo para que este tenga la oportunidad de evaluar concretamente si se ajusta o no a sus necesidades, y también las consecuencias de una posible situación de impago. El prestamista estará obligado a controlar individualmente la solvencia del contratante.
  • Reembolso anticipado. El consumidor podrá liquidar anticipadamente, de forma total o parcial y en cualquier momento, las obligaciones derivadas del contrato. En este supuesto, se tendrá un derecho a la reducción del coste total del crédito que comprende los intereses y costes, incluso si ya se hubieran pagado, propios a la duración del contrato. El importe de la compensación tendrá un límite del 1% del importe del crédito reembolsado anticipadamente. No obstante, el consumidor sólo quedará beneficiado por el anticipo del crédito cuando el periodo que faltaba para la terminación del contrato sea superior a un año.
  • Sometimiento a arbitraje: Se da la alternativa a todos los participantes, de adherirse al Sistema Arbitral del Consumo, a sistemas de resolución de conflictos propuestos por la Comisión Europea como sistemas alternativos, así como los mecanismos provistos en la legislación de protección de los clientes de servicios financieros.
  • Régimen Sancionador: La Directiva establece que los Estados Miembros serán quienes determinen las sanciones por las obligaciones de los intermediarios de crédito respecto de los consumidores que deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Concretamente, el incumplimiento por entidades de crédito de las obligaciones impuestas por la futura ley se sancionará conforme a lo establecido en la normativa sobre la disciplina e intervención de las entidades de crédito, mientras que el incumplimiento por las demás personas físicas y jurídicas constituye infracción en materia de protección de los consumidores.

En general, consideramos que el Proyecto de Ley supone un avance en la protección de los derechos de los consumidores y que las modificaciones establecidas deberían coadyuvar a minimizar las dificultades de funcionamiento del mercado interior en la Unión Europea.