Hacia unos servicios públicos más eficientes

Rocío Ingelmo, Responsable del Sector Público en EY

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Llevamos varios meses oyendo hablar sobre la necesidad de que los distintos gobiernos pongan en marcha procesos de privatización de empresas públicas para lograr, así, reducir parte del déficit que persigue a nuestra Administración.

Fruto de esta convicción es el proceso que en la actualidad se está llevando a cabo en compañías estatales como Loterías del Estado o AENA. Ambas están inmersas en procesos, en virtud de los cuales, se permitirá la entrada de capital privado en dos de las entidades públicas más relevantes de la Administración del Estado. En el caso de AENA, que ya ha iniciado su proceso de licitación, ha optado por privatizar la parte de la gestión aeroportuaria, dejando al Estado las funciones de control y tráfico aéreo.

Ante la pregunta de por qué los gobiernos privatizan, la respuesta varía según quién conteste; en el caso de los ciudadanos es contundente: para obtener liquidez y compensar el déficit actual. Sin embargo, obviamente, esta razón no tiene por qué ser la única, y quisiera incidir en una razón para mí fundamental de estos procesos, que no es otra que la maximización de la eficiencia en la prestación del servicio.

En este sentido, resulta curiosa la correlación entre el tamaño del sector público y el crecimiento económico de los distintos países. Cabe mencionar las conclusiones obtenidas en un reciente estudio elaborado por un prestigioso catedrático de Hacienda Pública entre los países de la OCDE, en el que se refleja que aquellos países en los que el sector público se ha mantenido más reducido, el crecimiento económico ha sido mayor. ¿Será en parte porque el sector privado es más eficiente en la prestación de determinados servicios y esta mayor eficiencia favorece el crecimiento económico?

Todos somos conscientes de la proliferación de entes públicos en las administraciones regionales. El último inventario de entes dependientes de las Comunidades Autónomas que publica el Ministerio de Economía y Hacienda cifra, en julio de 2009, un total de 2.012, de los cuales más de la mitad son consorcios y sociedades mercantiles.

Tampoco cabe duda de que hoy la deuda de las empresas públicas en las distintas Comunidades Autónomas, es una preocupación general. Y esto es así no tanto por el importe que supone, sino por su ritmo de crecimiento; hay empresas públicas cuya deuda aumentó en términos nominales más del 40% anualmente entre los años 2005 y 2007, según datos del Banco de España.

Con el fin de conocer cómo las privatizaciones pueden suponer un instrumento más en el camino de la recuperación, EY ha elaborado un estudio desde un doble enfoque: por una parte, conocer la opinión de los ciudadanos sobre el funcionamiento de las empresas públicas y, a su vez, analizar las opiniones de los distintos gobiernos, asesores y directivos de compañías que vivieron una privatización. Con este estudio hemos querido conocer, en el primer caso, la percepción que se tiene de los servicios públicos y de quién y cómo se prestan y, en el segundo, extraer conclusiones que nos ayuden en el futuro inmediato, a partir de las distintas experiencias vividas entre los años 1995 y 2010.

Al preguntarle a los ciudadanos cuáles son los servicios que más valoran prestados por el sector público, la respuesta es mayoritariamente: los de defensa y sanitarios. La importancia que le conceden a este “actor” es tal que, aún cuando reconocen que en muchos casos el servicio se presta de una forma menos eficiente a como lo haría el sector privado, prefieren que la situación se siga manteniendo.

Del estudio se desprende la importancia que tiene, para quienes han vivido en primera persona procesos de privatización, la preparación de la misma, para así lograr que ésta sea un éxito. Es decir, antes de privatizar una entidad o permitir la entrada de capital privado en la misma, es fundamental que los equipos que van a liderar el proceso cuenten con un diagnóstico realista de la situación, que incluya los riesgos que pueden producirse en el proceso y con toda la información financiera necesaria para facilitar la toma de decisiones. Estos dos aspectos junto con un análisis realista del mercado que permita decidir si es un buen momento para privatizar o no, a buen seguro ayudará a las administraciones a acertar en su toma de decisiones.

En el caso concreto de España, es importante incorporar dos aspectos más en esta etapa previa a la privatización; uno es tratar de lograr el máximo consenso con las fuerzas sindicales, lo que hará que el proceso cuente también con el apoyo de sus profesionales. Y otro no menos importante es, el esfuerzo que la dirección debe hacer en materia de comunicación interna para conocer y saber transmitir a su organización las implicaciones y consecuencias que conllevará el proceso.

Si tenemos en cuenta estos detalles, que en teoría parecen obvios pero que en la práctica pueden no serlo, lograremos liberar a la Administración de la prestación de determinados servicios que el sector privado quiere desarrollar en el futuro y que deseamos lo haga de la forma más eficiente posible.

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