Modificaciones efectuadas en la Cámara de Diputados a la propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación

Tax Flash

  • Compartir

Aunque la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión aprobó ya el proyecto de reformas al Código Fiscal de la Federación, sus modificaciones tendrán que ser aprobadas por la Cámara de Senadores y posteriormente promulgadas por el presidente de la República. Por su importancia, a continuación presentamos un resumen comentando únicamente los cambios más destacados respecto a la propuesta del Ejecutivo.

Cláusula General Antiabuso
La Cámara de Diputados eliminó la propuesta de adicionar una cláusula general antiabuso que pretendía dar a la autoridad la facultad de recaracterizar las operaciones realizadas por los contribuyentes, cuando estas carecieran, a su juicio, de una razón de negocios que se tradujera en un beneficio económico concreto. Según lo señala el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se decide no aprobar esta propuesta del Ejecutivo, al considerar que la autoridad fiscal actualmente tiene facultades suficientes para analizar tanto la forma como el fondo de tales operaciones; además de que, desde su punto de vista, esto es coincidente con recientes criterios emitidos por los tribunales federales.

Responsabilidad solidaria
En la iniciativa del Ejecutivo Federal se proponía extender la responsabilidad solidaria de socios o accionistas para que fuera aplicable en cualquier caso, incluyendo el que esta pudiera ser en ciertos casos más allá de la participación de los socios o accionistas en el capital social de la empresa.

En el dictamen aprobado por la Cámara de Diputados, se propone mantener las condicionantes para que resulte aplicable la responsabilidad solidaria de socios y accionistas que actualmente existe en el Código Fiscal, a saber que esta solo resulte aplicable cuando la sociedad no solicite su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, cambie su domicilio fiscal sin presentar el aviso respectivo o no lleve, oculte o destruya la contabilidad.

Finalmente, la Cámara introduce un texto para que la responsabilidad solidaria solo sea aplicable a socios o accionistas, cuando estos tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad al momento de causarse las contribuciones omitidas.

Delitos Fiscales
La iniciativa proponía fijar, de manera expresa, responsabilidad penal derivada de no evitar la comisión de un hecho delictivo para quienes tuvieran el carácter de administrador único, presidente del consejo de administración o para cualquier persona que tuviera conferida la dirección o gerencia general e incluso para cualquier persona que contara con facultades de administración o dominio.

Sin embargo, la Cámara de Diputados elimina la referencia expresa efectuada a personas con determinados cargos y poderes, para hacer una mención genérica imputando responsabilidad penal a las personas que tengan calidad de garantes, es decir, a personas que tengan la obligación por virtud de una disposición legal, de un contrato o de los estatutos sociales, de evitar la conducta delictiva.

Por otro lado, en la iniciativa de reformas el Ejecutivo propuso atribuir responsabilidad penal a contadores, abogados o agentes aduanales que por virtud de un convenio, contrato o cualquier otro acto, asesoraran, sugirieran, propusieran, establecieran o llevaran a cabo por sí o por interpósita persona mecanismos relacionados con esquemas ilícitos o que implicaran incumplimiento a obligaciones fiscales.

En relación con lo anterior, la Cámara estima innecesaria la precisión de ramas profesionales, por lo que establece la responsabilidad penal haciendo referencia genérica a cualquier profesionista.

Por otra parte, especifica que las actividades consisten en proponer, establecer o llevar a cabo, por sí o por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas que deriven de manera directa en la comisión de un delito.

Dictamen Fiscal
La Cámara de Diputados concluyó que no resulta conveniente aprobar la eliminación total del dictamen fiscal, considerando necesario que la presentación del mismo se mantenga de manera opcional para los contribuyentes que en el ejercicio inmediato anterior: i) tengan ingresos acumulables superiores a 100 millones de pesos; ii) el valor de su activo sea superior a 79 millones de pesos o; iii) hayan tenido al menos 300 trabajadores en el ejercicio inmediato anterior.

Por tanto, los contribuyentes que no se ubiquen en los supuestos mencionados, no tendrán la posibilidad de optar por presentar dictamen fiscal.

Por lo anterior, los legisladores incorporan de nueva cuenta la mayoría de las disposiciones que regulan el dictamen fiscal y los beneficios derivados de su presentación; sin embargo, omitieron establecer el beneficio que actualmente se tiene respecto al plazo de 25 días para obtener la devolución de las cantidades solicitadas.

Por otra parte, se establece que la revisión al dictamen, la cual que se lleva a cabo con el contador público, no deberá exceder un plazo de seis meses.

Asimismo, se adicionan los siguientes supuestos, en los cuáles se faculta a las autoridades fiscales para ejercer sus facultades de comprobación, sin tener la obligación de iniciar la revisión primeramente con el contador público (revisión secuencial):

  1. Cuando el objeto de los actos de comprobación sea sobre los efectos de la desincorporación de sociedades o cuando la sociedad integradora deje de determinar su resultado fiscal integrado.
  2. Tratándose de la revisión de los conceptos modificados por el contribuyente, que origine la presentación de declaraciones complementarias posteriores a la emisión de dictamen del ejercicio al que correspondan las modificaciones.
  3. Cuando se haya dejado sin efectos, al contribuyente objeto de la revisión, el certificado de sello digital para emitir comprobantes fiscales digitales por internet.
  4. Tratándose de las revisiones electrónicas a que se refiere la fracción IX del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.
  5. Cuando habiendo ejercido la opción a que se refiere el artículo 32-A de dicho código, el dictamen fiscal se haya presentado en forma extemporánea.

Buzón tributario
La Cámara aprueba la propuesta de crear un sistema de comunicación electrónico denominado buzón tributario, que entre otras utilidades permitirá recibir notificaciones y presentar promociones; adicionando la posibilidad de que sea el contribuyente el que elija el medio electrónico de comunicación a través del cual recibirá los avisos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y estableciendo la obligación de la autoridad de realizar por una sola vez un aviso de confirmación de dicho medio electrónico.

Por otra parte, la Cámara consideró necesario imprimir cierta gradualidad a la implementación del buzón electrónico, para lo cual estableció en disposiciones transitorias que la notificación de cualquier acto o resolución administrativa entre en vigor, por lo que hace a las personas morales a partir del 30 de junio de 2014 y por lo que hace a las personas físicas a partir del 1º de enero de 2015.

Recurso de revocación
La Cámara de Diputados estimó necesario conceder a los contribuyentes un plazo más amplio, al originalmente propuesto por el Ejecutivo Federal, para interponer el recurso de revocación, por lo cual se extiende el plazo de los 15 días propuestos a 30 días.

Asimismo, se modifican los plazos propuestos por el Ejecutivo en relación con el periodo probatorio, estableciéndose 15 días para el anuncio de pruebas adicionales y 15 días para su exhibición.

Garantía del interés fiscal
A fin de ser congruente con la modificación efectuada, se propone ampliar el plazo para interponer el recurso de revocación, de 15 días para garantizar el interés fiscal propuesto por el Ejecutivo Federal, para que este sea de 30 días; modificándose, en consecuencia, el periodo señalado para que pueda dar inicio el procedimiento administrativo de ejecución.

Prescripción
En la iniciativa del Ejecutivo se propone que la desocupación del domicilio sin presentar el aviso correspondiente o el señalamiento incorrecto del mismo, daría lugar a la suspensión del plazo para que opere la prescripción de un crédito fiscal y no a su interrupción.

De manera confusa, la iniciativa del Ejecutivo también señalaba que el plazo para que se configurara la prescripción no podría exceder de 10 años, salvo cuando dicho plazo se encontrara suspendido.

La Cámara de Diputados, aclara la redacción propuesta por el Ejecutivo para establecer que el plazo para que se consume la prescripción nunca podrá exceder de 10 años, aún cuando este se haya interrumpido, pero que para el cómputo del plazo referido no deberán incluirse los periodos en los que haya operado una suspensión del mismo.

Operaciones amparadas con comprobantes fiscales
El Ejecutivo Federal propuso que cuando los comprobantes fiscales ampararan actos o actividades presuntamente inexistentes, por no contar el emisor del mismo con activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes; o bien, cuando este tenga el carácter de no localizado, lo hará de su conocimiento a través del buzón tributario y del público en general mediante publicaciones en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como en el Diario Oficial de la Federación.

La propuesta del Ejecutivo señala que si el emisor del comprobante no logra desvirtuar los motivos que tiene la autoridad para considerar como inexistentes a las operaciones amparadas por dicho comprobante, se incluirán en un listado que se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del SAT, considerándose con efectos generales, que las operaciones correspondientes no produjeron ningún efecto fiscal, obligándose al receptor a corregir su situación.

La Cámara de Diputados, a fin de respetar la garantía de audiencia de los contribuyentes receptores de los comprobantes, propone que estos cuenten con un plazo de 30 días a partir de que la autoridad fiscal haya determinado la inexistencia de las operaciones amparadas por los mismos, para probar en contrario o corregir su situación fiscal.