El 82% de los empleados están convencidos de que sus directivos utilizarían ‘atajos’ para cumplir sus objetivos

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  • El 30% de los directivos consultados justifica el pago de sobornos para obtener un negocio
  • El 42% percibe un aumento de las prácticas corruptas en nuestro país debido a la crisis
  • Ocho de cada diez señala que sus directivos están presionados para conseguir unos óptimos resultados financiero
  • En el año de la entrada en vigor del nuevo Código Penal en España, esta situación refleja la importancia de implantar medidas de control interno en las empresas destinadas a mitigar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de los administradores.

MADRID, 18 MAYO 2011 –La crisis económica sigue siendo un caldo de cultivo perfecto para el aumento de conductas fraudulentas en el mundo de la empresa. Casi seis de cada diez empleados de compañías españolas afirman que el soborno y la corrupción se están extendiendo en el mundo de los negocios; es más, el 82% de los mismos piensa que la dirección de la compañía utilizaría ‘atajos’ para alcanzar los objetivos de su empresa, un resultado que está veinte puntos por encima de la media europea. Estos datos forman parte del último estudio internacional de EY, European Fraud Survey 2011, publicado hoy mismo.

El estudio, realizado entre 2.365 empleados, mandos intermedios y directivos de compañías de 25 países europeos, incluido España, recoge su percepción sobre el fraude, el soborno y la corrupción en el mundo empresarial.

Como punto de partida, el informe establece un escenario marcado por la situación de crisis en nuestro país, en el que el 42% considera que la corrupción se ha incrementado en los dos últimos años como consecuencia de la precaria situación económica. Además, el 81% de los consultados vaticina para los próximos doce meses dificultades en la actividad de muchas compañías si bien, la situación ha mejorado ligeramente con respecto al informe publicado en 2009, cuanto el porcentaje era del 95%. A esta situación se suma otro dato inquietante: el 80% de los consultados en España se muestra de acuerdo en que los directivos están presionados para conseguir unos óptimos resultados financieros, cinco puntos por encima de la media en Europa.

En este escenario, los resultados para España del informe revelan algunas actitudes cuanto menos preocupantes sobre la ética en los negocios. Los empleados confían poco en la dirección de la compañía, ya que el 82% cree que utilizaría ‘el camino más corto’ para conseguir los objetivos fijados, muy por encima del 62% registrado de media en Europa. Sorprendentemente, esta cifra se eleva al 90% cuando quien responde se encuentra en un puesto directivo, 40 puntos por encima de la media europea.

Entre los ‘atajos’ para conseguir un negocio –regalos personales o pagos en metálico, entre otros-, el 30% de los directivos nacionales consultados vería justificado el pago de un soborno si ello contribuyese al crecimiento de la empresa, frente al 19% registrado de media en Europa. Sólo cuatro de cada diez no procedería de esta forma, un resultado inferior al obtenido por sus colegas europeos, que es del 51%.

Resultados para España del informe European Fraud Survey 2011 
Fuente: European Fraud Survey 2011de EY. Resuldatos para España

"La mayor tolerancia hacia el fraude, el soborno y la corrupción que observamos en el estudio, junto con las iniciativas de reducción de costes en muchas empresas, les están generando una mayor exposición a sufrir un fraude. Para la dirección de las compañías, así como para los consejos de administración, debería ser una prioridad reforzar su compromiso con la ética en los negocios y que esta actitud sea también percibida por sus empleados y grupos de interés", afirma Ricardo Noreña, Socio Responsable de Forensic de EY. "Además, –añade– con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, las empresas en su conjunto deben concentrar sus esfuerzos en la prevención de los delitos, mientras que los administradores y los comités de auditoría tienen la responsabilidad de que este objetivo se concrete en medidas efectivas de control interno”.

Falta de cultura anti-fraude

La cultura anticorrupción y antifraude parece que todavía no ha calado por completo entre las compañías españolas. El 49% reconoce que su empresa dispone de una política anticorrupción y un código de conducta, frente al 56% de la media en Europa. Además, sólo el 19% de los consultados en nuestro país afirma haber recibido formación en este ámbito, un dato muy alejado del 38% obtenido por sus colegas europeos.

Aunque los datos del informe muestran una tendencia al aumento de las prácticas fraudulentas, sin embargo, no se atisba un mayor esfuerzo por parte de las compañías a la hora de aplicar medidas de prevención. Según se desprende de las respuestas de los profesionales españoles consultados, se ha registrado un descenso generalizado en el uso de mecanismos para combatir el fraude con respecto a hace dos años, por ejemplo, en la auditoría interna y externa, en mayores controles sobre el gasto, el desarrollo de códigos de conducta, en asesoría jurídica interna o en formación antifraude (ver anexo).

Pese a esta aparente reducción de esfuerzos por parte de las empresas en combatir el fraude, Noreña asegura que “estamos trabajando con un elevado número de compañías españolas que quieren establecer medidas de control para la prevención de delitos. La aprobación del nuevo Código Penal ha sido clave en esta actitud, además de por los riesgos que entraña la ausencia de este tipo de medidas, porque los programas de cumplimiento penal son también una herramienta competitiva para mantener una imagen de transparencia y control”

Por ejemplo–continúa–, a la hora de seleccionar a un determinado proveedor “es muy relevante el grado de seguridad y confianza que éste ofrece en cuanto a su entorno de control y a sus medidas para prevenir delitos. De esta forma, las empresas quieren evitar el “efecto contagio” en sus prácticas de negocio así como el daño reputacional que supondría que un proveedor actúe más alla de los límites de la legalidad”, explica.

En el mismo sentido, Estados Unidos aprobó en 2010 la Ley Dodd-Frank. Entre otros supuestos, establece que aquellos empleados de compañías cotizadas estadounidenses que ofrezcan información al regulador estadounidense, sobre presuntas conductas ilegales en su empresa, tendrán derecho, en determinadas circunstancias, a recibir una recompensa sustancial. Una gran mayoría de los consultados en España, el 71%, ve efectiva esta medida, ya que estimularía a los empleados de dichas empresas a informar de casos sospechosos de fraude, soborno o corrupción.

Más supervisión por parte de las autoridades

En cuanto al papel de las autoridades públicas en la lucha contra el fraude, el informe revela cierta frustración en los empleados sobre esta labor ya que piden una mayor supervisión por parte de los reguladores. El 60% de los españoles está muy de acuerdo en que estos organismos aumenten los controles a empresas, frente al 45% de media en Europa. De hecho, no se muestran del todo satisfechos con el papel de los reguladores en la lucha contra el fraude: para el 44% de los empleados españoles, estas instituciones dan la apariencia de combatir las prácticas corruptas aunque no son efectivas a la hora de conseguir una condena para quien ha cometido este tipo de delitos.

En línea con lo que los encuestados demandan, ”es muy posible que en un futuro próximo se incremente el nivel de supervisión por parte de los reguladores y la persecucicón de los delitos por parte de la Administración de Justicia”, concluye Noreña.

  

Información adicional

Anexo: Resultados para España (pdf, 82kb)  del informe

Acceso al texto completo del informe European Fraud Survey 2011 


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