Entidades con acciones al portador: vencimiento del plazo para cumplir con nuevas obligaciones

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Por la Cra. Leticia Arias, Impuestos, EY Uruguay

¿Cuál es la nueva obligación?

En julio de 2012, a través de la Ley N° 18.930 se estableció la obligación de informar a los titulares de las participaciones emitidas por entidades con acciones al portador.

En el marco de las políticas que el gobierno ha lanzado en los últimos años para alinearse a la tendencia internacional que emerge hacia la trasparencia fiscal, la Ley N° 19.484 de enero 2017 y el Decreto reglamentario N° 166/017, publicado en julio del mismo año, establecieron que dichas empresas deben ahora también identificar a los beneficiarios finales ante el Banco Central del Uruguay (BCU).

Si bien en el presente artículo se exponen las obligaciones para las entidades con acciones al portador, es importante mencionar que existen otros tipos de entidades que tendrán obligaciones ante el BCU pero con otros plazos posteriores.

¿Quiénes son los beneficiarios finales?

La Ley define a los beneficiarios finales como aquellas personas físicas que posean, por lo menos, un 15% del capital integrado o derecho a votos de la empresa, ya sea de forma directa o indirecta (mediante una cadena de titularidades o cualquier otro tipo de control indirecto).

En los casos que entre la entidad declarante y los beneficiarios finales se interponga una cadena de titularidad conformada por personas jurídicas o cualquier otro patrimonio de afectación, esa cadena deberá ser de todas maneras informada, identificando todas esas entidades hasta llegar a los beneficiarios finales que cumplan con el requisito del porcentaje anteriormente mencionado.

¿Cuál es el plazo para esta obligación?

Quienes hayan cumplido con declarar la titularidad de las acciones en el año 2012, deberán identificar e informar a sus beneficiarios finales antes del 29 de setiembre de 2017.

Una vez se haya cumplido con esta comunicación, cualquier modificación en la información o en el porcentaje de participación del beneficiario en la entidad, deberá ser comunicada al BCU dentro de los 30 días desde que se hizo efectiva. Para el caso de entidades no residentes, el plazo anterior será de 60 días.

Es importante considerar que dichos plazos, al estar fijados por Ley, podrán ser prorrogados únicamente por una Ley posterior.

¿Quién es responsable de la presentación de la información?

A diferencia de lo sucedido en el 2012, año en que, como mencionamos anteriormente, se dispuso la obligación de informar a los titulares de acciones al portador, donde la responsabilidad era de los titulares y la entidad obligada. En este nuevo requerimientoa responsabilidad de identificar e informar a los beneficiarios finales será en su totalidad de la entidad obligada. A su vez representantes de dicha entidad serán solidariamente responsables por el incumplimiento de esta obligación.

¿Cuáles son las sanciones por el no cumplimiento?

Importantes son las sanciones por el  no cumplimiento de estas obligaciones:

  • Suspensión del certificado único de DGI
  • Prohibición de pago de dividendos, utilidades, rescates, recesos o el resultado de la liquidación de la entidad, así como cualquier partida de igual naturaleza, realizada a los beneficiarios respecto a los cuales no se haya cumplido la obligación de identificar. La multa por incumplimiento será equivalente al monto distribuido. 
  • Sanción económica: Mínimo de 2 y hasta 100 veces la multa máxima por contravención (aproximadamente entre USD 500 y USD 25.000), considerándose el porcentaje de participación desconocido a efectos de  la graduación  de la multa. A los efectos deacilitar a las entidades el proceso de identificación de los beneficiarios finales, la Auditoría Interna de la Nación (AIN) emitió un instructivo donde se stablecen ciertos puntos a seguir para lograr una correcta identificación al momento de completar el Formulario requerido.

Publicado en el Semanario Búsqueda, 28 de setiembre de 2017.