A vueltas con el impuesto digital español

Por Cástor Gárate y Tatiana De Cubas, Socio y Senior Manager de Fiscalidad Internacional de EY Abogados, respectivamente

  • Compartir

Publicado en Expansión, el 1 de julio de 2019

Durante los últimos años estamos asistiendo a una vorágine de opiniones sobre si las multinacionales altamente digitalizadas pagan los impuestos que deben o no. Como reacción, un gran número de gobiernos están tratando de ver la mejor manera de incrementar sus ingresos y las empresas reclaman un escenario eficaz y confiable.

Pues bien, parece claro que las reglas del juego van a cambiar. Hasta qué punto, no lo sabemos todavía. Sin embargo, habida cuenta de la dimensión mundial del problema, lo deseable sería que el nuevo marco tributario se defina bajo consenso internacional.

La UE llegó a plantear la conveniencia de aprobar un impuesto sobre servicios digitales de forma transitoria hasta que se defina un marco estable para el futuro. Tras múltiples discusiones, la iniciativa ha quedado sin embargo paralizada, recayendo así la responsabilidad de lograr una posición consensuada en las espaldas fundamentalmente de la OCDE.

Pese a liderar iniciativas globales o regionales, la propia OCDE y la UE han reconocido la legitimidad de los países para adoptar medidas unilaterales en el supuesto de una demora significativa en la adopción de medidas consensuadas en el ámbito internacional.

Así, diversos países, tanto en nuestro entorno como más lejos de él, han propuesto establecer un impuesto digital sin esperar a una solución armonizada. En nuestro país, el Gobierno anterior acordó iniciar la tramitación legislativa del impuesto español. Esta iniciativa no avanzó y en este momento estamos expectantes ante la decisión que se pueda tomar en los próximos meses.

Mientras tanto, la OCDE ha pisado el acelerador. Los trabajos avanzan y parece que se ve luz al final del túnel. Además, el túnel no parece ya demasiado largo, dado que a finales del año que viene ya deberíamos tener conclusiones.

En este contexto, cabe cuestionarse seriamente la conveniencia de correr demasiado para aprobar un impuesto muy complejo que podría tener una vigencia corta y que va a requerir un esfuerzo de implementación muy grande, tanto para las empresas como para la propia Administración. Y el resultado recaudatorio, incierto. A nosotros nos genera muchas dudas.

¿Está suficientemente claro el objetivo?

El anterior proyecto de ley se orientaba a gravar los ingresos de origen digital en los que existe una generación de valor por parte de los usuarios, en línea con la propuesta UE. Sin embargo, tanto la naturaleza de los ingresos como la definición de términos esenciales planteaban numerosas dudas interpretativas, pudiendo incluir supuestos que no responderían a la motivación del impuesto. En un contexto de una economía cada vez más digitalizada, podrían existir también supuestos no tan obvios pero que respondan a la motivación del impuesto y se escapen de estas definiciones. En este contexto, resultaría necesario un análisis escrupuloso y, en su caso, una discusión parlamentaria rica.

El proceso parlamentario del impuesto francés podría ser un buen ejemplo donde se han discutido un elevadísimo número de enmiendas y, a título de ejemplo, se ha acabado excluyendo actividades concretas como los servicios de suscripción por cuotas o plataformas digitales de reservas de viajes (sistemas informatizados de reservas regulados), donde se ha considerado que la generación de valor de los usuarios es reducida.

¿Van a pagar justos por pecadores?

Parece que sí. En particular, podría castigar especialmente a la empresa española que paga religiosamente su Impuesto sobre Sociedades en España, generándole doble imposición.

¿España va a recaudar tanto como cree?

A grandes números, la previsión del Gobierno establecía un objetivo ambicioso de recaudación que difícilmente se alineaba con las estimaciones realizadas por la UE. Adicionalmente, es difícil disponer de información razonable sobre el posible número de contribuyentes que tendrán que liquidar el impuesto, generando incertidumbres todavía mayores en el impacto económico del impuesto.

¿Merecen la pena los costes de cumplimiento en un contexto temporal?

Ante una alta dificultad de gestión del impuesto por parte de la Administración, el Proyecto de Ley desplazaba una elevada carga a los contribuyentes, que, por ejemplo, debían establecer los mecanismos que fueran necesarios para determinar la localización de los dispositivos de sus usuarios.

Esto no quita en cualquier caso que la Administración tributaria se iba a enfrentar también a grandes dificultades para realizar una adecuada labor de control, especialmente con respecto de sujetos pasivos no residentes.

En definitiva, es posible que nos encontremos en un contexto probablemente no lo suficientemente maduro para la introducción de un impuesto complejo como el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

La OCDE está haciendo sus deberes y resultaría bastante razonable esperar a sus conclusiones a finales de 2020, de acuerdo con la hoja de ruta publicada el 31 de mayo. Quizás en ese momento se pueda tener una mayor base para modificar el escenario fiscal de forma más justa, eficaz y segura, tanto para la Administración como para los administrados.

 

Sobre los autores

EY - Cástor Gárate  Cástor Gárate  

Socio de Fiscalidad Internacional de EY Abogados
+34 915 727 905

EY - Tatiana De Cubas  Tatiana De Cubas   

Senior Manager de Fiscalidad Internacional
de EY Abogados
+34 915 727 625