A vueltas sobre el régimen retributivo de las energías renovables. Últimas novedades jurisprudenciales

Enero 2016

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La reforma del régimen económico de las energías renovables constituye una vexata quaestio del Derecho de la Energía. Una cuestión que ha dado lugar a una litigiosidad extraordinaria entre el Estado y los productores de energías renovables que aún no está completamente resuelta.

Recientemente, se han conocido tres importantes pronunciamientos judiciales y arbitrales que afectan a esta materia. La sentencia constitucional sobre la reforma del régimen retributivo de las energías renovables operada por el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por una parte. El primer bloque de sentencias del Tribunal Supremo sobre las responsabilidades patrimoniales por los cambios implementados en el último trimestre del año 2010, por otra. Y, por último, el primer laudo arbitral recaído en un procedimiento por infracción del Tratado de la Carta de la Energía. Enero 2016 Alerta Informativa Félix Plasencia Sánchez Socio Director del Área Legal EY Laura de Pedro Martín Asociada del Área Legal EY A vueltas sobre el régimen retributivo de las energías renovables.

Estos pronunciamientos, alineados con las tesis del Gobierno, no resuelven definitivamente la cuestión. La reforma constitucional no aborda suficientemente aspectos clave de la reforma del régimen económico de las energías renovables. Las sentencias del Tribunal Supremo se refieren a aspectos fragmentarios de una reforma parcial del sistema. El laudo recaído en el arbitraje internacional carece de efecto vinculante sobre laudos futuros.

Pese a ello, su importancia es incuestionable. Su análisis, en efecto, resulta capital tanto por su interés para actualizar el estado de la cuestión como por el posible impacto sobre los recursos contencioso-administrativos interpuestos frente al Real Decreto de renovables y la Orden de Parámetros dictados en ejecución –y para poner en marcha– de la reforma del régimen retributivo de las energías renovables operada por el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio.


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Laura de Pedro Martín  
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