Ahorro Público

por María Jesús Escobar, socia responsable del Sector Público de EY

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Publicado en La Razón el 28 de septiembre de 2014

Es difícil en pocas líneas explicar de forma fundamentada los efectos económicos y sociales que el déficit público, los recortes en el gasto de la administración o el gran tamaño que ha adquirido la deuda pública tienen en ciudadanos y empresas, una parte importante de los cuales se encuentra en una difícil situación. No obstante, merece la pena tratar de aportar puntos de vista que propongan mejoras a este escenario.

Uno de los gastos más importantes se refiere al pago de pensiones, seguros de desempleo y otras ayudas de tipo social, partida que supone cerca de un 40% del gasto público total. Es esencial abordar la reestructuración del sistema de pensiones y compensaciones por desempleo, no sólo con vista a reducir este importante gasto, sino a prever los efectos del envejecimiento de nuestra población, que harán insostenible el sistema. Lo importante es realizar esta reestructuración atendiendo a criterios de solidaridad y redistribución de rentas que no afecten a las familias e individuos que mayor necesidad tienen de estas ayudas.

No es conveniente recortar más el gasto educativo y sanitario; una partida de gasto de la que se debate mucho, y que sin embargo representa sólo un 6%, aproximadamente, del total. Lo que sí es perentorio, especialmente en materia de educación, es mejorar sensiblemente los resultados de estas políticas: una sociedad más sana y mejor educada en todos los aspectos (incluidas las disciplinas científicas) es más capaz de contribuir al crecimiento económico en el medio y largo plazo.

Otro de los gastos más importantes es el de los propios costes de personal del sector público, que representan alrededor de un 26%. Este porcentaje ha disminuido en términos proporcionales y absolutos, en la medida en que los salarios públicos han experimentado congelaciones y recortes relevantes. El número de empleados también se ha reducido, aunque no tanto como en el sector privado. De nuevo, no es tan recomendable la reducción como el incremento de la productividad de esta partida. La administración es, esencialmente, una entidad de prestación de servicios y, por tanto, de personas, por lo que el trabajo conjunto de éstas tiene un efecto determinante en la economía. Los rankings internacionales que miden el entorno de negocios en cada país siempre incluyen indicadores relativos a la relación de empresas y personas con las administraciones (estabilidad jurídica, presión fiscal, trámites administrativos). Si el estado funciona bien y la regulación es propicia, las empresas florecen y, por tanto, el empleo y la recaudación fiscal se incrementan.

Por último, la administración no debe actuar donde hay un sector privado preparado y eficiente que pueda desarrollar ciertas actividades a un menor coste, aunque siempre con el debido control si se trata de la prestación de servicios públicos.

 

Sobre el autor

María Jesús Escobar

EY - María Jesús Escobar

Socia Sector Público EY

Télf.: +34 91 572 73 21

 

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