Criterio Técnico 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de registro de jornada

Junio 2019

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El pasado 1 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que resultó publicado en el BOE el 5 de marzo y entró en vigor al día siguiente (“Real Decreto-ley 7/2019”).

Debido a la disolución de las Cortes producida el 5 de marzo de 2019 con motivo de la convocatoria de Elecciones Generales, dicho Real Decreto-ley deberá ser convalidado por la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados en un plazo de treinta días hábiles lo cual tuvo lugar el pasado 3 de abril.

Da la sensación de que la aprobación de dicho Real Decreto-ley se produce, de nuevo, de forma atropellada ante varios factores, como son (i) la creciente tensión social producida por el incremento del precio de los alquileres atribuida a fondos inmobiliarios o plataformas turísticas p2p, (ii) la presión ejercida al Gobierno por otras fuerzas políticas y, fundamentalmente, (iii) la proximidad de elecciones generales en España. Y ello porque se trata del segundo Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno en menos de tres meses, tras la derogación por el Congreso de los Diputados en enero del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre.

Ello provoca que, en lo sucesivo, haya que tener presente la existencia de hasta tres regímenes normativos distintos para los arrendamientos urbanos suscritos entre el 15 de diciembre de 2018 y el 5 de abril de 2019.


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Socio de Inmobiliario EY

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