El IVA de las publicaciones electrónicas

Por Fulgencio García, Socio del área de Tributación indirecta de EY Abogados

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Publicado en El Economista, 10 de noviembre de 2017

Con el visto bueno del Parlamento Europeo el pasado 1 de junio a la propuesta de modificación del tipo del IVA aplicable al suministro electrónico de publicaciones, queda en manos del Consejo aprobar la Directiva que permita a los Estados miembros incorporar dicha medida en sus regulaciones internas. En concreto, y para el caso de España, dicha Directiva habilitaría a que los libros electrónicos tributen al tipo del 4 por ciento, en lugar de hacerlo al 21 como sucede en la actualidad.

Con ello se da respuesta a la demanda de los sectores afectados y singularmente a la Resolución de 13 de octubre de 2011 del propio Parlamento, en la que se abogaba por la aplicación de un tipo único a los libros, periódicos y revistas, con independencia de su formato, para preservar con ello el respeto al principio de neutralidad del IVA. Se superarían así las trabas que planteó el Comité del IVA (Comité consultivo de la Comisión) en su 92ª reunión de 8 de diciembre de 2010, que por unanimidad de todos sus miembros decidió que los libros, periódicos y otras publicaciones electrónicas no podían acogerse al concepto de libro recogido en el Anexo III de la Directiva 2006/112 del IVA, que incluye los bienes y servicios que pueden quedar gravados por los tipos reducidos del Impuesto.

Según el texto aprobado por el Parlamento, los Estados miembros podrán aplicar el tipo reducido a los libros, periódicos y revistas con independencia de su formato, siempre “(…) que no sean íntegra o predominantemente publicaciones destinadas a la publicidad y distintas de las que consistan íntegra o predominantemente en contenidos de música o de vídeo”. La redacción propuesta viene a omitir la alusión al soporte físico, presente en la norma, e introduce una referencia al contenido de música o vídeo de la publicación.

En nuestro país, se aplica el tipo reducido del 4 por ciento a la venta de libros, periódicos y revistas en papel que no contengan “única o fundamentalmente” publicidad, frente a los términos “íntegra o predominantemente” de la Directiva. Así, son los ingresos por publicidad de la publicación de turno los que marcan la aplicación del tipo, de modo que si los ingresos que el editor obtenga proceden en más de un 75% de la publicidad, entonces deberá aplicarse el tipo general del 21%.

Algunos países de nuestro entorno han adoptado un parámetro basado en el número de páginas destinadas a la publicidad, mientras que otros países toman como referencia la periodicidad de la publicación o la tirada.

Con la incorporación en el texto de la Directiva de una limitación (que no contengan “única o fundamentalmente”) de los contenidos de música o de vídeo en las publicaciones digitales para poder aplicar el tipo impositivo reducido, surge la necesidad de interpretar su alcance que, de no hacerse a través de la propia Directiva o del Reglamento de Ejecución 282/2011 del Consejo, será una tarea que corresponderá a cada Estado miembro.

Si a la disparidad de interpretaciones de los Estados miembros en el caso del contenido publicitario añadimos la que pueda resultar de los contenidos de música o de vídeo (y al hecho de que la aplicación del tipo reducido es una opción de cada Estado), podemos encontrarnos con un panorama que dificulte la actividad de las empresas del sector en sus relaciones con suscriptores y clientes de otros Estados miembros, puesto que las reglas del IVA que gobiernan la aplicación de los tipos en estos servicios, calificados como electrónicos, son las del país de residencia del cliente.

Hay que señalar que cuando las disposiciones de la Directiva no contienen las indicaciones necesarias para conformar una definición uniforme y precisa de un concepto, los Estados Miembros gozan de un margen de apreciación en la interpretación del concepto siempre que no desvirtúen la finalidad de la disposición comunitaria ni el lugar que el concepto ocupa en la Directiva, sean compatibles con los objetivos de la Directiva, y no priven a la disposición de su efecto útil.

En nuestra opinión, esa definición uniforme y precisa del concepto “fundamentalmente” debe necesariamente producirse en el ámbito comunitario e incorporarse a una norma con efecto directo en los Estados miembros.

Sobre el autor

EY - Fulgencio García

 Fulgencio García

Socio del área de Tributación Indirecta de EY Abogados

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