El modelo fiscal que necesita una España “verde“

Por Alberto García Valera, Socio Director de EY en Andalucía, y Pedro González-Gaggero, Socio de Tributación Indirecta, Aduanas e Impuestos Especiales de EY Abogados

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Publicado en Expansión Jurídico, el 23 de septiembre de 2019

Quizás tenemos la percepción de que el medioambiente es una moda pasajera, pero lo cierto, más allá de la publicidad verde y la inmediatez informativa, es que está presente en la Constitución Española de 1978, que nos garantiza el derecho a disfrutar de un medioambiente adecuado en su artículo 45.

La fiscalidad medioambiental no es el único instrumento legal para proteger el medioambiente y afrontar los daños que éste puede sufrir. Básicamente, trabajamos en la protección del medioambiente con 4 tipos de mecanismos: I) regulaciones; II) incentivos; III) instrumentos de mercado; IV) impuestos medioambientales.

Cuando haya necesidad de afrontar un determinado impacto ambiental, el legislador, por tanto, deberá elegir el instrumento más adecuado en cada caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes y evitando que se produzcan tanto ámbitos que se queden sin cubrir como solapamientos entre varios mecanismos. Si se opta por un impuesto medioambiental, éste tiene que cumplir determinados requisitos para ser considerado como tal. El tributo ha de estar dirigido a un comportamiento contaminante, ser mayor cuanto mayor es el daño ambiental, y tender a ser de una cuantía económica equivalente a la del daño ambiental cuantificado.

Con este prisma, en España no hay demasiados impuestos que se puedan considerar estrictamente medioambientales, pero sí aspectos que nos permiten englobarlos en torno a determinadas figuras. Así, a los impuestos especiales sobre hidrocarburos, electricidad o carbón, a los impuestos sobre el combustible nuclear gastado y al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la energía eléctrica del 7%, hay que añadir hasta 80 impuestos autonómicos, que pueden recaer sobre cuestiones dispares, tales como el depósito de residuos, los vertidos a las aguas litorales o las emisiones de gases a la atmósfera.

A ese panorama tributario, de enorme disparidad y dificultad para asegurar una adecuada unidad de mercado en España, debemos añadirle las recomendaciones dirigidas a nuestro país por los distintos organismos internacionales. España se encuentra en el vagón de cola en cuanto al porcentaje de recaudación sobre PIB en lo que a impuestos medioambientales se refiere (recauda el 1,85%), por debajo de la media recomendada por los organismos internacionales (FMI y OCDE) y por debajo de la media de la Unión Europea (2,5%). Acercarnos de forma gradual a la media requerida supondría incrementar estas figuras en el total nacional en más de 7.000 millones de euros, que sólo serían asumibles desde una rebaja equivalente de otras figuras que fomenten un mayor dinamismo de la economía y del empleo, si quisiera mantenerse la presión fiscal en el entorno que España necesita para prestar los servicios públicos esenciales del 38%. Reformas que, además, deberían impulsarse siempre profundizándose en una mayor coordinación de la política fiscal de las Comunidades Autónomas impulsada por el Estado.

Las empresas intensivas en consumo eléctrico deben operar bajo un marco fiscal que contribuya a que tengamos precios competitivos para la electricidad en España. Dicho consumo, junto con los costes laborales, son elementos críticos para asegurar nuestra competitividad , por lo que creemos conveniente eliminar el conocido como impuesto del 7%, que despierta dudas de legalidad comunitaria, y extender al impuesto sobre el carbón la exención técnica que ya existe en el de hidrocarburos para los combustibles empleados en generación eléctrica. Con todo ello, tendríamos básicamente dos figuras en acción: una tributaria (el impuesto especial sobre la electricidad), que recaería sobre los consumidores e incentivaría, de un modo más visible, el ahorro energético, y un mecanismo de precios, que recaería sobre la planta de generación en sí, y que creemos suficiente para internalizar los costes medioambientales propios de la generación eléctrica y penalizar, en su caso, las instalaciones más contaminantes. En este ámbito creemos también conveniente mantener (y ampliar en lo posible), la reducción del 85% en el impuesto sobre la electricidad de la que disfrutan determinados sectores industriales electrointensivos.

A este respecto es importante recordar que las emisiones industriales de CO2 ya están cubiertas por un mecanismo de internalización de costes ambientales (como es el caso del régimen europeo de derechos de emisión -REDE-, que tiene un efecto equivalente al de un potencial impuesto sobre las emisiones). Hay que tener en cuenta que el gravamen simultaneo de estas emisiones por vía del REDE y de un “carbon tax” supondría una suerte de doble imposición, como ya se aprecia en alguno de los impuestos autonómicos.

En el sector de la automoción es urgente simplificar y racionalizar los impuestos (matriculación y circulación), mediante la refundición en un único tributo ambientalizado sobre la tenencia y uso de vehículos. Esta figura impositiva favorecerá, además, la renovación del parque automovilístico y, con ello, la reducción de emisiones. Además, hay que proteger al sector del transporte, manteniendo los sistemas de devolución parcial del gasóleo profesional.

En conclusión, el sector industrial requiere un marco normativo y fiscal que proteja la competitividad de las empresas y la neutralidad en las condiciones de acceso al mercado. Se debe evitar que las compañías españolas del sector se vean perjudicadas al competir con otras radicadas en países que puedan tener menos requerimientos e impuestos medioambientales.

Estas son las principales reflexiones que los socios de EY Abogados hicimos recientemente con el propósito de aportar al mercado soluciones de alto valor añadido en un momento crítico para el futuro modelo fiscal de España, durante la presentación en Sevilla, como coautores, del “Memento Práctico de Impuestos Especiales y Medioambientales“.

Sobre los autores

EY - Alberto García Valera   Alberto García Valera

Socio Director de EY en Andalucía
Tel. +34 954 665 231

EY -  Pedro González-Gaggero   Pedro González-Gaggero

Socio de Tributación Indirecta, Aduanas
e Impuestos Especiales de EY Abogados
Tel. +34 915 727 419