El sector público local se encamina hacia una mayor transparencia

Alberto Peña Martínez, Socio de EY

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Publicado en EL Correo, el 26 de noviembre de 2017

La entrada en vigor del Real Decreto 424/2017 de 28 abril de 2017 que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local supondrá un paso adelante para lograr una gestión más transparente y eficaz en las instituciones que más influyen en el día a día de los ciudadanos: los Ayuntamientos y Diputaciones.

Las entidades del sector público local van a experimentar, a partir del 1 de julio de 2018, una equiparación de sus estándares de control interno con el resto de las instituciones públicas del Estado y con los requerimientos que se le exigen a la empresa privada de determinado tamaño. Así, la nueva regulación va a garantizar un análisis exhaustivo de todas las modalidades jurídicas de los entes que conforman el sector público, condición necesaria para una gestión pública transparente. Este control se va a realizar a través de dos aspectos fundamentales: la regulación de la fiscalización limitada previa (control a priori de los compromisos de gasto) y el desarrollo del control financiero y la auditoría pública.

La normativa se desarrolla con el objetivo de dar respuesta a la creciente fiscalización del sector público por parte de los ciudadanos, que desde el estallido de la crisis ha incrementado exponencialmente las demandas de transparencia, eficacia y buena gestión, así como a las reclamaciones de los interventores y responsables políticos. Para conseguirlo, la norma incluye una serie de puntos fundamentales en esta línea, que van a determinar su alcance y efectividad.

Por ejemplo, cabe destacar la dotación con los medios económicos y humanos necesarios, una de las principales demandas de los interventores y del Tribunal de Cuentas, cuyos mecanismos hacían imposible una vigilancia efectiva de la función pública local. Por otro lado, es reseñable el empoderamiento de los gestores y controladores, que al fin se sitúan en su posición adecuada. Esto es, se permite a los profesionales ejercer sus competencias con medios y profundidad sin asumir responsabilidades que no le corresponden. También, hace obligatoria la realización de un plan anual de control financiero y exige que se audite anualmente el 80% del presupuesto general consolidado (en un máximo de tres ejercicios consecutivos al 100% de dicho presupuesto). Sin olvidar que, además, evalúa el cumplimiento de la legalidad y la calidad de la gestión.

Todo ello, aparte de optimizar el funcionamiento de la maquinaria local, va a mejorar sustancialmente la reputación y la transparencia del sector público, así como su percepción por parte de los ciudadanos.

Sin embargo, este no es un camino que se tenga que emprender en solitario necesariamente. Al igual que viene haciendo el Estado, para esta y otras acciones dispuestas en el Real Decreto, las entidades públicas podrán solicitar el asesoramiento de firmas privadas de auditoría. Este es un matiz muy positivo, ya que el sector público puede aprender mucho de las buenas prácticas en la empresa privada. La colaboración entre el mundo empresarial y las instituciones públicas es siempre fundamental, pero en este caso es clave que se tome en consideración la experiencia de la empresa privada en este ámbito y se valore la opinión y el análisis de los expertos en auditoría y control financiero.

Desde EY, consideramos que esta regulación era necesaria y trabajamos con múltiples clientes, entre ellos instituciones estatales y locales, para conseguir la transparencia total en todas sus actividades. En este nuevo escenario, aportaremos toda nuestra experiencia y conocimientos técnicos y analíticos para acompañar al sector público local en la implementación de los mecanismos de control que garanticen el correcto y justo funcionamiento de las entidades que lo conforman.

El paso dado por el Consejo de Ministros con la aprobación de este Real Decreto abre el camino hacia una mayor transparencia y permitirá que desde los entes públicos locales se presten unos servicios públicos efectivos y de calidad, que realmente marquen la diferencia en el día a día de los ciudadanos. Cuenten con nuestra colaboración.

 

Sobre el autor

EY - Alberto Peña Martínez  Alberto Peńa Martínez

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