Hacia una mayor transparencia

Por Pilar Fernández Bozal, Socia de EY Abogados

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Publicado en El Periódico de Catalunya el 21 de julio de 2015

Del mismo modo que la sociedad espera de las empresas que actúen con responsabilidad en sus actuaciones medioambientales y en las relaciones con sus empleados, trabajadores, accionistas y consumidores confían en que también sean transparentes y rigurosas en su gestión diaria.

Los escándalos de fraude, evasión de impuestos e irregularidades contables que han copado titulares durante los últimos años obligan a las empresas a hacer un ejercicio de introspección y de análisis, y a actuar de acuerdo con una serie de premisas y mecanismos de control que doten a las corporaciones de una mayor capacidad para identificar y prevenir posibles delitos. Un reciente informe sobre fraude elaborado por EY revela que el 65% de los directivos consultados considera que el soborno y la corrupción se han generalizado en España.

Hasta 2010, la normativa española impedía que las compañías tuvieran que responder por la comisión de irregularidades perpetradas por sus administradores. Así, según el antiguo Código Penal, las sociedades, simplemente, no podían delinquir. Sin embargo, la situación legal ha cambiado y el riesgo para una corporación en el caso de que un directivo, o incluso un empleado, actúen de forma delictiva ya no solo es reputacional. 

A raíz de las recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de la CNMV de 2006, los grandes grupos del Ibex llevan años diseñando y ejecutando modelos de prevención de delitos y desde 2010, algunas de las principales empresas no cotizadas también empezaron ya a trabajar en esta línea.

La entrada en vigor, este mismo mes de julio, de la nueva reforma del Código Penal supone una buena oportunidad para extender estas prácticas al resto del tejido empresarial, no sólo por ejemplaridad, sino por los beneficios que aportan los cambios en el marco legal.

Con el nuevo código, las empresas que implanten modelos eficaces de prevención de delitos quedarán exentas de responsabilidad penal. La reforma legal de 2010 dio un primer paso en esta línea al considerar que la existencia de estos modelos podía constituir un atenuante en el caso de que se abriera una investigación judicial.

La reforma actual va un paso más allá, y exime a las corporaciones de los posibles fraudes que puedan cometer sus administradores y empleados en el caso de que éstos se hayan cometido pese a contar con sistemas adecuados para evitarlos; se trata de una aproximación que alinea nuestra legislación con la de buena parte de los países anglosajones.

Aunque sea una estrategia que se vale del palo y la zanahoria para conseguir sus objetivos, y a pesar de que, con frecuencia, cualquier modificación regulatoria suele implicar un esfuerzo añadido para los equipos legales de las compañías, nos brinda una buena oportunidad para asegurarnos de que tenemos la casa en orden; sin embargo, todavía son muchos los empresarios que no son conscientes de la importancia de introducir cortafuegos para asegurarse de que la compañía está blindada ante cualquier eventual mala praxis que pueda cometer uno de sus administradores o trabajadores.

Elaborar un modelo de prevención de delitos no presupone la necesidad de lavar la imagen ante irregularidades previas, sino que es una manera de tomar conciencia de las tentaciones y riesgos que pueden afectar a nuestras empresas y de anticiparse a sorpresas desagradables que puedan aparecer en el camino.

Sobre el autor

Pilar Fernández Bozal

EY - Pilar Fernández Bozal

Socia de EY Abogados

TELÉFONO: +34 933 663 700

 

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