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Las principales novedades del control interno en las Entidades del Sector Público Local

Calendario

1 enero 2019:
Inicio de la obligación anual de auditar a las entidades

1 julio 2018:
Entrada en vigor de la norma.

(Antes de esta fecha se tendrá que elaborar –entre otros- un plan de auditoría, un plan de formación a interventores y un análisis del nivel de control de las entidades)

El Consejo de Ministros del 28 de abril pasado (BOE de 12 de mayo) aprobó, tras un largo periodo de tramitación y espera, el Decreto que regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local; que supone, sin duda, un hito en la mejora del control de la gestión local española equiparándolo, al existente en el Estado y en las Comunidades Autónomas.

Dicha regulación venía siendo reclamada por todos los implicados: gestores y responsables políticos, interventores y Tribunales de Cuentas estatal y autonómicos; y por la creciente demanda social de mayor transparencia, buena gestión, y lucha contra la corrupción; especialmente requeridos en la actividad de entidades locales de nuestro país.

Después de un exhaustivo análisis por parte de nuestros profesionales, os presentamos las principales novedades de esta regulación:

Datos sector público local (tamaño).

Cerca de 30.000 Entidades objeto de control, más miles de convocatorias de subvenciones

8.200 Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos (con estructuras administrativas de entre 5-50 áreas diferentes, para gestión de ingresos y gastos)

3.000 Entidades locales menores

2.200 Mancomunidades y Consorcios

2.300 Organismos, agencias, entes administrativos –entre otros-

2.100 Empresas y Fundaciones

10.000 Concesiones privadas o empresas mixtas de servicios públicos y miles de convocatorias de subvenciones públicas locales con millones de perceptores (personas, entidades sociales y empresas)

Grado actual de la práctica de la auditoría pública en el sector local (indicador de la fundación FIASEP)

Solo el 5,8% del total de entidades locales son auditadas por Interventores, Tribunales de Cuentas o firmas privadas.


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