Los retos de la transición energética

Por Francisco Rahola, Socio responsable del sector Energía de EY

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Publicado en El Correo, el 17 de septiembre del 2018

La semana pasada participé en un foro sobre energía al que acudieron presidentes y consejeros delegados de las principales empresas energéticas de este país. En este sentido, y aun teniendo en cuenta que los ponentes pertenecen a eléctricas integradas, a compañías petroleras y gasistas y de renovables cuyos intereses difieren en muchos casos, hay unanimidad en que este país –y el mundo en general- tiene que avanzar hacia la descarbonización de la economía. Como era de esperar, el punto de vista de las diferentes compañías sobre los pasos concretos que hay que dar varía. En todo caso, surgieron temas de debate francamente interesantes, algunos de los cuales comento en los siguientes párrafos.

En general, se coincidió en la necesidad de incrementar la instalación de plantas renovables durante los próximos años, existiendo un cierto consenso en un ritmo de instalación anual de entre 4.000 y 5.000 MWs anuales, ritmo que cabe ser calificado como mínimo de muy considerable. Existían opiniones discrepantes sobre si el sistema de adjudicación por subasta era el adecuado o no, pero sí que existía acuerdo en que convendría aligerar los trámites burocráticos e incluso se llegó a comentar que la instalación de plantas en las Islas Canarias era especialmente complicada por el número de administraciones con las que es necesario lidiar. José Domínguez, secretario de Estado de Energía, también participante en la sesión, dijo claramente que el objetivo era que España tuviera un mix energético totalmente renovable en 2050. Este objetivo, que es ambicioso, precisa que se faciliten las cosas todo lo que sea posible.

Adicionalmente, como era de esperar, se comentó el alza de los precios de la electricidad en el mercado mayorista, alza que está teniendo enorme repercusión en los medios de comunicación. En ese sentido, parece razonable considerar que hay que eliminar del precio final que paga el consumidor todas aquellas externalidades que no tienen que ver estrictamente con la producción, distribución y comercialización de electricidad. Si a las compañías eléctricas se les impone un impuesto del 7% sobre su producción, lo lógico es que, como haría cualquier otro agente en una situación similar - fuera del sector que fuera- lo repercutan en el precio final de su producto. De la misma forma, existen otros costes que aún se vuelcan total o parcialmente al precio de la energía, como la recuperación del déficit de tarifa de ejercicios anteriores o el sobrecoste del suministro extra-peninsular, que en pura lid deberían ser afrontados vía Presupuestos Generales del Estado.

Parece razonable esperar que las centrales que producen energía eléctrica mediante el consumo de carbón cierren en un horizonte cercano, dado que son especialmente contaminantes y tampoco son las más eficientes desde el punto de vista puramente económico. El Gobierno del Partido Popular ponía pegas al respecto, mientras que el actual parece más proclive a aceptar la clausura de las plantas. En todo caso, y sin entrar en argumentos excesivamente técnicos, cabe pensar que si el mercado de generación eléctrica es un mercado libre, sus agentes podrán cerrar si lo consideran conveniente las instalaciones que forman parte de ese mercado libre, siempre que su cierre no ponga en riesgo el suministro, algo que no parece ocurra con las centrales de carbón.

Otro aspecto candente es el famoso - y por definir – “impuesto al diésel”. En ese sentido y a salvo de ver si finalmente se pone en marcha y si afectaría a todos los consumidores o no, cabe incluir el tema dentro de un debate mucho más amplio, que tiene que ver con si el coste de la descarbonización tiene que ser soportado únicamente por el sector energético o si tiene que ser compartido por otros sectores fuertemente emisores de CO2, como el transporte o la automoción.

El sector energético, dadas sus características y lo relevante que es para la competitividad de los países, siempre se encuentra en el ojo del huracán. En ese sentido, es de agradecer la existencia de un debate claro y abierto en el que se evalúe el coste medioambiental, económico - y de otra índole, si lo hubiera- de las diferentes alternativas, sobre todo teniendo en cuenta que las decisiones que se tomen ahora tendrán impacto en las generaciones futuras y que el periodo de recuperación de las inversiones que haya que acometer será muy prolongado, todo ello en un marco de estabilidad regulatoria que fomente la inversión.

Sobre el autor

EY - Francisco Rahola

 Francisco Rahola

Socio responsable del sector Energía de EY
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