Novedades introducidas en el Código Penal

Por Juan Carlos Garrido, Socio Forensic & Integrity Services de EY

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El pasado 21 de febrero de 2019 fue un día interesante en cuanto a leyes relativas a la prevención de determinadas conductas tipificadas en nuestro Código Penal con impacto en la responsabilidad de la persona jurídica. Me refiero a la publicación de la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo; así como la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que entrarán en vigor el próximo 13 de marzo.

Estas novedades merecen una explicación, y en especial para aquellos que nos dedicamos al denominado “compliance” y para aquellas personas que cuentan con un Modelo de Prevención de Delitos o están pensando en implantar uno en el seno de su organización.

Cierto es que las modificaciones efectuadas por la LO 1/2019 no suponen un cambio sustancial como el que pudo suponer la reforma operada en el Código Penal en 2010, ni introduce mejoras técnicas de calado como la efectuada en 2015, sin embargo introduce matices que deben ser observados y que pueden tener un impacto en los Modelos de Prevención de Delitos de las organizaciones.

En cuanto a la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales, aborda el mandato jurídico de trasposición de la Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2016, de manera que se armonice la legislación de los Estados Miembros en cuanto a la protección de los secretos empresariales. Al incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico, será de aplicación para todos aquellos supuestos de violación de secreto empresarial, sin perjuicio de las consecuencias previstas en los artículos 278 y 279 del Código Penal.

A grandes rasgos, las novedades más relevantes de la LO 1/2019 son:

  1. Se completa el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos. Mediante la incorporación de una nueva letra a bis) en el apartado 1 del artículo 127 CP, y la modificación de la redacción del artículo 156 bis CP

  2. Se sancionan nuevos supuestos de conductas concretas de actuación delictiva por utilización de información privilegiada y manipulación de mercado. Se modifica para ello la redacción de los artículos 284 y 285 CP.

  3. Además, se incorporan tres nuevos preceptos en materia de abuso de mercado (artículos 285 bis, 285 ter y 285 quarter) en relación con i) la comunicación ilícita de información privilegiada, ii) mercado e instrumentos financieros, y iii) la punición de los actos de proposición, conspiración y provocación. Por otro lado, se modifica el artículo 288 CP para equiparar las sanciones establecidas en los casos previstos en los artículos 284 y 285 del Código Penal en los supuestos de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

  4. En relación con la lucha contra el terrorismo, se modifica la redacción del artículo 572 CP para imponer una pena máxima a los dirigentes de una organización o grupo terrorista superior a la regulación actual. Así mismo, la pena de inhabilitación pasa a ser absoluta.

  5. Se modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 573 para incluir entre los delitos terroristas, la falsedad documental.

  6. Se extiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo, que sólo se preveía hasta ahora para los delitos de financiación del terrorismo y para ello se modifica el apartado 3 del artículo 575 CP.

  7. Se aumenta la cuota defraudada para establecer la infracción penal contra la Hacienda de la Unión Europea lo que supone una modificación del apartado 3 del artículo 305 CP.

  8. Para dar solución a problemas concursales que en la práctica se producían en la aplicación de los artículos 306 y 308, se ha optado por una regulación conjunta, modificándose por tanto la redacción del artículo 308.

  9. Se amplía el concepto de funcionario público que debe tenerse en cuenta en los delitos de cohecho y malversación, de manera que se modifica la redacción del artículo 427 CP.

  10. Se ajusta la definición de funcionarios públicos extranjeros en relación con el delito de tráfico de influencias dando contenido al artículo 431 CP de la siguiente manera: “A los efectos de este capítulo se entenderán funcionarios públicos los determinados por los artículos 24 y 427”.

  11. Se introduce un nuevo artículo, artículo 435 bis, que sirve como base para extender la responsabilidad de estos funcionarios en relación con el delito de malversación.

  12. Mediante la introducción del nuevo ordinal 5º en el artículo 435, se establece también la responsabilidad para el delito de malversación a las personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.

  13. Igualmente, mediante la introducción del nuevo ordinal 5º en el artículo 435, se amplía el abanico de sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando éstas sean responsables penales de malversación.

  14. Se amplía el abanico de sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando éstas sean responsables penales de delitos relativos a la falsificación de moneda y se otorga mayor seguridad jurídica para aquellos casos en los que se anticipa la protección penal de la moneda a las fases previas a su puesta oficial en circulación. Para ello se modifican los apartados 1 y 5 del artículo 386 CP y el apartado 1 del artículo 387 CP.

  15. Por último, y a raíz de que en la Tercera Ronda de evaluación realizada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) con el que colabora España, se detectaron algunas omisiones en las reformas operadas por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Pena, se procede a modificar:

    • El apartado 1 del artículo 286 bis incluyéndose entre las distintas conductas “ofrecimiento o promesa de obtenerlo para disipar posibles dudas que surgidas por la redacción del artículo de las reformas anteriores.
    • El artículo 423 ya que del análisis realizado se consideró que procedía revisar la corrupción de jurados y árbitros para asegurar su incriminación, no sólo cuando actuaran en ejercicio de funciones públicas, sino también cuando operaran como colaboradores para realizar esas funciones o desempeñaran funciones privadas, tanto en el aspecto activo como en el pasivo.

Respecto de la nueva Ley de Secretos Empresariales, cabe destacar que proporciona una definición del secreto empresarial en su Capítulo I, a pesar de ya existir nociones tratadas por la jurisprudencia y doctrina cuya terminología se ha mantenido. Este nuevo concepto abarca cualquier información que sea secreta, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerla secreta.

Además, en el Capítulo II define aquellas circunstancias y conductas constitutivas de violación del secreto empresarial y, en su Capítulo IV ofrece un catálogo abierto de acciones de defensa reconocidas al titular del secreto empresarial. Igualmente, en el Capítulo III, se aborda la vertiente patrimonial del secreto empresarial mediante reglas dispositivas de aplicación en defecto de pacto entre las partes, y por último, se regulan los aspectos procesales en el Capítulo V.

Por tanto, y a la luz de estas novedades introducidas, puede ser un buen momento para las organizaciones para valorar cómo les afectan estas novedades y llevar a cabo las acciones necesarias para protegerse adecuadamente, bien mediante la actualización de sus Modelos de Prevención de Delitos, bien para aprovechar esta oportunidad e implantar estos Modelos en los que recojan las novedades legislativas.

Sobre el autor

EY - Juan Carlos Garrido   Juan Carlos Garrido

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