Nulidad de la tasa sobre viviendas “vacías” del Ayuntamiento de Barcelona
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Julio 2019

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El Tribunal Supremo confirmó el pasado 18 de junio la nulidad de la tasa sobre viviendas vacías, aprobada por el Ayuntamiento de Barcelona el 30 de septiembre de 2016 en virtud de la modificación de la Ordenanza Fiscal 3.1. de Tasas por Servicios Generales (la “Ordenanza”). A estos efectos, la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del derecho a la vivienda en Cataluña, a la que se remite la Ordenanza, establece que son viviendas vacías aquellas que "quedan desocupadas permanentemente, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años". Recordemos que la Ordenanza gravaba, con un importe de 633€, a los propietarios de tales viviendas vacías. Asimismo, si el propietario no corregía la situación, se le cobraban 286€ por cada nuevo requerimiento.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (“SAREB”) recurrió: (i) el apartado 9 del artículo 2 de la Ordenanza, según el cual "las actuaciones derivadas de la inspección y el control sobre las viviendas declaradas vacías o permanentemente desocupadas al amparo de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda en Cataluña", constituía el hecho imponible de las tasas; y (i) los epígrafes 1.11.1 y 1.11.2 del Anexo de tarifas, que gravaban a los propietarios de las viviendas con los importes indicados en el párrafo anterior.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (“TSJC”), en su sentencia de fecha 8 de septiembre de 2017, estimó las pretensiones de la SAREB, declarando la nulidad de pleno derecho de los artículos anteriormente señalados. Al conocer el fallo de la sentencia el TSJC, el Ayuntamiento de Barcelona interpuso recurso de casación contra dicha sentencia, que recientemente ha sido desestimado por el Tribunal Supremo, confirmando así el fallo de la sentencia del TSJC.

La Sala concluye que el Consistorio no es competente para aprobar disposiciones de carácter general en materia de vivienda y, en particular, que la actividad gravada por dicha tasa no es competencia municipal, dado que es la Generalitat quien tiene competencias exclusivas en la materia, como establece el Estatuto de Autonomía, y los consistorios sólo las pueden ejercer en relación con la vivienda pública y de protección oficial. Tras analizar la naturaleza jurídica de las tasas locales, el Tribunal afirma que éstas han de cumplir con el principio de legalidad tributaria. Así, indica que en materia de tributos locales su regulación reglamentaria se efectúa a través de las ordenanzas fiscales; y esta es una potestad reglamentaria que, "debido al doble juego que resulta de la autonomía municipal constitucionalmente reconocida y el carácter democrático de las corporaciones locales, tiene una especial amplitud, pero no hasta el punto de dejar sin efecto la observancia de lo establecido en la Ley sobre los elementos esenciales de cada tributo".


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