Puertos competitivos para un mundo global

Por Pilar Fernández, Socia de Derecho Público de EY

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Publicado en El Periódico, el 17 de julio de 2018

Los puertos españoles afrontan este año un cambio regulatorio clave en el camino hacia su liberalización. El año pasado entró en vigor un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un nuevo marco para la prestación de servicios portuarios, y se adoptan normas comunes sobre la transparencia financiera de los puertos; normativa que será directamente aplicable a partir del 24 de marzo de 2019 sin necesidad de transposición al ordenamiento jurídico interno.

Su objetivo principal es facilitar el acceso al mercado de los servicios portuarios y exigir esa transparencia y autonomía financieras a los puertos marítimos, dejando libertad a los Estados miembros para configurar su modelo de gestión del sistema portuario siempre que cumplan con estas premisas.

Además de consagrar la libertad de acceso a los servicios portuarios, que sólo podrá limitarse de forma justificada y bajo condiciones equitativas y transparentes, el valor de este nuevo Reglamento reside en reconocer en derecho positivo lo que ya era una realidad: la gestión de las infraestructuras portuarias constituye una actividad comercial y, como tal, se deberá sujetar a las reglas de la competencia, como cualquier otro operador económico.

Probablemente, esta última sea una de las medidas que más afectará al ordenamiento español. Nuestro sistema de financiación portuaria responde a un modelo dualista en el que el tráfico portuario y el poder público se reparten las cargas de su financiación. Los recursos de las Autoridades Portuarias, entes públicos encargados de la gestión de los puertos, provienen de un conjunto de ingresos tributarios propios que tienen naturaleza de tasa y que, por tanto, están sometidos al principio de reserva de ley. Esta estricta regulación deja un estrecho margen de actuación a las Autoridades Portuarias y dificulta una verdadera competencia inter-portuaria.

A resultas de la norma comunitaria, parece que el Estado español podrá mantener su sistema portuario actual, basado en el dominio público y en la gestión que realizan las diferentes Autoridades Portuarias, coordinadas -como si de un holding se tratara- por el ente público Puertos del Estado. No obstante, deberá tomar una importante decisión en cuanto a la adecuación del sistema de financiación a las disposiciones del nuevo Reglamento.

La solución todavía no está clara; prueba de ello es que la aprobación, a finales del año pasado, de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ha introducido diversas modificaciones de la normativa tributaria que afectan a las prestaciones patrimoniales de carácter público, pero sin modificar el régimen de tasas previsto para las Autoridades Portuarias.

Así las cosas, veremos si la administración española es capaz de liderar una reforma que libere a los puertos de los lazos administrativos que, en muchos aspectos, sujetan a la actividad económica del tráfico portuario.

Sobre la autora

EY -  Pilar Fernández   Pilar Fernández  

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