El TJUE revisita el régimen de consolidación fiscal: ¿hacia un “régimen especial” más “general”?

Marzo 2018

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La presente alerta tiene por objeto el examen de la jurisprudencia establecida por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en su sentencia de 22 de febrero de 2018, asuntos acumulados C-398/16 y C-399/16, X BV y X NV, en relación con el régimen de consolidación fiscal de Países Bajos.

Concretamente, el pronunciamiento del TJUE versa sobre la compatibilidad con el Derecho de la UE de las diferencias que resultan de la aplicación del régimen especial de consolidación frente al régimen general del impuesto sobre sociedades con respecto a dos cuestiones: a) la aplicación de cláusulas antiabuso especiales que se proyectan sobre la deducibilidad de intereses vinculados con operaciones de financiación y adquisición intragrupo de participaciones representativas de fondos propios de entidades, y b) la no deducibilidad de pérdidas cambiarias sobre el valor de participaciones de entidades europeas. En su fallo el TJUE reitera su doctrina precedente en el sentido de que, con carácter general, el régimen de consolidación fiscal resulta compatible con el Derecho de la UE, lo cual no impide aplicar el denominado “enfoque por elementos” (per-element approach), analizando si determinadas ventajas fiscales cuya aplicación solo se permite en los casos de consolidación pueden suponer una restricción injustificada de las libertades de circulación en el mercado interior.

En tal sentido, la sentencia del TJUE declara la incompatibilidad con el Derecho de la UE de la discriminación fiscal que resulta de la referida medida (antiabuso) restrictiva de la deducibilidad de intereses en el marco del régimen general respecto del tratamiento que resulta en relación con las mismas operaciones (domésticas) en el marco del régimen de consolidación fiscal. Tal declaración de incompatibilidad con el Derecho de la UE no sólo trae consigo sus efectos típicos (v.gr, la eventual devolución de ingresos indebidos y/o responsabilidad patrimonial allí donde proceda dependiendo del caso) sino que además podría terminar impactando sobre la regulación del régimen de consolidación fiscal de los distintos Estados miembros que lo establecen y traer consigo cambios en el mismo que pueden determinar el “estrechamiento” de las ventajas fiscales inherentes a dicho régimen.


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