Una fiscalidad de progreso

por Federico Linares, Socio Director General de EY Abogados

  • Compartir

Publicado en Expansión, 2 de junio de 2016

Los recientes acontecimientos económicos han propiciado un cambio radical en la actualidad tributaria, que se mueve sobre tres grandes ejes.

Por un lado, nos enfrentamos a profundos cambios normativos y mayor intensidad regulatoria. A nivel nacional hemos tenido una reforma en profundidad del sistema impositivo, que aún deberá continuar con nuevas medidas. A nivel internacional, la presión por parte de la OCDE, la UE y el G20, con el proyecto BEPS y la propuesta de Directiva ATA de trasfondo, han hecho que las empresas se estén enfrentado a un nuevo mundo tributario.

Todo ello ha impulsado un endurecimiento de la práctica administrativa de inspección de los tributos y un crecimiento acelerado de los niveles de controversia en todas las áreas de la fiscalidad empresarial, tanto en el plano doméstico como internacional, en buena parte originado por unos niveles elevados de indefinición y obsolescencia del marco normativo fiscal.

Pero además, y por último, asistimos a una fiscalidad empresarial que debe estar a la altura de los nuevos estándares de transparencia, responsabilidad y gobernanza corporativa en la toma de decisiones relevantes.

Con este marco y con la perspectiva de que estas grandes tendencias continúen desplegando efectos, la política fiscal empresarial en una nueva legislatura, marcada también por la necesidad de seguir cumpliendo con los límites de déficit público, nos reafirma en nuestra opinión de que debe perseguir dos grandes objetivos: el reforzamiento de la competitividad de nuestras empresas y la mejora de la seguridad jurídica.

Para fortalecer la competitividad de nuestro sistema fiscal debe continuarse el camino –tímidamente iniciado– de la reducción de la imposición directa en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF, apostando también por impulsar el ahorro y la inversión, lo que recaudatoriamente sería compensado por el incremento de la fiscalidad indirecta resultante del crecimiento de la actividad económica. De hecho, estas serían las herramientas de política fiscal más apropiadas para consolidar los niveles actuales de crecimiento y fortalecer la generación de empleo. Cualquier camino en la dirección contraria sería un error.

La reducción de la fiscalidad directa empresarial debería realizarse apostando de manera firme por los incentivos a la innovación, al I+D y a la transformación digital de nuestras empresas, claves para el desarrollo de la sociedad del conocimiento y la sostenibilidad de nuestro modelo económico empresarial.

Se hace igualmente necesaria una estabilización normativa fiscal que sitúe los niveles de certidumbre en el pago de impuestos en umbrales similares a los de otros costes empresariales y permitan a las empresas conocer qué nivel de carga fiscal van a soportar en el desarrollo de su actividad. Este país no necesita de reformas tributarias cada dos años, sino de estabilidad en la fiscalidad empresarial.

Debe igualmente abordarse el ya inaplazable debate de armonización de la fiscalidad autonómica y local, incluyendo la derogación del Impuesto sobre el Patrimonio y sus distorsionadores efectos interregionales de difícil justificación; minimizando el impacto que tiene para los contribuyentes la existencia de una maraña de administraciones y figuras impositivas que deterioran seriamente los niveles de competitividad de nuestro sistema fiscal y con ello de los niveles de inversión extranjera en nuestro país.

Debe continuarse, asimismo y de forma muy activa, la lucha contra la gran lacra de la ocultación de rentas y el fraude fiscal, cuyos devastadores efectos soportan en última instancia los contribuyentes socialmente responsables.

Éstas son algunas de las piezas con las que poder construir un modelo fiscal más justo, seguro, eficiente y globalmente competitivo. Lo necesitamos porque el mundo ha cambiado y nuestras empresas desarrollan su actividad en un entorno fiscal que vive un cambio de paradigma. No podemos permitirnos llegar tarde, porque a la velocidad a la que se produce la transformación, el riesgo será el de no llegar. Apostemos por una fiscalidad de progreso.

Sobre el autor

EY - Federico Linares  Federico Linares

Socio Director General de EY Abogados