Boletín de prensa

3 may 2018 Buenos Aires, AR

Esquema PPP: cuestiones fiscales aún no resueltas

a Ley 27.328 regula los contratos de Participación Público Privada.

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Ricardo Furman

Director de Relaciones Institucionales, EY Argentina.

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Colaboradores

Ámbito Financiero | Por Sergio Caveggia, Socio del departamento de impuestos y transacciones de EY Argentina.

La Ley 27.328 regula los contratos de Participación Público Privada (en adelante "PPP") definiendo que son aquellos celebrados entre los órganos y entes que integran el sector público nacional y sujetos privados o públicos, con el objeto de desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada y/o innovación tecnológica.

Desde el punto de vista fiscal, no sólo aplican las normas tributarias nacionales, provinciales y municipales, sino también las disposiciones emanadas del capítulo IX de la Ley 27.431 (Presupuesto General de la Administración Nacional 2018. En adelante "Ley de Presupuesto").

En líneas generales, el modelo dispone que el contratista PPP constituya un vehículo de propósito específico que tendrá a su cargo la suscripción y ejecución hasta su total terminación del contrato PPP. Por su parte, y más allá de existir otras variantes para la estructuración de los contratos, la Ley de Presupuesto creó el Fideicomiso PPP el cual tiene por objeto efectuar y/o garantizar pagos a los contratistas PPP a través de (i) certificados, o similares, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación a cargo del Contratista PPP; o (ii) títulos valores fiduciarios PPP. La norma dispone que los títulos valores fiduciarios PPP gozarán de oferta pública en los términos dispuestos en el primer párrafo del artículo 83 de la Ley 26.831, aun cuando el fiduciario no revista la calidad de ente público.

Dado que nos encontramos ante la construcción, reconstrucción o reparaciones para terceros, el contratista PPP puede optar por reconocer la utilidad impositiva del proyecto según lo dispuesto por el Artículo 74 incisos a) o b) de la Ley del Impuesto a las Ganancias o utilizar el mecanismo definido específicamente por el artículo 74 de la Ley de Presupuesto.

En términos básicos y cuando la obra en cuestión afecte a más de un período fiscal, la norma del Impuesto a las Ganancias dispone que el contribuyente puede optar por a) asignar a cada período fiscal el beneficio bruto que resulte de aplicar, sobre los importes cobrados, el porcentaje de ganancia bruta previsto para toda la obra o bien, b) asignar a cada período fiscal el beneficio bruto que resulte de deducir del importe a cobrar por todos los trabajos realizados en él, los gastos y demás elementos determinantes del costo de tales trabajos (criterio de avance de obra). Por su parte, la Ley de Presupuesto dispone una tercera variante ya que otorga al contribuyente la posibilidad de imputar la ganancia originada por la ejecución de las obras al ejercicio en que opere su exigibilidad, entendiéndose por tal a la entrega por parte del Fideicomiso PPP de los certificados, valores negociables, títulos valores o similares -incluyendo los títulos valores fiduciarios PPP-, actas o instrumentos de reconocimiento de la inversión o prestación.

En definitiva, el contribuyente deberá modelar los efectos tributarios sobre la base del esquema financiero de la obra para la elección del método más conveniente.

No obstante debemos detenernos en un aspecto que podría impactar negativamente en la ecuación fiscal. El contratista PPP puede financiar las obras descontando los títulos fiduciarios, lo que implicará, prima facie, el reconocimiento de una pérdida por el descuento cedido si la tasa abonada es mayor que el interés implícito contenido en el instrumento. Según el artículo 19 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, los quebrantos provenientes de la enajenación de certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, títulos, bonos y demás valores, se considerarán como de naturaleza específica. En consecuencia, dicha pérdida no podrá utilizarse contra las ganancias ordinarias obtenidas por la ejecución del contrato PPP. Éste aspecto no parece ser de fácil solución ya que se necesitará una modificación legal para cambiar el tratamiento mencionado.

Por su parte, la misma Ley de Presupuesto dispone que las operaciones y prestaciones relativas a la emisión, suscripción, colocación, transferencia, compraventa, cambio, permuta, conversión, amortización, intereses, disposición, cancelaciones y demás resultados de los certificados, valores negociables, títulos valores -incluyendo los títulos valores fiduciarios PPP-, emitidos por el Fideicomiso PPP, tendrán el mismo tratamiento impositivo que las obligaciones negociables que cumplan con los requisitos del artículo 36 de la Ley 23.576 y sus modificatorias.

En síntesis, el descuento e intereses de los títulos fiduciarios no estará sujeto a IVA y, respecto de beneficiarios del exterior residentes o cuyos fondos provengan de países cooperantes, el descuento e intereses se encontrará exento por disposición del artículo 20 inciso w) de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, la ejecución de las obras estará sujeta al impuesto a la tasa del 21%.

Respecto de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos e impuestos municipales, el Contratista PPP también estará sujeto a estos gravámenes en las jurisdicciones que posean potestad tributaria para gravarlo. No obstante la provincia de Buenos Aires eximió del Impuesto de Sellos a los contratos PPP, incluidos los contratos de constitución de las sociedades que actuarán como contratistas PPP y los que estas sociedades celebren con terceros a los efectos de dar cumplimiento a los contratos de PPP.

De todos modos, resta por advertir que el esquema de licitación y remuneración de las obras, dispuesto por la ley implica que los títulos fiduciarios emitidos para la cancelación de los trabajos al contratista PPP deben incluir el IVA correspondiente y el impacto de los impuestos provinciales y municipales que conforman la cadena de valor del contratista PPP. Necesariamente esto último implica una acumulación de costos tributarios locales embebidos en las obras que debería evitarse en futuros llamados a licitación.