Boletín de prensa

7 sep. 2020 Buenos Aires, AR

La nueva regulación de las TIC y la promoción de la industria del conocimiento

El pasado 21 de agosto, el Poder Ejecutivo Nacional emitió el DNU 690/2020 disponiendo la regulación de las denominadas actividades TIC (Servicios de las Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones) y los servicios de telefonía móvil en todas sus modalidades.

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Ricardo Furman

Director de Relaciones Institucionales, EY Argentina.

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Colaboradores

El Cronista | Por Sergio Caveggia Socio del departamento de Impuestos y Transacciones

En apretada síntesis el Decreto define a las TIC como servicio público esencial y estratégico y dispone la suspensión de aumentos o modificaciones de precios hasta fines de diciembre 2020. Asimismo, la norma destaca que los licenciatarios del servicio fijarán sus precios, pero advierte sobre la justicia y razonabilidad de estos y sobre márgenes razonables de operación. No obstante, la autoridad de aplicación (ENACOM) queda facultada para regular dichos precios cuando razones de interés público así lo ameriten.

Al mismo tiempo el Senado de la Nación debate por estos días la sanción de las modificaciones propuestas por la Cámara Baja a la ley de promoción de la industrial del conocimiento. Una vez sancionada con fuerza de la ley, entrará en vigencia una de las normas más esperadas por el sector privado en casi todas sus dimensiones. La ley impondrá un incentivo claro al sector privado para acelerar la innovación y la incorporación de tecnologías al tiempo que también generará empleo de calidad. 

Las tecnologías de la información y comunicaciones suponen actualmente el insumo básico de la economía del conocimiento. No puede concebirse el impulso y desarrollo de esta industria sin los instrumentos críticos que la viabilicen. Las TIC constituyen sin duda alguna las herramientas o materia prima centrales para el desarrollo del conocimiento en la actualidad.  La regulación de las TIC debe priorizar la inversión en ese sector. No solo para brindar un servicio de calidad a los usuarios o consumidores finales y un adecuado acceso a los sectores más vulnerables sino también para no descuidar o restringir la innovación o transformaciones necesarias en otros sectores de la economía local.

Los servicios TIC han demostrado, durante el aislamiento obligatorio, ser un catalizador importante para la comunidad educativa y muchos sectores económicos ya que han logrado seguir operando, sosteniendo empleo y generando valor agregado.

Todos los eslabones de las cadenas de valor de distintos sectores económicos, se encuentran actualmente en un momento crítico de transformación y de incorporación de tecnologías para poder sortear la crisis sanitaria y posicionarse estratégicamente en el mundo post-covid 19. Si el eslabón TIC restringe la inversión y por lo tanto compromete la calidad del servicio, necesariamente el resto de la cadena se resentirá. Claramente el efecto buscado con la regulación de las TIC se vincula con la ampliación de derechos de acceso a la población vulnerable.  No obstante, es importante que no se generen efectos contrarios que afecten el desarrollo de la industria del conocimiento.

La adecuada articulación entre ambas normas es estratégica si el país pretende incentivar la innovación y generar empleo de calidad y desarrollo económico.