Juntos somos mejores

El Mercurio, febrero - Los efectos de la pandemia en Chile son devastadores: más de 20 mil muertes, 800 mil contagios, 2 millones de empleos perdidos y un sinfín de desgracias colectivas e individuales.

Desde el primer momento, se hizo evidente que el desafío colosal impuesto por la pandemia requería la colaboración del sector público, privado y la sociedad civil, bajo el imprescindible liderazgo de la autoridad. Ya a principios de febrero de 2020, el Gobierno declaró un estado de alerta sanitaria, dotando al Minsal de facultades extraordinarias, a partir de lo cual pudo éste elaborar los primeros planes de acción y coordinar las importantes iniciativas privadas que luego se sucederían.

En marzo del 2020, la CPC anunció la creación de un Fondo Privado de Emergencia ($34 mil mill.) para adquirir implementos de salud, y puso a disposición del sistema público los laboratorios de las empresas y la logística de atención y distribución de las mutuales de seguridad. Además, este gremio donó 500 ventiladores mecánicos, tras exitosas negociaciones en el contexto de las estrictas restricciones impuestas por las grandes potencias a sus fábricas. En paralelo, decenas de universidades y empresas trabajaron en conjunto en la creación de ventiladores para aportar a la red de salud.

A continuación, los esfuerzos se focalizaron en la vacunación. A la reconocida eficacia del Gobierno en la etapa de contratos de suministro, se sumaron las gestiones de la Universidad Católica con el laboratorio Sinovac que permitieron un ensayo clínico en nuestro país, financiado por el Estado y la CPC, lo que permitió obtener condiciones preferenciales con Sinovac.

Hay a la fecha más tres millones de personas inoculadas, y se contempla alcanzar 15 millones de inmunizados a fines de junio. La gestión de Chile ha sido reconocida internacionalmente, y en ella han tenido un rol central el Gobierno, nuestra extraordinaria red asistencial y la totalidad de proveedores públicos y privados.

La pandemia nos ha quitado mucho, pero a la vez nos ha entregado la posibilidad de reforzar la colaboración entre gobierno, privados y actores sociales, lo que contribuye a fortalecer la imprescindible confianza en las instituciones. En ese sentido, es también esperanzadora la reciente noticia de un consenso inicial para el retorno a clases presenciales, con la participación, además del Gobierno, de actores como el Colegio de Profesores, el Colegio Médico y la Defensoría de la Niñez. La actitud de inclusión, de apertura a oír y a dejarse persuadir por distintas visiones no sólo enriquece, diluye reticencias y promueve la participación de todos, sino que, además, envuelve un enorme potencial legitimador de las instituciones y es capaz de restituir la confianza que nuestro país tanto necesita. Colaborando, somos siempre mejores.