Pacto de Toledo: un paso adelante, pero aún hay muchas incertidumbres

Llevar gastos de la Seguridad Social a los Presupuestos aumentará el déficit del Estado.

Tras cuatro largos años de negociación, los partidos políticos con representación parlamentaria alcanzaron este martes un acuerdo de recomendaciones en el seno del Pacto de Toledo. Salvo cambios de última hora, estas recomendaciones serán las que se trasladen a la legislación.

El Acuerdo consta de un total de 20 recomendaciones. Algunas de ellas son un acuerdo de intenciones (necesario por otra parte), como la lucha contra el fraude, la modernización e información de la Seguridad Social (el famoso “sobre naranja”), la inclusión en el sistema de los trabajadores migrantes o el uso de un hipotético Fondo de Reserva que se pueda crear en el futuro.

La primera de las recomendaciones deriva de una petición que se repite en los últimos años: eliminar del sistema de la Seguridad Social los gastos impropios. Dichos gastos son los que no se corresponden con las pensiones contributivas como pueden ser las políticas de protección de la familia, de la conciliación entre la vida laboral y familiar o las ayudas a ciertos sectores productivos.

Dicha separación de fuentes disminuye el déficit anual de la Seguridad Social, pero traslada el mismo al Estado. Es, en definitiva, un juego de suma cero cuyos costes el Estado deberá sufragar con otro tipo de ingresos.

Varias de las medidas intentan corregir deficiencias del Sistema, como son la cotización por los ingresos reales para los trabajadores autónomos o la aproximación de la edad de jubilación real a la edad ordinaria (65 o 67 años). La medida que actúa sobre la edad de jubilación recomienda una mayor penalización en caso de hacerlo anticipadamente, así como la bonificación en pensión de la prolongación de la actividad laboral más allá de la edad ordinaria establecida para acogerse a la jubilación.

Estas dos medidas tratan de potenciar la equidad del sistema en cuanto a las pensiones contributivas.  No obstante, de entre las que tienen un impacto económico cierto, algunas se traducen en mayores gastos del Sistema en el corto plazo: la revalorización de las pensiones con el IPC real de cada año, medida que parte de la derogación del índice de revalorización de las pensiones y se traduciría, indefectiblemente, en un mayor gasto del Sistema; y la posibilidad de elección de los años considerados para el cálculo de la pensión de jubilación, elección que la realizará únicamente el empleado que salga beneficiado.

Uno de los aspectos que ha pasado más desapercibido es la recomendación sobre las prestaciones de viudedad. La misma incide en una reforma integral de estas prestaciones para acomodarlas a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios. Habrá que estar atento a su redacción final para poder evaluar el impacto que, en todo caso y tal y como está redactado actualmente, potencialmente implicaría una reducción de la prestación de viudedad en la etapa de activo.

Por último, y no menos importante, las recomendaciones incluyen la necesidad de potenciar sistemas complementarios de pensiones, creados bajo negociación colectiva. En este caso, el pacto de Toledo se refiere al segundo pilar del sistema de pensiones, a la previsión social empresarial. La recomendación trata de emular el cambio introducido con los sistemas NEST en Reino Unido, que tan buenos resultados ha obtenido.

A pesar de lo anterior, dicha recomendación viene aparejada con el empeoramiento del tratamiento a los planes de pensiones individuales, incluida en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.

Si bien las recomendaciones descritas son el resultado de un diálogo social sobre cuestiones muy demandadas, cabe preguntarnos si son las necesarias en el entorno en el que nos encontramos: un aumento significativo de la esperanza de vida, pensiones de jubilación promedio cada vez más elevadas aparejadas a salarios de entrada en el sistema muy mermados y disminución de la proporción de empleados en activo con respecto a los pensionistas.

En definitiva, sigue siendo urgente que como Sociedad (y especialmente los jóvenes, los verdaderos “solidarios” de este esquema) pensemos en el sistema de pensiones que queremos constituir y pongamos los medios y recursos para ello. No hay tiempo que perder.

Publicado en elEconomista