6 minutos de lectura 19 feb 2019
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Cómo sacar a la luz las criptomonedas

6 minutos de lectura 19 feb 2019

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El potencial de las criptomonedas para aumentar la velocidad y reducir el costo de hacer negocios está amenazado por el robo, la escasa seguridad y la actividad criminal.

El crecimiento acelerado de los mercados de criptomonedas presenta una necesidad urgente de controles regulatorios alrededor de los activos criptográficos. Mucha gente asume que el proteger la tecnología de blockchain, el registro distribuido a prueba de manipulaciones que subyace a las criptomonedas, garantiza la seguridad de las criptomonedas. Pero los intercambios de criptografía son vulnerados con regularidad —el mayor hasta ahora en enero de 2018, cuando Coincheck perdió 530 millones de dólares. Mientras tanto, la avalancha de ofertas iniciales de monedas (ICOs) invita al abuso, y el anonimato de las criptomonedas facilita el comercio ilegal de todo, desde armas hasta drogas y tráfico de personas. Si bien la tecnología subyacente puede ser segura, las criptomonedas no lo son— e incluso si lo fueran, su facilidad de uso apoya la actividad delictiva.

No será fácil hacer valer los controles regulatorios. Muchos argumentan que las fluctuaciones dramáticas del valor hacen que las criptomonedas se parezcan más a las materias primas que a las monedas, dejando a los reguladores perplejos.

Equilibrio entre seguridad, transparencia e innovación

A pesar de la preocupación de que la regulación ahogue la innovación potencial en los activos criptográficos, hay desarrollos interesantes, por ejemplo. BitPesa, un servicio de remesas basado en monedas que se integra con el sistema de dinero móvil M-Pesa de Kenia para reducir las fricciones y las comisiones de transacción. En la financiación del comercio, la Tecnología de Registro Distribuido (DLT) que sustenta las criptomonedas puede permitir que se adjunte documentación de apoyo a las transacciones financieras, reduciendo el riesgo de error humano o de explotación.

Pero los riesgos de las criptomonedas deben abordarse antes de que puedan igualar su potencial. Muchos riesgos se relacionan con el anonimato de la criptografía. Aunque la ruta de un token de criptomoneda en la red distribuida descentralizada abierta de blockchain es transparente, la propiedad del token y para qué se utilizó no lo es.

Este anonimato no es compatible con las leyes actuales y las tendencias regulatorias globales que exigen más transparencia para protegerse contra el lavado de dinero, la evasión fiscal y otras actividades delictivas. Si los gobiernos no pueden ver una transacción, no pueden identificar los impuestos evadidos. Incluso Suiza ha tenido que flexibilizar las leyes de privacidad para transferir dinero dentro y fuera del país.

El anonimato también pone a las grandes instituciones financieras en un aprieto. Las nuevas leyes que hacen más estrictas las normas de responsabilidad para las grandes empresas, como los bancos y las empresas de contabilidad, podrían afectar la voluntad de las instituciones financieras de aceptar o transferir criptomonedas. Las directivas de la UE y del Reino Unido contra el blanqueo de dinero y la Ley de finanzas penales obligan a las instituciones financieras a no realizar ninguna transacción relacionada con actividades delictivas. Incluso "no confirmar" que se han pagado impuestos sobre la criptomoneda que se transfiere a un banco podría considerarse que facilita la actividad delictiva. Del mismo modo, si el propietario de un activo criptográfico es anónimo, las instituciones financieras pueden tener dificultades para identificar movimientos ilegales de activos sancionados o actividades de personas y organizaciones sujetas a sanciones económicas.

Diversas perspectivas regulatorias

Teniendo en cuenta estos riesgos, es fácil ver cómo las criptomonedas mal reguladas pueden tener consecuencias desastrosas, dejando a los consumidores expuestos al riesgo de fraude, reduciendo las arcas del gobierno y financiando el terrorismo, la trata de personas y otras actividades delictivas.

La regulación ha surgido país por país, sin coordinación internacional. Curiosamente, los países menos democráticos ven la criptografía como una amenaza más inmediata específicamente para su propia autoridad central sobre la oferta monetaria y han sido más rápidos en abordar la ausencia de regulación. Mientras que China fue alguna vez la sede de las bolsas de criptodólares más activas del mundo, las autoridades las prohibieron el año pasado y desde entonces han bloqueado el acceso a las plataformas que ofrecen servicios similares a los de las bolsas de valores. Los reguladores chinos han estado a la vanguardia de una campaña mundial para frenar las criptomonedas en medio de la preocupación por la especulación excesiva, el lavado de dinero, la evasión fiscal y el fraude.

La postura más dura está empezando a cobrar fuerza. En los Estados Unidos, la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) ha lanzado múltiples sondeos, diciendo que muchos emisores de monedas, sus abogados y asesores pueden haber violado sus reglas. El presidente de la SEC, Jay Clayton, dijo que cree que la mayoría de los tokens digitales son efectivamente valores y que deben ser regulados como tales. Sin embargo, Clayton también reconoce que las definiciones en la industria están evolucionando, DLT tiene una promesa increíble para la industria financiera y los reguladores deben ser flexibles. En Europa, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEMV) subraya que las OCIs (Initial Coin Offering) son inversiones extremadamente arriesgadas y altamente especulativas que pueden quedar fuera del sector regulado.

Mientras tanto, en febrero, las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) de valores, banca, seguros y pensiones anunciaron conjuntamente su preocupación por el creciente número de personas que compran divisas virtuales de alto riesgo sin ser conscientes de los riesgos. Dado que las divisas virtuales y las bolsas utilizadas para negociar no están reguladas por la legislación de la UE, los reguladores advirtieron que los inversores en criptomonedas no están protegidos frente a un ataque cibernético o si una bolsa deja de funcionar. Mark Carney, Gobernador del Banco de Inglaterra, enfatiza que los activos criptográficos se comportan de manera diferente a otras monedas, pero también argumenta que su regulación es vital.

En España, la autoridad fiscal ha solicitado nombres e información comercial sobre compradores de criptomonedas en 60 empresas como parte de una investigación sobre la evasión fiscal y el blanqueo de dinero que permite la criptografía. Corea del Sur ha introducido medidas para combatir la especulación en el sector, prohibiendo el uso de cuentas bancarias anónimas en el comercio de criptomonedas. Y el gobierno de la India ha anunciado medidas para "eliminar" el uso de criptomonedas en "actividades ilegítimas o como parte del sistema de pago".

Llamado a un enfoque global consistente

La actual falta de consenso internacional sobre la gobernanza de las criptomonedas perpetúa las brechas, aumenta las oportunidades de eludir las regulaciones y es contraria a las normas comunes de presentación de informes, a la Ley de Cumplimiento de los Impuestos sobre las Cuentas Extranjeras y al intercambio intergubernamental de datos. Se necesita un enfoque global consistente para regular las criptomonedas.

En marzo de 2018, la Directora General del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde dijo que el FMI se centra en alentar a los países a elaborar políticas que proporcionen integridad financiera y protejan a los consumidores de activos criptográficos de la misma manera que el sector financiero tradicional. Lagarde también afirmó que la tecnología detrás de los activos criptográficos puede ser utilizada para "combatir el fuego con fuego", por ejemplo, utilizando DLT para acelerar el intercambio de información entre los participantes del mercado y los reguladores, creando registros de información estándar y verificada de los clientes y ayudando a combatir la evasión fiscal transfronteriza. Otra manera posible —aunque más radical— de sacar a la luz las criptomonedas sería que un país creara un banco central de moneda digital (CBDC, por sus siglas en inglés), esencialmente la moneda actual en forma digital. En el lado positivo, un CBDC sería muy superior a las monedas digitales alternativas (ADCs) como el bitcoin. Los ADCs no funcionan bien como una reserva de valor: los precios son demasiado volátiles, las defensas contra la piratería informática son demasiado débiles y su respaldo es inexistente. Por el contrario, el dinero del banco central es el depósito de valor por excelencia. El DLT es la actual ventaja competitiva clave que tienen los ADCs, y algo que los bancos centrales pueden adquirir y adquirirán. Investigaciones de EY y de la Universidad de Cambridge muestran que el 63% de los bancos centrales y el 69% de otras instituciones del sector público están experimentando con protocolos de DLT.

Por ahora, los contras de un CBDC superan a los pros. Un CBDC de libre acceso plantea importantes retos tecnológicos, de seguridad, privacidad y legales que crean una discrepancia entre las monedas digitales "fiat" y "non-fiat". La mayoría de los consumidores se sentirían atraídos por la primera, empujando a las monedas digitales no fiat más allá de las fronteras experimentales, donde la actividad delictiva podría persistir.

Las criptomonedas (y el DLT subyacente) tienen un enorme potencial para transformar positivamente los servicios financieros al aumentar la velocidad y reducir el costo de hacer negocios. Se necesitan controles adecuados para evitar que las criptomonedas se conviertan en factores que faciliten la actividad criminal y la evasión fiscal. Esto requerirá un esfuerzo de colaboración entre los organismos internacionales, los gobiernos individuales y la industria de servicios financieros.

Resumen

Las criptomonedas tienen un enorme potencial para transformar positivamente los servicios financieros al aumentar la velocidad y reducir el costo de hacer negocios. Será necesario un esfuerzo internacional coordinado para asegurar que estas nuevas monedas no permitan la actividad delictiva y la evasión fiscal.