Panorama de las transacciones financieras digitales en México

Las transacciones financieras digitales están experimentando un incremento vertiginoso motivado por el surgimiento acelerado de múltiples soluciones que tuvieron éxito a la hora de entregar valor a los usuarios y por el contexto global que originó la pandemia, mismo que ha funcionado como un catalizador para la aceleración y el crecimiento de dichas transacciones.

Tal es el auge de este tipo de movimientos que, de acuerdo con los estudios realizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se estima que 

Asimismo, la pandemia nos ha llevado a buscar un mayor aprovechamiento de la tecnología para compensar las restricciones de movilidad impuestas por los gobiernos. Esto generó, por ejemplo, la creación de soluciones de identificación digital de rápido desarrollo, como es el caso de las licencias de conducir que, en diversas partes del mundo y de manera muy rápida, han migrado hacia lo digital. También han surgido iniciativas para la creación de pasaportes electrónicos, pasaportes sanitarios digitales, entre otros.

Lo anterior presenta retos importantes para las entidades —tanto públicas como privadas— ya que cada vez que surgen iniciativas digitales de esta índole, se requiere un esfuerzo adicional desde la óptica del Compliance para asegurar la plena, adecuada y legal identificación del usuario en un entorno digital, lo cual cobra mayor relevancia y complejidad para las instituciones financieras, pues estas tienen una carga regulatoria densa en relación con el pleno conocimiento del cliente.

Es importante destacar que lo que acontece en materia de transaccionalidad digital está impactando dramáticamente la forma en que las personas interactúan con las instituciones públicas y privadas. Además, ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar y generar reglas más claras respecto a los mecanismos de identificación digital.

Panorama de las transacciones financieras digitales en México

México no escapa a esta realidad. Mientras el volumen de transacciones digitales se ha disparado durante la pandemia, se han multiplicado en la misma proporción los fraudes cibernéticos, la suplantación de identidad, los ciberataques por parte del crimen organizado, entre otras actividades ilícitas que ponen en riesgo el patrimonio y la seguridad de las personas.

Siendo conscientes de este incremento en la transaccionalidad digital y de la necesidad de reforzar los mecanismos de identificación y autenticación digital, el 22 de marzo de 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió una Resolución mediante la cual reformó, adicionó y derogó algunas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionando, entre otras cosas, la obligación, a cargo de las instituciones financieras, de obtener y almacenar los datos de geolocalización en tiempo real del dispositivo mediante el cual sus clientes realizan operaciones o servicios; y otorgando facultades a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para supervisar el cumplimiento de esta medida que entró en vigor el 23 de marzo del presente año.

De acuerdo con el comunicado emitido por la CNBV el pasado 23 de marzo de 2021, dicha medida obedece a compromisos internacionales adoptados por México como integrante del GAFI, en aras de adecuarse a los estándares internacionales emitidos en marzo de 2020 por este organismo en materia de Identidad Digital. El objetivo es contar con un indicador de riesgo del cliente que permita a las instituciones financieras obtener información de la zona geográfica donde se encuentra el usuario al momento de realizar una transacción no presencial a través de su dispositivo, con el propósito de prevenir el lavado de dinero y los fraudes.

La geolocalización hará posible el análisis del comportamiento de los clientes cuando realizan transacciones en línea, incrementando la posibilidad de detectar actividades sospechosas, así como definir medidas complementarias que apoyen una autenticación más robusta a efecto de prevenir delitos y detectar la cadena del delito a través de la ubicación de los ciberdelincuentes.

La implementación de esta nueva medida no es opcional para las entidades financieras y, de acuerdo con el análisis realizado por EY, su puesta en marcha conlleva ciertos retos importantes, entre ellos:

Son múltiples los beneficios que ha traído el uso de la tecnología y, en particular, de la geolocalización; sin embargo, su aplicación desproporcionada o insegura puede traer consigo la invasión a la privacidad o poner en riesgo significativo a los usuarios, generando un potencial impacto sobre su persona o patrimonio; por tanto, las instituciones financieras deberán asegurarse de implementar todas las medidas necesarias tanto para el cumplimiento de la normativa, como para la efectiva protección de los datos de geolocalización recabados.