Caminando hacia un mundo transparente tributario

El cerco se sigue estrechando para quienes no tributan lo que deben tributar. Luego de la amnistía tributaria que se dio el año pasado, la cual significó una última oportunidad para ponerse a derecho, el Perú sigue dando pasos firmes hacia la tendencia global que marca la pauta en materia tributaria, esto es, el intercambio de información financiera entre autoridades fiscales y el levantamiento del secreto bancario.

El Perú se ha propuesto como política de Estado ingresar a la OCDE para el año 2021, fecha de nuestro bicentenario. La OCDE es un organismo de cooperación internacional que agrupa a los países con las economías más importantes del mundo y cuyo objetivo principal es coordinar las políticas económicas y sociales de sus miembros. En consecuencia, el Perú está adaptando su legislación tributaria y bancaria para adecuarla a los estándares internacionales que exige la OCDE en temas relativos a intercambio de información, secreto bancario y combate contra la elusión tributaria.

¿Qué es lo que se ha hecho hasta el momento? A fines del 2016, se modificó el Código Tributario y se flexibilizó la legislación bancaria para permitir el intercambio de información financiera con otros países, según los convenios y acuerdos internacionales de intercambio de información de los cuales Perú formase parte. La modificación pasó casi desapercibida porque en aquel entonces Perú tenía muy pocos acuerdos internacionales que permitiesen el intercambio de información. Sin embargo, en octubre de 2017 el Perú se adhirió de manera formal a la Convención sobre Asistencia Mutua en Materia Fiscal, la cual fue ratificada por el Congreso y refrendada por el Ejecutivo en mayo último. La Convención obliga a los Estados miembros a asistirse mutuamente en el ámbito fiscal a través del intercambio de información, el cobro de deudas tributarias, así como la notificación de documentos. La Convención agrupa a más de cien países, lo cual no es poca cosa.

No solo eso. En la reciente delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo aprobado por el pleno del Congreso, se ha otorgado la facultad de modificar el tratamiento del secreto bancario para fines internos (y ya no solo restringido al cumplimiento de tratados internacionales). Esto significa que la SUNAT podría acceder a información financiera pasiva referida a saldos y/o montos acumulados, promedios o montos más altos de un determinado periodo y los rendimientos generados, incluyendo la información que identifica a los clientes, a partir de determinados montos considerados relevantes.

Más allá de la discusión sobre cómo compaginar lo expuesto con el secreto bancario consagrado por nuestra Constitución, resulta evidente el norte hacia el cual vamos. Un mundo globalizado e interconectado, en donde será cada vez más difícil evadir o eludir impuestos y en donde se deberá tributar lo que corresponde