En ese sentido, Cuzquén precisó que una de las consecuencias de estas inspecciones laborales con hallazgos negativos podría ser la imposición de multas, las cuales pueden ascender a S/241,638 dependiendo del tipo de infracción y el número de trabajadores afectados, además de otras sanciones como el cierre temporal del área de una unidad económica y la paralización o prohibición de trabajos o tareas. Ello además del impacto en la imagen de la empresa y de la generación de juicios laborales.
El experto recuerda que una inspección laboral es un servicio público que realiza el Estado a través de la Sunafil con el objetivo de vigilar el cumplimiento de las normas legales, contractuales de tipo laboral y de seguridad y salud en el trabajo, así como de exigir las responsabilidades administrativas que procedan e imponer sanciones. Estas intervenciones pueden realizarse en distintos ambientes, tales como centros de trabajo, vehículos en los que se ejecute el trabajo (camiones, buques, aviones, etc.), aeropuertos, puertos o puntos de salida o destinos relacionados a viajes de migraciones laborales, entidades que brinden servicios de tercerización, y domicilios en los que presten servicios los trabajadores del hogar.
Además, resaltó que desde fines de agosto podría comenzar una intensa campaña de fiscalización en materia de tercerización de servicios y en materia de libertad sindical.
“Mientras más conozca la empresa sobre el procedimiento de inspección laboral y sobre sus derechos en el mismo, podrá navegar el proceso de mejor manera. Por ello, es fundamental contar con una preparación previa y asesoría especializada”, finaliza el ejecutivo.