Nota de prensa

El 39% de altos directivos a nivel mundial cree que el soborno y la corrupción son habituales en el ambiente de negocios de un país

Lima, 19 de septiembre de 2017

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Las empresas deben considerar la posibilidad de un fraude en su evaluación de riesgos. 

Según el Marco Integrado de Gestión de Riesgos Empresariales “COSO ERM – Enterprise Risk Managment” -el marco referencial de gestión de riesgos más utilizado por las empresas peruanas-, la gestión de riesgos es un proceso de vital importancia y debe transmitirse a todas las partes de la empresa. Se trata de llevar a cabo acciones de control que mitiguen los riesgos, entre ellos el fraude; y no únicamente de definir políticas, sistemas y manuales de riesgo.

“El fraude ha llevado a la pérdida de activos e inversiones, costos legales importantes, despidos y detención de ejecutivos clave, así como a la pérdida de confianza en los inversionistas y el gobierno. Por esta razón, la organización debe considerar la posibilidad de un fraude en su evaluación de riesgos ”, señaló Iván Frías, Socio de Auditoría de EY Perú.

La 14va edición de la encuesta Global Fraud Survey de EY, realizada a más de 2,800 altos directivos de empresas de 62 países, analiza el impacto que el fraude y la corrupción están teniendo en el escenario internacional y la percepción que los directivos y ejecutivos tienen sobre conductas fraudulentas. El 39% de los encuestados a nivel mundial creen que el soborno y la corrupción son habituales en el ambiente de negocios de un país, mercados emergentes como el nuestro esta cifra sube al 51%. Asimismo, 42% de los directivos encuestados señala que estarían dispuestos a utilizar pagos en efectivo, regalos o incluso maquillar información financiera para conseguir un negocio. Consideran que de los 62 países encuestados, en los primeros 22 países del ranking, los sobornos y la corrupción son una práctica habitual para hacer negocios; entre ellos seis países de Sudamérica.

El Decreto Legislativo N° 1352 de responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, modifica la Ley N° 30424, promulgada en abril del año pasado. El DL explica los delitos de la siguiente manera:

  1. Cohecho activo genérico: cuando se soborna a cualquier funcionario o servidor público para que él, haciendo uso de sus funciones, brinde un beneficio que no corresponda.
  2. Cohecho activo específico: cuando el soborno se da a un magistrado, fiscal, perito, árbitro o cualquier funcionario público que esté en capacidad de tomar una decisión que influya en un resultado que beneficie al corruptor.

La norma ofrece a las empresas la posibilidad de implementar un modelo de prevención de delitos antes de la comisión del delito para que las empresas puedan ser eximidas en caso se cometa un delito desde su empresa, y podría convertirse en un atenuante en el supuesto que la empresa lo adapte después de la comisión del delito y antes del inicio de un juicio oral.

Asimismo, la ley establece cinco puntos que debe tener el modelo de prevención de delitos a ser implementado por las empresas: encargado de prevención, evaluación de riesgos, procedimiento de denuncia, capacitación y monitoreo continuo.