Transparencia versus discriminación fiscal internacional

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Por el Cr. Rodrigo Barrios, Asesoramiento Impositivo, EY Uruguay

¿Qué hizo Panamá y a quiénes afecta?

El pasado 8 de marzo, el gobierno panameño emitió una Resolución listando aquellas jurisdicciones que aplican medidas discriminatorias o restrictivas contra Panamá, afectando su economía e intereses comerciales.

Las 20 jurisdicciones involucradas son los siguientes: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Perú, Uruguay, Venezuela, Croacia, Eslovenia, Estonia, France, Grecia, Lituania, Polonia, Portugal, Camerún, Georgia, Rusia y Serbia.

Esta lista fue emitida en el marco de la Ley N° 48 de 26 de octubre de 2016, la cual introdujo cambios a las “medidas de retorsión” contra los países que aplican las mencionadas medidas discriminatorias contra la República panameña.

¿Qué efectos tiene estar en esta lista?

El artículo 8 de la citada Ley prevé que el gobierno panameño podrá dictar las siguientes medidas de retorsión contra Uruguay:

  • Tributarias: respecto de impuestos aplicables sobre dividendos o remesas que sean pagados o acreditados por intereses, regalías, comisiones, honorarios o cualquier otra clase de rentas producidas en Panamá.
  • Arancelarias: incremento arancelario a las personas físicas o jurídicas procedentes de Uruguay.
  • Migratorias y laborales: contra los nacionales uruguayos.
  • Restricción de contratación con el Estado panameño: restricción o suspensión a personas físicas o jurídicas originarias de Uruguay y/o incorporadas en cualquier otra jurisdicción y cuyos beneficiarios finales sean nacionales uruguayos, en cualquier proceso de contratación pública y/u otorgamiento de nuevas concesiones, permisos o autorizaciones, incluyendo de comercio, servicios públicos, transporte terrestre, marítimo o aéreo, de extracción, explotación de metales o hidrocarburos, uso de suelos, subsuelos, suelo marítimo y recursos naturales o renovables de cualquier tipo.
  • Restricción o suspensión del movimiento de carga o pasajeros vía transporte terrestre: a estos efectos, se considerará la nacionalidad del medio de transporte, de la carga y/o de los pasajeros, así como el punto de origen y destino.
  • Cualquier otra medida que decida aplicar el gobierno panameño, a través de su Consejo de Gabinete.

Cabe aclarar que estas medidas podrán también aplicar a los otros 19 países del listado.

¿Por qué se incluyó a Uruguay como país “discriminador”?

Con vigencia en 2017, Uruguay incluyó a Panamá en el listado de jurisdicciones de baja o nula tributación (BONT), lo cual implicó la aplicación de normas fiscales uruguayas más perjudiciales para entidades residentes, localizadas, domiciliadas o creadas en dicho país.

La Resolución panameña enumera las siguientes medidas discriminatorias en Uruguay:

  • Aumento de la tasa de retención del Impuesto a las Rentas de los No Residentes (IRNR) al 25%, versus la tasa general del 12%.
  • Existencia de la “regla candado”, por la cual un gasto es deducible (entre otros criterios), si la contraparte del exterior tributa una tasa efectiva de impuesto a las rentas de al menos un 25%. Si fuera menor, el gasto es deducible en forma proporcional. El gobierno panameño no está tomando en consideración que este punto deja de ser relevante si a las entidades panameñas se les practica la retención de 25% del IRNR.
  • No son deducibles las pérdidas por instrumentos financieros derivados contratados con entidades panameñas (al ser BONT).
  • Aplicación de normas de precios de transferencia en operaciones con entidades panameñas. Esta normativa ya regía desde 2009.

Aparentemente, el gobierno panameño no hizo un análisis pormenorizado del nuevo régimen fiscal aplicable a las entidades BONT, puesto que existen normas adicionales que afectan a las operaciones con entidades BONT. Sin embargo, estos cuatro motivos fueron suficientes para incluir a Uruguay en el listado.

¿Puede Uruguay cesar sus medidas “discriminatorias”?

De acuerdo a la normativa vigente, Uruguay podrá eliminar a Panamá del listado de jurisdicciones BONT si:

  1. Panamá sometiera las rentas provenientes de actividades desarrolladas, bienes situados o derechos utilizados económicamente en Uruguay, a una tributación efectiva a la renta inferior a la tasa del 12%; o
  2. Entre en vigente un acuerdo de intercambio de información o un convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información con la Uruguay, y además, que se cumpla efectivamente con el intercambio de información. 
    Parece difícil que Panamá unilateralmente modifique su legislación en el corto plazo para cumplir con la condición I).

Respecto del punto II), el único acuerdo que podría considerarse es la activación del intercambio automático de información financiera a efectos tributarios de acuerdo al estándar internacional del Common Reporting Standard. Tanto Panamá como Uruguay comenzarán a intercambiar esta información en 2018 (por la información financiera de 2017). Sin embargo, no se encuentra activado el intercambio bilateral entre ambos países, por lo cual no se cumple con la condición II).

Por ende, en la medida que no haya un acuerdo con Panamá al respecto, parecería que Uruguay no podría eliminar a Panamá de listado BONT sin modificar su normativa interna.

¿Qué se puede esperar a futuro?

Panamá está nuevamente abriendo el debate sobre la dicotomía entre la transparencia fiscal internacional y la discriminación fiscal a ciertas jurisdicciones que parecerían no cumplir con los estándares buscados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el resto de la comunidad internacional.

Se puede intentar inferir que el principal propósito de este listado panameño no es la aplicación de las medidas de retorsión per se, si no presionar a estas jurisdicciones para levantar las medidas discriminatorias contra el país.

Debido a que, en muchos casos, las medidas de retorsión parecen no guardar proporcionalidad con las medidas que Panamá considera como “discriminatoria” de los otros países, es posible que alguna de las jurisdicciones listadas tome medidas similares en su contra.

Debemos esperar para ver cómo manejará este tema el gobierno uruguayo.