Ya se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
La norma prorroga algunas medidas ya incluidas en anteriores Reales Decretos-leyes, que tenían como extensión temporal prevista el 30 de junio de 2022. Es el caso, por ejemplo, de las medidas dirigidas a atenuar el precio de venta de los hidrocarburos, como son la bonificación extraordinaria y temporal aplicable a su precio final, y la prestación patrimonial de carácter público no tributario temporal a realizar por los operadores al por mayor de productos petrolíferos.
También se prorrogan otras medidas dirigidas a reducir el coste fiscal de la electricidad, ámbito en el que se actúa en los tres principales impuestos que hoy afectan a dicho precio. Por un lado, se mantiene hasta 31 de diciembre de 2022 la suspensión de la exigibilidad del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, medida que está vigente desde el tercer trimestre de 2021. Por el otro, se prorroga la reducción del impuesto especial sobre la electricidad, que frente al tipo general del 5,1%, se mantendrá en el 0,5% hasta final de 2022. Por último, en materia de IVA, la medida hasta ahora vigente no solo se mantiene, sino que se intensifica, de modo que el tipo aplicable a determinados suministros de electricidad, que ya venía siendo el reducido del 10%, pasará ahora a ser del 5% hasta 31 de diciembre de 2022.
Además, en la nota de prensa que ha acompañado la publicación del Real Decreto-ley, el Gobierno ha anunciado su intención de crear, para que sea efectivo ya respecto del ejercicio 2022, un nuevo impuesto que grave a los “operadores energéticos más relevantes”.