Por fin el Pleno del Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la posible inconstitucionalidad de la regulación del pago fraccionado mínimo para las grandes empresas llevada a cabo por el Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de septiembre.
Y lo ha hecho de forma unánime señalando que el Gobierno no ha respetado los límites que la Constitución española de 1978 establece para que el Ejecutivo, suplantando la potestad legislativa propia de las Cortes Generales, pueda dictar una disposición normativa con rango de ley.
