El pasado 31 de marzo de 2022 entró en vigor el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo (el “Real Decreto”), por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 30 de marzo de 2022.
De acuerdo con la Exposición de Motivos, el Real Decreto establece una serie de medidas destinadas a paliar las consecuencias económicas adversas que determinados sectores de la población están sufriendo a consecuencia de la guerra en Ucrania.
Si bien el contenido del Real Decreto es muy heterogéneo, centrándonos en las medidas que afectan al sector inmobiliario, y más concretamente en materia de arrendamientos, estas tienen como finalidad minimizar el impacto de la tendencia al alza que está sufriendo el Índice de Precios al Consumo mediante una limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta de los contratos de arrendamiento de vivienda que regula el artículo 18 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos (“LAU”) para, en última instancia, evitar trasladar el aumento de la inflación a las rentas de los arrendamientos de vivienda que están referenciadas sobre dicho índice.