La Unión Europea ha escogido el camino del estímulo del gasto público para paliar los efectos negativos que estas circunstancias tienen para las economías y sociedades europeas. Desde la pandemia, la Unión Europea ha puesto en marcha el mayor paquete de estímulo jamás financiado, a través de su presupuesto a largo plazo y de NextGenerationEU (1,8 billones de euros a precios de 2018). Recordemos que el segundo instrumento es temporal y se ha concebido para impulsar la recuperación de la economía tras los efectos del COVID-19 y la guerra en Ucrania; con un fuerte enfoque en la resiliencia, la transición ecológica y la transformación digital.
La principal herramienta para el despliegue de NextGenerationEU en los países es su Plan de Recuperación, cuya primera versión española fue aprobada en el mes de julio del pasado 2021. ¿Es posible que, por tercer año consecutivo, en 2023, estemos dispuestos a afirmar que encaramos un año clave para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español? Ya lo hicimos ante el 2021 y repetimos ante 2022. Pero sí, aunque suene a historia repetida, solo nos hace falta lanzar una mirada al futuro, al 2023, para llegar a esa conclusión. Y vamos a argumentarlo apoyándonos en 6 motivaciones, 4 de naturaleza operativa y otras 2 de contexto. Empecemos por las operativas:
1.- La adenda al PRTR: 2023 va a estar marcado por la adenda española al PRTR y sus implicaciones, que serán muchas y trascedentes. Por un lado, se conocerá su contenido (del que poco se sabe hasta el momento), y se desvelarán cuáles son los nuevos hitos y objetivos incluidos en la misma; y, por otro lado, se estirarán los montantes financieros totales del PRTR desde los 69.528 millones de euros iniciales hasta un máximo de 163.820 millones de euros, hasta agosto de 2026.
2.- La relevancia de los instrumentos financieros: En base a esa adenda, los instrumentos financieros van a ser el gran invitado del año 2023. España tiene la posibilidad de solicitar hasta 84.000 millones de euros reembolsables antes de 2030, y es de esperar que este montante se traslade a la economía española a través de instrumentos financieros que permitan su devolución en el plazo establecido.
Ya en los Presupuestos Generales del Estado para 2023 se prevén 4.852 millones de euros en el Capítulo 8 (operaciones financieras), lo que supone un aumento del 279% frente a las cifras de 2022. La trascendencia que van a adquirir este tipo de operaciones va a suponer un reto mayúsculo y un cambio de paradigma. Va a obligar al conjunto de la administración española, en todos sus niveles, a incorporar las mismas en su dinámica habitual, cuando es escaso (y muy reducido a organismos especializados), el conocimiento del que se dispone sobre la gestión de actuaciones de naturaleza financiera. Esperamos una importante involucración del sector financiero privado de nuestro país como aliado para responder a este desafío.
3.- La digestión de los fondos: La relevancia y magnitud de la adenda (unida a las tareas derivadas de la programación de los nuevos Fondos Estructurales del periodo 2021-2027, que suponen una ayuda para España superior a los 36.000 millones de euros) pueden llevar en 2023 al límite las capacidades administrativas. Ello se va a hacer evidente tanto en los distintos Ministerios como en las Comunidades Autónomas, y va a hacer necesarias medidas de respuesta, tanto por la vía de refuerzo de los equipos, como por la vía de la automatización y el apoyo de asistencias técnicas, que aumenten la capacidad de las principales unidades gestoras.
4.- La necesaria aceleración de los PERTE: Una vez aprobados oficialmente hasta la fecha once PERTE, 2023 será el año de su dinamización. Incluso en algunos PERTE ya lanzados, como el PERTE VEC, se necesitará un nuevo impulso en forma de segunda convocatoria. Junto a ello, veremos la resolución de la gran línea de ayudas del PERTE Agroalimentario y del de Economía Circular, una vez se publiquen ambas convocatorias; el lanzamiento de las actuaciones del mayor de ellos, el PERTE Chip; la publicación de las grandes convocatorias del PERTE naval, del aeroespacial o del de Economía Social; así como la formalización del anunciado PERTE de las Descarbonización, todavía no aprobado en Consejo de Ministros.
Y a ello le unimos las dos motivaciones de contexto:
5.- Marco nacional: citas electorales y la presidencia española de la UE: En el ámbito nacional, todo lo anterior, que no es poco, se deberá llevar a la práctica a lo largo de un año marcado por dos grandes citas electorales y por la presidencia española de la UE. En cuanto a lo primero, es de esperar que la maquinaria administrativa no se vea muy condicionada por los ritmos políticos que implican dos citas electorales (autonómicas-locales y generales) de tanta relevancia; y, en cuanto a lo segundo, sabido es el reto que para cada uno de los ministerios supone cumplir con las exigencias de una presidencia europea, por lo que será necesario blindar el aparataje de gestión de cada uno de ellos para que no se vean condicionados y ralentizados en sus tareas cotidianas y de gestión del PRTR.
6.- Marco internacional: respuesta europea a los retos geopolíticos: El PRTR nació como respuesta europea a la pandemia del COVID-19. Más tarde, con la agresión rusa en Ucrania, esa respuesta se ha reforzado, por ejemplo, con la aprobación del programa REPowerEU. Pero en 2023 el contexto geopolítico va a crecer en incertidumbres y no solo derivadas de los efectos de la continuación de la guerra en Ucrania. Habrá que atender a la evolución económica en el continente y en algunos de nuestros principales socios (Reino Unido); habrá que vigilar los efectos en Europa de medidas de corte proteccionista como la Inflation Reduction Act estadounidense; o atender las tensiones en el estrecho de Taiwán que puedan generar problemas en la cadena de valor del suministro de una materia tan estratégica como los semiconductores, por citar tan solo algunos ejemplos. Ante ello, bien podría ser que los mecanismos europeos de respuesta, como es el caso del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia -MRR- (y, con ello, los planes nacionales) se vieran modificados.
En conclusión, y en base a todo ello, creemos más que justificada nuestra hipótesis de partida. Sí, de nuevo, estamos ante un año clave para el plan de recuperación. Desde EY, prestaremos mucha atención a los acontecimientos de las primeras semanas y meses de 2023 en este ámbito:
- La evolución de las inversiones y reformas ya comprometidas en el plan aprobado.
- El contenido de la adenda española a su PRTR, en cuanto a las inversiones y reformas adicionales incorporadas; con especial atención al PERTE Chip y a los instrumentos financieros propuestos.
- El despliegue de los instrumentos financieros previstos en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 y su reflejo a nivel autonómico; así como la participación del sector financiero privado en este ámbito.
- El avance de la automatización de los procesos administrativos, también financiada por el PRTR; y la aparición de asistencias técnicas para agilizar la absorción de los fondos y su adecuado control.
- Los resultados de las diferentes auditorías de la gestión de estos fondos que ya han comenzado durante 2022 (intervenciones generales, Comisión Europea, tribunales de cuentas).
- Las decisiones de la UE en relación con la posible extensión del calendario de ejecución del MRR, solicitada ya por España y Portugal.
- El comienzo de la evaluación intermedia de los planes nacionales por parte de la Comisión, que deberá estar finalizado a principios de 2024.
En todo caso a la vista de cómo vienen evolucionando los acontecimientos, ¿podemos asegurar que justo en un año no estaremos haciendo la misma afirmación? No nos atrevemos a asegurarlo. Pero, ahora, toca seguir muy de cerca el devenir de un 2023 que se prevé interesante.
Publicado en El Economista