El 2024 ano clave

2024, de nuevo un año clave para un Plan de Recuperación que amplía su envergadura

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En 2024 alcanza su ecuador el despliegue del Plan de Recuperación de España, ese gran proyecto de mejora del país apoyado por un ejercicio de solidaridad europea sin precedentes. Tras la revisión del plan en octubre de 2023, su dotación total supera el 12% del PIB del país. Los 595 hitos y objetivos del plan revisado deberán estar cumplidos en agosto de 2026 para que la Comisión Europea complete el ingreso al tesoro español de esa cuantía. Un enorme esfuerzo para la Administración española, que ha de compaginarse con la ejecución de los fondos estructurales del Marco Financiero Plurianual 2021-2027[1].

Tras treinta meses de andadura, nos encontramos, de nuevo, ante un año clave. La lista de deberes para el 2024[2] comprende 117 hitos y objetivos que, de ser alcanzados, darían lugar al desembolso de 25.600 millones de euros en transferencias y préstamos.

La agenda reformista continua, aunque con menor intensidad, mientras se constatan los efectos positivos de medidas ya adoptadas. Este año se esperan medidas en el ámbito de la agricultura y ganadería sostenible. Importante para la sostenibilidad del país será también la revisión de la Ley de Aguas, focalizada en la recuperación del coste de las inversiones relacionadas con los vertidos urbanos, su recogida y tratamiento.

En un contexto en el que el impulso a la industria desempeña un papel clave para la seguridad económica, a la competitividad española deberán contribuir, entre otras reformas, una nueva ley de industria y varias medidas para la aceleración de la transición energética y la descarbonización del transporte urbano. La recientemente adoptada Ley Orgánica del Sistema Universitario también será evaluada este año.

Atinar con la reforma que busca reforzar el apoyo a la familia es vital para un país que envejece con una baja tasa de natalidad. También será clave para una cohesión social sostenible la reforma de modernización de los servicios sociales y la de las prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado. Al mismo fin deberán contribuir varias reformas del sistema sanitario. Por último, en un contexto en el que se solicita a España una estrategia fiscal de consolidación creíble a medio plazo, adquirirán especial importancia la revisión de los beneficios fiscales y una reforma del sistema tributario que logre mejorar su eficiencia y adaptación a los desafíos actuales.

Fundamental para la política económica de 2024 será también el despliegue de las inversiones del plan. Hasta ahora, en España se han resuelto convocatorias de ayudas y licitaciones de servicios y obras con cargo al Mecanismo por un valor de ([C(1] 30.000 millones de euros). En un contexto de desaceleración de la economía global, se mantiene la acción contracíclica del Plan. La opinión de la Comisión Europea sobre el plan presupuestario de España para 2024 prevé que los gastos financiados con subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que no afectan al saldo de las administraciones y la deuda públicas, alcancen el 1,6 % del PIB en 2024. 

La revisión del Plan fortalece proyectos estratégicos en sectores clave para la economía con más de 10.000 millones de euros de transferencias adicionales y parte de los préstamos. También introduce un nuevo protagonista para la ejecución de más de 66.000 millones de euros: los instrumentos financieros. Está previsto que buena parte de ellos se transforme en préstamos al tejido empresarial a un menor tipo de interés que el obtenido por el tesoro público y con largos plazos de amortización (por ejemplo, las líneas ICO Verde, ICO Empresas y emprendedores y el fondo para empresas emergentes Next Tech, gestionados por el Instituto de Crédito Oficial).

Entre estos instrumentos, destaca también el nuevo Fondo de Resiliencia Autonómico gestionado por el Banco Europeo de Inversiones. Con 20.000 millones de euros, facilitará la financiación a empresas privadas y públicas de todas las Comunidades Autónomas para proyectos en vivienda social asequible, transporte sostenible, competitividad, innovación, turismo sostenible, cuidados, gestión de aguas y residuos y transición energética.

¿Cómo abordar la tarea? La Comisión ha insistido mucho en la necesidad de una colaboración efectiva y sostenida en el tiempo con todos los actores que participan de esta empresa común (como son las Comunidades Autónomas, las entidades locales, los agentes sociales y el tercer sector) y en la transparencia hacia el ciudadano.

En el seno de la Unión, los 27 planes de recuperación nacionales están en pleno despliegue y, en su gran mayoría, ya han sido revisados para introducir nuevas medidas que aceleran la transición energética. 2024 será momento de echar la vista atrás y hacer balance de los resultados del Mecanismo. En febrero de 2024, la Comisión Europea presentará al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE un informe de evaluación independiente sobre la ejecución de este. Seguirá a esta evaluación otra en 2028, una vez finalice el Mecanismo.

En 2024 también se espera la conclusión de la reforma de las reglas fiscales europeas. Ante altos niveles de endeudamiento e ingentes necesidades de inversión, se busca apoyar de un modo sostenible la competitividad y la autonomía estratégica de una Unión que quiere ser más verde y digital, sin dejar a nadie atrás. Al final de una legislatura europea marcada por las respuestas ágiles a eventos con gran impacto en la sociedad y economía de la Unión, algunas características del Mecanismo, como la mayor implicación a nivel nacional y la importancia otorgada a las reformas, alimentan las discusiones sobre la manera más eficaz de afrontar los desafíos crecientes a los que se enfrenta Europa.

Resumen

La lista de deberes para el 2024 comprende 117 hitos y objetivos que, de ser alcanzados, darían lugar al desembolso de 25.600 millones de euros en transferencias y préstamos. En un contexto en el que se solicita a España una estrategia fiscal de consolidación creíble a medio plazo, adquirirán especial importancia la revisión de los beneficios fiscales y una reforma del sistema tributario que logre mejorar su eficiencia y adaptación a los desafíos actuales

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