Una de las novedades de los últimos trimestres ha sido el significativo crecimiento de la población activa, particularmente gracias a la población inmigrante. La creación de puestos de trabajo no fue suficiente para compensar el incremento de la oferta laboral, causado por el avance de la tasa de actividad y de la población en edad de trabajar, sobre todo de nacionalidad extranjera. De acuerdo con la EPA, del aumento de ocupación en el tercer trimestre de 2023 respecto al mismo periodo del año anterior (720.000 ocupados), un 67% fueron personas con nacionalidad extranjera (51%) o con doble nacionalidad (16%). Mantener este flujo de entrada de población trabajadora extranjera será fundamental en los próximos años, para hacer frente al envejecimiento de la población española y a la jubilación del baby boom. Pero también plantea el reto de acrecentar significativamente la oferta de vivienda para atender la mayor demanda habitacional y evitar la escalada de precios que se viene produciendo.
Este aumento de la ocupación y de la población activa se produce en una situación en la que la relación entre vacantes y desempleo continúa incrementándose desde la salida de la crisis de la COVID-19. Esta relación se sitúa a medio camino de una situación cíclica normal y de la relación entre vacantes y desempleo observada en 2007, que fue el máximo de las últimas cuatro décadas. El problema es que este tensionamiento del mercado de trabajo se produce en España cuando la tasa de desempleo se encuentra alrededor del 12%, y sigue siendo la más elevada de la UE.
Además de por la influencia del contexto económico internacional y del crecimiento de la demanda interna, el mercado de trabajo en 2024 se puede ver afectado por decisiones de política económica.
La primera de ellas es el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). El reto es conjugar sus subidas con las del resto de salarios y la productividad, con la creación de empleo en los segmentos que puedan verse afectados (actualmente más de un 12% de los asalariados) y con el objetivo de la Carta Social Europea. Sin embargo, seguimos sin disponer de una evaluación de los efectos de las subidas que se han ido produciendo durante los últimos años, y una métrica clara y actual de cuál debe ser el salario medio de referencia (que, a diferencia del salario mediano, se ve afectado por el aumento del SMI) sobre el que alcanzar el objetivo del 60%.
Una segunda fuente de incertidumbre es cómo se diseñará y aplicará la propuesta de reducir la jornada máxima legal en dos horas y media hasta las 37 horas y media en 2025. Históricamente, las reducciones de la jornada de trabajo han evitado los efectos negativos sobre el empleo y otras distorsiones potenciales, cuando han sido consecuencia de los aumentos de la productividad y de los salarios. El efecto riqueza así generado ha provocado la demanda de más ocio y, por lo tanto, la reducción de la jornada de trabajo. Como consecuencia de ello, la evidencia muestra una correlación negativa entre productividad y horas trabajadas por ocupado tanto entre países como a lo largo de las últimas seis décadas. Estos resultados apuntan a que la mejor estrategia consiste en dejar en manos de la negociación colectiva los acuerdos de reducción de la jornada laboral. Con ello adicionalmente se consigue una reasignación más eficiente del empleo hacia las empresas y sectores en las que más crece la productividad.
En tercer lugar, dependiendo de su diseño y aplicación, la propuesta de modificación del procedimiento de despido puede suponer un aumento de la incertidumbre con efectos negativos sobre el empleo, sobre todo si en lugar de reducirla mediante un sistema transparente, claro y predeterminado se va a otro individualizado y sujeto a interpretación jurídica. Lo ideal es que el marco proporcione la suficiente certidumbre jurídica y económica para que las empresas puedan provisionar y asegurarse frente al coste del despido al que puedan tener que hacer frente en el futuro. Cuanto mayor sea la incertidumbre también lo sería la prima de ese seguro y menor la demanda de empleo, sobre todo para aquellos colectivos donde la compensación pueda ser mayor.
Aparte de evitar que las tres incertidumbres anteriores pueden afectar negativamente a la demanda de trabajo, es necesario adoptar medidas que aumenten y mejoren la oferta. A lo largo de 2023 se ha observado un agotamiento de los efectos de la reforma laboral en vigor desde 2022. La caída de la temporalidad se ha detenido en torno al 17% de la ocupación de la EPA, sigue sin disminuir en el sector público, no se observa una reducción de la rotación de laboral ni mejoras de la productividad del empleo, aunque sería necesario realizar una evaluación en profundidad antes de llegar a ninguna conclusión al respecto.
Todo ello apunta a que la oferta de trabajo necesita un nuevo impulso para aumentar la tasa de ocupación, disminuir el desempleo de larga duración e incrementar la productividad, clave para el crecimiento de los salarios. Las reformas comprometidas con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia son una oportunidad para modernizar y mejorar la eficiencia de las políticas activas de empleo, las políticas de prestaciones y subsidios al desempleo, otras ayudas sociales, y los servicios de intermediación (aprovechando plenamente las nuevas tecnologías digitales y la colaboración público-privada). Además, hay que incentivar el aprovechamiento del talento senior con diferentes medidas entre las que se debe incluir la jubilación flexible y compatibilizar pensiones con salarios.
En resumen, 2024 se presenta lleno de retos económicos y demográficos para las políticas económicas, de cuyos aciertos dependerá el comportamiento del mercado de trabajo, no sólo este año sino también los futuros.
