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Crecer distinto. La apuesta de la economía española por un crecimiento sostenido

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España ha empezado a crecer de una manera distinta, más alineada con un modelo de crecimiento sostenido, equilibrado y con capacidad de transformar estructuralmente su economía. Este crecimiento, no obstante, no está garantizado. Para mantenerlo es fundamental elevar el potencial de crecimiento de nuestras empresas, eliminar los cuellos de botella que lo limitan —garantizando que las infraestructuras físicas crecen a un ritmo adecuado— y asegurar que los frutos de ese crecimiento se trasladan a toda la sociedad, consolidando así el apoyo social a este modelo

En los últimos años, España ha roto con su patrón tradicional de crecimiento de las últimas décadas, altamente cíclico y caracterizado por etapas de fuerte creación de empleo que concurrían con caídas de la productividad por trabajador. Esto se debía a un mercado de trabajo muy dual, importantes déficits comerciales asociados a la entrada de inversiones financieras, alta dependencia energética y, por todo ello, una elevada exposición a los shocks exteriores. La economía española funcionaba como un amplificador de dichos shocks, y el mercado de trabajo, con una enorme proporción de contratos temporales, amplificaba a su vez el efecto sobre la actividad económica. Se trataba de un modelo que compartía características con el de una economía emergente y que se alejaba del patrón de crecimiento de nuestros principales socios.

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El ciclo reciente ha reforzado la idea de que es posible un modelo de crecimiento diferente. Un modelo en el que un ritmo elevado de expansión económica no solo sea compatible con avances estructurales, sino que vaya acompañado de mayores niveles de productividad, de creación de empleo de calidad y de una moderación de precios que fortalezca la competitividad. Un crecimiento equilibrado, menos dependiente energéticamente, más intensivo en digitalización y capaz de sostenerse sin los grandes desequilibrios —externos, fiscales o sociales— que lastraron históricamente otros periodos expansivos de nuestra economía.

Para entender por qué este nuevo enfoque resulta tan relevante, basta con observar la trayectoria de la economía española en los últimos veinticinco años, desde la entrada en la Unión Monetaria, poniendo el foco en los dos principales determinantes del bienestar económico: la productividad y la tasa de paro. Se pueden definir así cuatro etapas claramente diferenciadas.

La primera, que abarca aproximadamente de 1999 a 2007, se caracteriza por un crecimiento muy moderado de la productividad por hora trabajada, al tiempo que la tasa de paro disminuye de forma continua. Es nuestra fase clásica de crecimiento extensivo, impulsado fundamentalmente por un aumento del empleo, con escasas mejoras en eficiencia. Entre 2007 y 2014 se abre un segundo periodo, marcado por la crisis financiera internacional y sus prolongadas consecuencias. Durante estos años, la productividad aparente por hora aumenta, pero lo hace en un contexto de intensa destrucción de empleo, lo que conlleva un repunte muy significativo del paro. La tercera etapa, desde 2014 hasta 2019, retoma un patrón ya conocido: bajo crecimiento de la productividad acompañado, esta vez, de una recuperación sostenida del mercado laboral y una reducción gradual del desempleo.

Sin embargo, la dinámica reciente introduce un cambio de calado. Desde 2020, y de manera persistente tras el shock inicial de la pandemia, observamos por primera vez un patrón en el que el crecimiento de la productividad es compatible con descensos simultáneos en la tasa de paro. Esta ruptura respecto a los tres ciclos anteriores sugiere que la economía española ha comenzado a crecer de forma distinta, alineándose con el objetivo de un crecimiento más sólido, equilibrado y basado en ganancias de eficiencia. A su vez, la prolongación de esta etapa y su robustez ante shocks de distinto tipo apuntan a que se trata de un cambio profundo y estructural, resultado de una apuesta por un modelo de crecimiento sostenible que deja atrás la tradicional disyuntiva entre productividad y empleo.

Este comportamiento adquiere aún más relevancia en comparación internacional. Mientras España registra avances significativos en productividad desde 2021, los principales países europeos atraviesan un periodo de estancamiento o crecimiento muy débil. Con los últimos datos de Eurostat disponibles (base 2021=100), la productividad de la UE-27 apenas alcanza 107,8 en 2023; Alemania, 106,0; Francia, 105,7; e Italia, 112,8. En cambio, España se sitúa en 122,2, muy por encima del conjunto de la Unión y del resto de las grandes economías. Nuestro país registra así un avance acumulado superior al 22% en apenas tres años, lo que constituye un cambio estructural de enorme magnitud en perspectiva histórica.

El análisis detallado de los microdatos de Eurostat revela además un patrón particularmente interesante: la mayor parte de estas ganancias de productividad entre 2021 y 2023 procede de dos grupos empresariales: las microempresas y las muy grandes empresas. Las primeras —que representan el núcleo del tejido productivo español— han incrementado su productividad más de un 3,3% en este corto periodo, lo que sugiere un proceso de modernización y adopción tecnológica sin precedentes recientes. Las muy grandes empresas, por su parte, consolidan mejoras significativas en eficiencia y organización. Crucialmente, no se observan cambios relevantes en la composición sectorial ni en la distribución por tamaños de empresa, lo que indica que el aumento de la productividad responde a mejoras intraempresa, no a procesos de reasignación entre sectores.

Un factor decisivo en este avance ha sido la inversión, y en particular la inversión en activos intangibles —software, bases de datos, propiedad intelectual, capacidades organizativas—, estrechamente vinculada a la transformación digital. En este proceso han desempeñado un papel central los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU), que han acelerado la transición hacia un modelo más intensivo en tecnología. Como resultado, el peso de la economía digital ha aumentado del 16 % en 2016 a más del 21 % en 2023, reflejando una creciente especialización en sectores de mayor productividad, con mayor potencial de acceso al mercado global y, por tanto, con mayor capacidad de escalar.

Finalmente, este patrón de crecimiento desmonta también una narrativa extendida según la cual el reciente dinamismo económico se debería exclusivamente a un crecimiento extensivo basado en la inmigración. Si bien los flujos migratorios han ampliado la fuerza laboral —contribuyendo a mitigar el envejecimiento poblacional—, su impacto ha sido también intensivo: según González Pardo (2025), la inmigración ha contribuido positivamente al crecimiento de la productividad. Respecto a la primera ola migratoria previa a la crisis financiera, la inmigración reciente presenta niveles educativos más elevados (Fernández Huertas, 2025), una inserción más diversificada entre sectores y una mayor presencia en actividades con rendimientos crecientes a escala. Esta composición cualitativa y la complementariedad de los trabajadores inmigrantes con el capital humano y físico de nuestra economía explican por qué la inmigración está actuando como un motor de productividad, resolviendo la aparente paradoja de que trabajadores individualmente menos productivos que los nativos puedan contribuir positivamente a la productividad media.

Dicho esto, es innegable que persisten ciertas barreras que podrían limitar el crecimiento empresarial, la innovación y la capacidad para generar empleo. A aspectos como la dependencia de la financiación bancaria y el reducido desarrollo de los mercados de capitales se unen otros retos relevantes para los próximos años. En concreto, el envejecimiento demográfico puede tener implicaciones significativas en un entorno empresarial tan atomizado como el nacional, por la falta de relevo generacional. Esto puede poner en riesgo la continuidad de muchas empresas e implicar una pérdida de capital intangible. Así, por ejemplo, en el colectivo de 3,4 millones de autónomos, un tercio superará los 60 años en la próxima década. Favorecer los traspasos pasa por reducir las asimetrías informativas y las dificultades de valoración de los activos, facilitar la liquidez por parte de compradores adecuados y disminuir los costes de transacción y operativos.

Los nuevos tiempos traen también nuevas oportunidades. Así, desarrollos tecnológicos como la IA tienen un elevado potencial para reducir las barreras y cargas administrativas a las que se enfrentan pymes y autónomos, y para permitirles acceder a servicios previamente limitados a las grandes empresas. Son una oportunidad única para que estas incrementen exponencialmente su productividad. Políticas adoptadas a través del PRTR (como el Kit Digital, Kit Consulting, RETECH, Next Tech y Active Ciberseguridad) van precisamente en esta línea.

En conclusión, todos los elementos citados —el cambio de régimen productivo desde 2020, la mejora relativa frente al resto de Europa, la modernización empresarial impulsada por la digitalización y el papel cualitativo de la inmigración— apuntan a una conclusión sólida: España ha empezado a crecer de una manera distinta, más alineada con un modelo de crecimiento sostenido, equilibrado y con capacidad de transformar estructuralmente su economía. Este crecimiento, no obstante, no está garantizado. Para mantenerlo es fundamental elevar el potencial de crecimiento de nuestras empresas, eliminar los cuellos de botella que lo limitan —garantizando que las infraestructuras físicas crecen a un ritmo adecuado— y asegurar que los frutos de ese crecimiento se trasladan a toda la sociedad, consolidando así el apoyo social a este modelo.

Resumen

Desde 2020, España ha iniciado un cambio estructural hacia un crecimiento más equilibrado, combinando aumentos de productividad y reducción del paro. Este nuevo modelo se apoya en la digitalización, la inversión en intangibles y los fondos europeos. España destaca frente a la UE por su fuerte avance en productividad reciente.

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