Este dinamismo se ha trasladado al mercado de trabajo. Se estima que la afiliación a la Seguridad Social y el empleo EPA habrán crecido en el entorno del 2,5% respecto a 2024. Gracias a esta creación de empleo, la tasa de paro ha continuado su senda descendente, situándose en una media anual del 10,6%. Aunque el tercer trimestre mostró una moderación en el crecimiento de la ocupación (0,4% trimestral CVEC), los indicadores apuntan a un repunte en el tramo final del año, lo que permite cerrar 2025 con un balance sólido.
El comportamiento del empleo ha seguido apoyándose en gran medida en la población extranjera, fundamental para compensar el envejecimiento de la fuerza laboral nativa y cubrir la demanda en sectores clave. No obstante, persisten retos como la baja productividad por ocupado, que apenas avanza debido, en parte, a la reducción de horas trabajadas por empleado.
De cara a 2026, las perspectivas se mantienen favorables, aunque en un contexto de suave desaceleración. BBVA Research prevé un crecimiento del PIB del 2,4%, lo que permitirá que el mercado laboral mantenga su dinamismo. Se espera que el empleo aumente un 2,3% en 2026, lo que permitiría reducir la tasa de paro hasta el 10% en promedio anual. De cumplirse estas proyecciones, la economía española habría generado más de 1,5 millones de empleos en el periodo 2024-2026.
Sin embargo, el escenario para 2026 no está exento de riesgos derivados de la incertidumbre internacional y del escaso avance de la productividad. Como señala la OCDE, la productividad española y el ingreso per cápita siguen rezagados respecto a la media europea, lastrados en parte por el reducido tamaño medio empresarial. Esto hace que las pymes sean especialmente vulnerables ante un incremento de los costes laborales unitarios, a medida que madura el ciclo económico y crecen las vacantes en relación con el desempleo. El horizonte de 2026 se perfila como un periodo exigente para las empresas en materia de costes. En primer lugar, la negociación para un nuevo aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sigue presionando la estructura salarial, con el objetivo de ganar poder adquisitivo más allá de la inflación prevista (2,5% para 2026). A esto se suma el efecto arrastre de la subida de los salarios públicos, que actúa como referencia en la negociación colectiva del sector privado, añadiendo presión a los costes salariales totales.
Pese a que la propuesta de reducción de la jornada laboral máxima a 37,5 horas semanales no ha salido adelante (lo que hubiera implicado un encarecimiento directo del coste por hora trabajada sin ajuste de los salarios), se ha anunciado una aplicación estricta del nuevo registro horario digital. Este sistema, interoperable con la Inspección de Trabajo, elimina la flexibilidad informal y endurece el control, lo que supone un reto organizativo y de gestión para las pymes, haciendo que la reducción de jornada sea efectiva y rígida de manera inmediata.
A los retos anteriores se suma la necesidad de integrar eficazmente las nuevas tecnologías para mejorar la productividad. Según los datos de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (TICH) del INE de 2025, la adopción de la Inteligencia Artificial Generativa (IA Gen) presenta una clara asimetría: aunque el 37,9% de la población de 16 a 74 años ya ha utilizado estas herramientas, su uso con fines profesionales se limita al 17,9%, frente al 30,2% que las emplea para fines privados.
Además, existe una marcada brecha generacional que presiona a las empresas a invertir en reskilling: el 75,6% de los jóvenes de 16 a 24 años utiliza IA Gen, mientras que la cifra cae drásticamente en los trabajadores de mayor edad. Por otro lado, la flexibilidad laboral muestra signos de estancamiento. El teletrabajo ha descendido ligeramente hasta situarse en el 14,8% de los ocupados (-0,3 puntos respecto a 2024), lo que podría dificultar la atracción de talento joven que demanda estos modelos híbridos.
En el ámbito de la Seguridad Social, la cuña fiscal sobre el trabajo seguirá aumentando, una tendencia contraria a la recomendada por organismos internacionales, como la OCDE, que sugieren reducir las cotizaciones empresariales de los trabajadores de bajos ingresos para fomentar la contratación. En 2026 continuará la senda de incremento de costes no salariales a través de varias vías. La primera es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cuyo aumento seguirá consolidándose. Segundo, la aplicación de la cuota de solidaridad para los salarios más altos. Tercero, continuará el destope progresivo de las bases máximas de cotización, que aumentarán por encima de la inflación, elevando el coste de contratación de talento cualificado. Por último, se producirá un incremento de las cuotas para los trabajadores autónomos.
En definitiva, el mercado laboral español encara 2026 con luces y sombras. Entre las primeras, destaca la inercia positiva de un 2025 mejor de lo esperado y unas previsiones de crecimiento (2,4%) y empleo (2,3%) que siguen superando la media europea. Entre las segundas, preocupa que la acumulación de costes regulatorios (cotizaciones sociales, rigidez horaria o presiones salariales) acabe penalizando la creación de empleo a medio plazo, en un entorno de escasez de mano de obra en algunos sectores y ocupaciones. Será crucial garantizar que estas medidas no desincentiven la inversión ni la contratación, especialmente en un contexto donde la mejora de la productividad ante la disrupción que suponen nuevas tecnologías, como la IA Generativa, sigue siendo la gran asignatura pendiente para asegurar la sostenibilidad del Estado del bienestar.