Los perfiles de la transición energética

Todo proceso de transformación económica incorpora, según se produce su desarrollo, unos perfiles que le son propios. En unos casos son intrínsecos, inherentes al propio proceso, y en otras ocasiones se trata de características extrínsecas, impuestas por la evolución del mundo en que vivimos. La transición energética no es inmune a esta realidad. Según se desarrolla, adquiere notas características que en ocasiones pueden sorprender, pero que en realidad responden a una imparable lógica económica, jamás ausente en los procesos de transformación de nuestras sociedades.

La primera realidad que conviene subrayar es que la transición energética, concebida como proceso de sustitución de los combustibles fósiles por una energía sin emisiones de CO2, es más un proceso de adición que de sustitución. Desde 2021, el año posterior a la pandemia, las inversiones en el sector energético mundial han aumentado en cerca de un billón (de los nuestros) de dólares. Las inversiones en combustibles fósiles han crecido ligeramente, pero el grueso del crecimiento ha sido debido a las inversiones en renovables, redes eléctricas, baterías y mejoras de eficiencia energética.

El carácter aditivo de la transición energética se justifica por una simple razón: las inversiones se producen en aquellos ámbitos en los que existe una certeza razonable sobre el retorno de las inversiones. La solar fotovoltaica y la eólica terrestre son la forma más económica de generar electricidad, por lo que acaparan la mayor parte de las inversiones y, sobre todo, de su crecimiento. A su rebufo, crecen las inversiones en electrificación, redes y baterías. Por su parte, el consumo de combustibles fósiles no deja de crecer. En la última década (2014-2024), los consumos de carbón, petróleo y gas han crecido, respectivamente, un 2%, un 12% y un 21%. No es de extrañar que las inversiones en estos sectores sigan siendo atractivas y, año tras año, sigan manteniéndose en niveles similares.

Este perfil económico de la transición energética no debe sorprender. Sacrificar el crecimiento económico en aras de una energía sin emisiones es algo que ningún gobierno de ninguna economía emergente está dispuesto a adoptar como política. En las economías desarrolladas, el razonamiento es similar, si bien el acento se sitúa en la competitividad del tejido industrial. La conclusión es que los plazos de la transición, al margen de voluntarismos regulatorios, se ceñirán a la disponibilidad tecnológica, concepto que incorpora no sólo la capacidad técnica de implementar un proceso productivo, sino también la capacidad económica de generar un margen suficiente que garantice la rentabilidad de las inversiones acometidas.

El carácter aditivo de la transición que estamos viviendo sólo empezará a transformarse en sustitutivo cuando el proceso de electrificación avance. Para ello, además de la realidad económica, es necesario atender las restricciones técnicas derivadas de una generación intermitente y asíncrona y de una mayor participación de la electricidad en el consumo final de energía. La solución es invertir en redes y en baterías y que éstas estén equipadas con equipos capaces de mantener la inercia de la red.  Ambas asignaturas son de especial importancia en España. Apenas contamos con baterías y nuestras inversiones en redes han sido mínimas.

La política energética siempre ha tenido que buscar el equilibrio entre la seguridad del suministro y el coste del mismo. En un mundo alineado, en el que la política de bloques recupera su protagonismo y, además, la tradicional alianza de Europa con Estados Unidos se transforma en contingente, la seguridad de suministro adquiere una trascendencia que hasta la guerra de Ucrania no tenía. Este es quizás el perfil extrínseco más relevante que condiciona la transición energética, aunque en este caso sea posible hablar de coincidencia de objetivos, dado que, una vez desarrolladas las instalaciones eólicas y fotovoltaicas, su suministro eléctrico no depende de ninguna importación de combustible. El sol y el viento, además de gratis, no están sujetos al arbitrio de ninguna potencia extranjera.

El renovado protagonismo de la seguridad energética conduce la discusión a la electricidad nuclear. Una vez más, deberíamos buscar la respuesta en la rentabilidad de las posibles inversiones. Los nuevos reactores franceses, de hasta 1.600 MW, construidos en Finlandia, Francia y Reino Unido -este último sin terminar- generan electricidad a un coste cercano a los 150 euros por MW. Los nuevos reactores modulares, de producción en serie y pequeño tamaño, parecen de momento capaces de producir a unos 120 euros. Las viejas centrales, construidas entre los años ochenta y noventa del siglo pasado, pueden producir a un coste entre 40 y 50 euros, coste competitivo con una planta fotovoltaica hibridada con una batería. La respuesta parece obvia: no cerrar las viejas centrales y ser más que prudente, sobre todo con el dinero público, con los nuevos desarrollos nucleares. Una tecnología disponible lo es cuando es segura y rentable. Disociar ambas características suele conducir al error.

La electrificación, con plazos más dilatados de los pretendidos hasta ahora por los reguladores europeos, acabará siendo la realidad predominante de nuestro panorama energético, pero, en lugar de preocuparnos por plazos perentorios de todo orden, deberíamos hacerlo por alcanzar lo antes posible un sistema eléctrico descarbonizado y competitivo y por conseguir que todas aquellas tecnologías que deban convivir con la electricidad lo hagan al menor coste posible.