Tres complicados melones fiscales

En la reunión de noviembre del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la ministra de Hacienda anunció la inminente presentación de una propuesta de reforma del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). De cumplirse el anuncio, se abriría finalmente (con un retraso de más de diez años) uno de los tres complicados melones fiscales que el país tiene pendientes. Los otros dos tienen que ver con el sistema público de pensiones, donde no es previsible que se tomen medidas hasta que la cosa esté a punto de reventar y con la reforma fiscal donde sucede lo mismo, salvo que aceptemos como reforma la política de no actualizar con la inflación la tarifa del IRPF, iniciada en 2015, que ya ha incrementado en algo más del 30% la cuota del impuesto para un contribuyente con unas rentas brutas de 30.000 euros.

Pero volvamos al melón de la financiación autonómica, que es donde podría haber novedades pronto. Según las declaraciones de la ministra, habrá un incremento sustancial de los recursos de todas las CCAA que llegará a través de un aumento en el porcentaje de cesión de alguno de los grandes tributos compartidos. El reparto de los recursos adicionales, por otra parte, deberá comportar una reducción de las amplias diferencias de financiación que ahora existen entre territorios. Finalmente, se anuncia también una revisión del sistema de entregas a cuenta y liquidaciones que podría llevar a su eliminación.

Para valorar esta propuesta, conviene ponerla en el contexto de la evolución de un proyecto de reforma que arrancó con la demanda del PSC y ERC de un modelo de financiación “singular” para Cataluña similar al sistema foral de concierto, rápidamente adoptada como propia por el PSOE y el Gobierno. A la vista de la negativa reacción a la propuesta y temiendo su posible coste electoral, el Gobierno parece dispuesto a diluir el acuerdo original, aunque sin renunciar a introducir elementos sustanciales de singularidad o a la cesión de competencias sustantivas de gestión tributaria. Aunque la valoración definitiva de la propuesta resultante deberá esperar hasta que se conozcan sus detalles, cabe apuntar ya algunas consideraciones.

En el lado positivo del balance, la revisión del sistema de entregas a cuenta puede tener efectos positivos sobre la rendición de cuentas y la autonomía y responsabilidad fiscal. Más importante aún es el compromiso de avanzar hacia un reparto más equitativo de los recursos, reduciendo las importantes diferencias de financiación homogénea por habitante ajustado que constituyen uno de los mayores problemas del SFA, si bien aquí se echa en falta alguna indicación de que esto deberá extenderse también a las comunidades forales.

El listado de aspectos negativos es algo más largo. La primera preocupación es que buena parte del daño derivado del acuerdo con ERC ya está hecha y no se revertirá con el aparente cambio de rumbo de los últimos meses. El PSC y el PSOE han comprado sin reservas el relato del maltrato fiscal, legitimando así las reivindicaciones nacionalistas de soberanía fiscal. Es probable que ese objetivo no pueda alcanzarse ahora por falta de apoyos suficientes, pero ahí queda la factura firmada, que se volverá a presentar a cobro cuando las circunstancias sean más favorables. Mientras tanto, servirá para alimentar el victimismo nacionalista al previsible grito de “nos han vuelto a engañar”, sin que por ello los demás podamos dar por conjurado el peligro de deriva confederal.

Una fuente esencial de intranquilidad es la insistencia en avanzar hacia un sistema a la carta de gestión tributaria “en red” que, incluso en la versión suavizada que ahora se anuncia, podría terminar en la ruptura efectiva de la caja única, dejando al Estado en una situación fiscal precaria. Aún si este peligro pudiera conjurarse, la propuesta comportaría inevitablemente mayores costes y grandes pérdidas de eficiencia según se vaya distribuyendo una parte creciente de las tareas de la actual AEAT entre múltiples administraciones carentes de experiencia y de escala muy inferior, que afrontarían serias dificultades para coordinarse efectivamente entre sí.

Lo de la “voluntad de autogobierno”, por otra parte, es un argumento extremadamente endeble para justificar el desmantelamiento incluso parcial de la actual AEAT, pues lo importante a efectos del autogobierno es que las comunidades tengan recursos fiscales propios que puedan modular de acuerdo con sus necesidades y reciban con rapidez los correspondientes ingresos, lo que puede hacerse mejor y a menor coste con la estructura actual que con la que se propone y a lo que poco contribuye el uniforme que vista el recaudador.

Por último, el anuncio de la ministra apunta a una elevada inyección de recursos adicionales al SFA que habrá que ver cómo se financia mientras crecen con rapidez el gasto en pensiones y en defensa. De mantenerse la tradición, además, esta inyección no comportará coste político alguno para las comunidades y agravará, por tanto, los serios problemas de ausencia de incentivos para mantener una cierta disciplina fiscal que el sistema ya sufre.

En conclusión, no está claro que lo que el Gobierno está cocinando pueda ser un punto de partida válido para una reforma del SFA aceptable para el conjunto de España. Convendría ir pensando en buscar una vía alternativa a la que proponen ERC y el PSC, que tenga en cuenta la parte razonable de sus reivindicaciones sin comprometer el principio de solidaridad o la autonomía de la Administración Central. Para avanzar en esta vía, sería muy buena cosa que los dos grandes partidos aparcasen un ratito su incesante trifulca y se pusieran a negociar seriamente pensando en el bien común.