EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
2026 será el año en el que las organizaciones que combinen visión estratégica, innovación tecnológica y compromiso con la sostenibilidad puedan definir el terreno de juego y, por tanto, posicionarse como líderes.
El año 2026 se presenta como un punto de inflexión para la economía y para los sectores que la sostienen, incluido el sector jurídico y fiscal. Las empresas y los servicios profesionales se enfrentan a un escenario donde la estabilidad es la excepción y la transformación, la norma. La combinación de factores geopolíticos, económicos, tecnológicos y sociales está alterando las reglas del juego: crecimiento moderado global, bonanza relativa en España, anomalías presupuestarias, disrupción tecnológica y la entrada de nuevos actores en sectores tradicionalmente estables.
España 2026. Un año por delante
En el ámbito global, la economía mundial avanza hacia un crecimiento tímido, con previsiones en torno al 3,1%, en un escenario marcado por tensiones geopolíticas, políticas monetarias divergentes y la transición hacia economías más sostenibles y digitalizadas. Las cadenas de suministro siguen ajustándose tras años de disrupciones y las empresas se ven obligadas a operar en un marco donde la volatilidad es constante y la capacidad de adaptación se convierte en el principal activo.
En el ámbito local, España encara 2026 con una posición relativamente sólida: crecimiento del PIB superior a la media europea (2,3%-2,9%), impulsado por la inversión, el consumo y la ejecución final de los fondos europeos. El mercado laboral mantiene dinamismo y la inversión extranjera sigue fluyendo hacia sectores estratégicos como energía, infraestructuras y tecnología.
Sin embargo, esta bonanza convive con una anomalía institucional: la falta de nuevos presupuestos y un incremento del techo de gasto récord (+8,5%), que revela tensiones políticas y riesgos para la estabilidad fiscal. Aunque el déficit se mantiene por debajo del 3%, la consolidación fiscal resulta insuficiente en un ciclo expansivo, lo que anticipa desafíos en la financiación pública y en la confianza inversora.
De esta forma, España vive una paradoja en tanto el crecimiento económico está por encima de la media europea, pero con desequilibrios estructurales que antes o después exigirán reformas profundas.
Para las empresas, este contexto implica una doble lectura: oportunidades para crecer y diversificar, pero también la necesidad de blindarse frente a posibles ajustes fiscales y cambios regulatorios.
Para aquellos que nos dedicamos a los servicios profesionales, se abre un espacio para ofrecer soluciones integrales que combinen estrategia, tecnología y gestión del riesgo. La complejidad regulatoria, la volatilidad de los mercados y la necesidad de innovación requieren visión global y soluciones transversales que resulten eficaces en procesos de transformación y adaptación que ya no son opcionales.
En un clima de imprescindible adopción de la tecnología, la ciberseguridad y la ética se convierten en un desafío permanente. Si a ello añadimos la cada vez mayor fragmentación regulatoria, las compañías se verán obligadas a desplegar sistemas de compliance robustos para evitar sanciones y preservar su reputación.
Tendencias normativas que marcarán 2026
Tanto el marco normativo europeo como el español serán grandes vectores de cambio en 2026 para cualquier empresa que opere en un entorno globalizado.
La fiscalidad internacional se reconfigurará con la entrada en vigor del Pilar Dos del proyecto BEPS 2.0, impulsado por la OCDE y el G20, que establece un impuesto mínimo global del 15% para multinacionales con ingresos superiores a 750 millones de euros. España ya ha aprobado el Impuesto Complementario para garantizar este nivel mínimo, con efectos retroactivos desde 2024, lo que obliga a las corporaciones a revisar sus estructuras fiscales y a reforzar sus sistemas de cumplimiento.
En paralelo, la Unión Europea avanza hacia una mayor armonización y digitalización de la fiscalidad. La Directiva FASTER, transformará los procedimientos para la devolución de retenciones en origen sobre dividendos e intereses transfronterizos. El objetivo es reducir costes y tiempos mediante certificados digitales de residencia fiscal y sistemas de “relief at source” y “quick refund”, lo que exigirá a las empresas adaptar sus procesos internos y sus plataformas tecnológicas. La Directiva, cuya entrada en vigor se produjo el 30 de enero de 2025, deberá incorporarse al Derecho interno de los Estados miembros no más tarde del 31 de diciembre de 2028. No obstante, la normativa de trasposición que se apruebe resultará aplicable a partir del 1 de enero de 2030.
España también se suma a esta ola de digitalización con la obligatoriedad de la facturación electrónica, habiendo aprobado en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del IVA por el que se traspone una primera parte de la Directiva (UE) 2025/516 (Directiva ViDA ‘VAT in the Digital Age’). Algunas modificaciones menores serán de aplicación desde el 1 de enero de 2027, siendo sin embargo las más importantes aquellas que entrarán en vigor el 1 de julio de 2028 y el 1 de julio de 2030. No obstante, es importante tener en cuenta que la entrada en vigor de forma diferida y los condicionantes informáticos que las nuevas obligaciones van a suponer exigirán a las empresas llevar a cabo inversiones significativas en tecnología y cambios operativos ya desde el año 2026.
A nivel normativo, también se prevé la consolidación de impuestos medioambientales. Todas estas reformas no solo responden a la necesidad de modernizar el sistema tributario, sino también a la presión por cumplir objetivos de sostenibilidad y transparencia.
En el ámbito jurisprudencial, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avala la constitucionalidad de los pagos fraccionados mínimos en el Impuesto sobre Sociedades y que pretendía aportar seguridad jurídica, no ha conseguido sino mantener abierto el debate sobre su impacto en la liquidez empresarial. Este fallo, junto con otros pronunciamientos esperados en materia de deducciones y consolidación fiscal, marcarán la agenda de los próximos meses y puede que tenga gran impacto en la fiscalidad de un buen número de empresas.
En materia de transparencia y reporte, la iniciativa de paquete ómnibus de sostenibilidad introduce ajustes relevantes en el calendario, el perímetro subjetivo y el nivel de detalle de la Directiva de Reporting (CSRD) y de la de Diligencia Debida (CS3D). Tras varios años de intensa producción normativa, 2026 se perfila como un ejercicio de revisión y reequilibrio del modelo europeo de transparencia y sostenibilidad empresarial, lo que refleja una voluntad clara de simplificar y hacer más proporcionadas las obligaciones, sin cuestionar los objetivos de fondo. En España, esta evolución se complementa con iniciativas como el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible y el derecho a reparación, lo que eleva el riesgo sancionador y reputacional asociado a la comunicación comercial y medioambiental, así como a la trazabilidad de productos.
Desde el punto de vista social, 2026 vendrá marcado por un incremento estructural de la exposición jurídica. A modo de ejemplo, la futura Ley de Acciones Colectivas abre la puerta a reclamaciones de asociaciones de consumidores y usuarios, incluso con alcance transfronterizo.
En paralelo, se aprecian cambios relevantes tanto en el funcionamiento de los mercados como en la gestión de riesgos críticos. La Directiva europea sobre acciones de voto múltiple, cuya transposición debería producirse en 2026, introduce mayor flexibilidad para facilitar el acceso de empresas innovadoras a los mercados de capitales sin diluir el control de los fundadores.
También cabe señalar que, aunque la agenda europea en materia de defensa y seguridad ha adquirido una importancia creciente en el contexto geopolítico actual, su traslación normativa en 2026 sigue teniendo, por ahora, un impacto principalmente sectorial e industrial, concentrado en ámbitos como la producción, la contratación pública o las tecnologías de doble uso.
La transformación en las funciones jurídicas y fiscales
La tecnología será uno de los ejes fundamentales sobre los que gire la competitividad y la transformación de las funciones jurídicas y fiscales de las empresas. El año 2026 marcará el paso definitivo desde la construcción del marco regulatorio a su aplicación práctica y supervisión efectiva, cuando finalmente se apruebe el Proyecto de ley de servicios digitales. Normas como la Digital Services Act (DSA) y, sin duda, el Reglamento de Inteligencia Artificial (IA). Más allá del cumplimiento técnico, estas normas refuerzan la responsabilidad de los órganos de administración en la supervisión de sistemas automatizados, la gestión de riesgos tecnológicos y la toma de decisiones informadas sobre el uso de datos y algoritmos. Para muchas organizaciones, el verdadero reto en 2026 será articular una gobernanza interna coherente que permita integrar innovación y control sin frenar la transformación digital.
De igual manera, la Inteligencia Artificial, la automatización y la analítica avanzada están redefiniendo procesos, modelos de negocio y relaciones entre empresas. El impacto en los servicios jurídicos y fiscales será alto y se liberarán recursos para actividades de mayor valor, como innovación, estrategia y planificación, todo ello sin dejar de lado retos en ciberseguridad, ética digital y adaptación cultural.
En España, la Estrategia de Transformación Digital 2026-2030 presentada ante la OCDE refuerza esta tendencia al impulsar la integración de IA en la Administración Pública y en la Justicia. Este marco institucional favorecerá, sin duda, la normalización del uso de IA en sector de los servicios profesionales, pero nos exigirá una adaptación rápida y responsable.
Cómo prepararse para liderar en 2026
2026 no será un año para la complacencia, pero la respuesta no está en la improvisación, sino en la anticipación. Las empresas deberemos “abrazar” la tecnología con propósito; diversificar servicios y mercados; invertir en talento y cultura e integrar la sostenibilidad en la estrategia. Será el año en el que las organizaciones que combinen visión estratégica, innovación tecnológica y compromiso con la sostenibilidad podrán definir el terreno de juego y, por tanto, posicionarse como líderes. Una vez más, la anticipación bien entendida y planificada será la clave para marcar el camino de las empresas y de las firmas de servicios profesionales. La oportunidad está aquí y hay que saber aprovecharla.
Resumen
En 2026, las empresas y servicios profesionales enfrentan un entorno económico y regulatorio complejo, marcado por crecimiento moderado, disrupción tecnológica y cambios fiscales globales y locales. España mantiene solidez económica, pero con desequilibrios estructurales que exigen adaptación y planificación estratégica. La digitalización, la Inteligencia Artificial y la sostenibilidad serán clave para transformar funciones jurídicas y fiscales, optimizar procesos y reforzar la competitividad. La anticipación, inversión en talento y gobernanza responsable serán determinantes para liderar en este contexto cambiante.