EY se refiere a la organización global, y puede referirse a una o más, de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de las cuales es una entidad legal separada. Ernst & Young Global Limited, una compañía británica limitada por garantía, no presta servicios a los clientes.
La transformación pública debe traducirse en beneficios concretos para ciudadanos y empresas. La automatización de procesos repetitivos libera capacidad del empleado público para tareas de mayor valor añadido, mientras que la hiperpersonalización de servicios basada en datos garantiza que cada interacción administrativa sea relevante y eficiente.
España se encuentra en una encrucijada decisiva para su transformación digital y administrativa. Con la fecha límite del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) fijada para agosto de 2026, el país ha ejecutado y asignado más de 80.000 millones de euros de los aproximadamente 163.000 millones disponibles. No obstante, surge una incógnita fundamental e inquietante: ¿cómo mantener la inercia transformadora cuando cese el flujo de fondos europeos? El contexto es especialmente complejo porque España se enfrenta a la necesidad urgente de adoptar tecnologías disruptivas en toda la sociedad, con el sector público actuando como catalizador de este cambio inevitable.
España 2026. Un año por delante
Este desafío presenta una triple vertiente: financiera, organizativa y cultural. La reactivación de las reglas fiscales europeas en 2026 pondrá fin a la financiación extraordinaria derivada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, justo en el momento en que la Administración Pública española afronta una rigidez creciente en su estructura de gastos. Las prestaciones sociales suponen ya casi el 19% del PIB y la masa salarial pública más del 12%. A ello se añade la necesidad de incrementar la inversión en nuevos ámbitos, como el de la defensa y la seguridad.
Con ello, el margen para nuevas inversiones se reduce drásticamente. En esta coyuntura, solo la eficiencia operativa puede liberar recursos. Y la Inteligencia Artificial (IA) es la herramienta clave para multiplicarla.
El PRTR ha catalizado una transformación sin precedentes en la Administración Pública española. Con 40.400 millones invertidos en digitalización, el nivel de adopción de tecnologías disruptivas ha experimentado una aceleración notable. La Inteligencia Artificial se ha desplegado en cientos de iniciativas que ya están generando resultados tangibles: desde la detección de fraudes en prestaciones sociales o la tramitación de ayudas y subvenciones con iniciativas estatales como el proyecto eGRANT, hasta la optimización de recursos forestales para la prevención de incendios. La evidencia es contundente y son múltiples los ejemplos que se podrían poner.
Estos no son casos excepcionales ni proyectos piloto experimentales, sino la expresión de un cambio sistémico que ha modificado el modus operandi de la Administración española. La cuestión inevitable que es preciso plantear es si esta inercia transformadora puede sostenerse en el tiempo.
La respuesta requiere un cambio radical de modelo. Frente a la inversión masiva característica del PRTR, la fase post-2026 exige priorización estratégica y concentración en el retorno de la inversión (ROI). El Gobierno ha identificado ámbitos funcionales de alto impacto (justicia; sanidad; tramitación de ayudas y subvenciones; empleo y políticas sociales, entre otros) donde la transformación digital genera un mayor rendimiento.
Los 26.700 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado para digitalización hasta 2030 resultan insuficientes si se comparan con las necesidades de la transición digital, pero resultan viables si se complementan con los ahorros derivados de la eficiencia operativa.
Todo lo anterior se inscribe en un contexto global, donde el concepto de infraestructuras críticas y la soberanía tecnológica se extiende y amplía, excediendo los ámbitos que podríamos entender clásicos de defensa y seguridad nacional.
La transformación pública debe traducirse en beneficios concretos para ciudadanos y empresas. La automatización de procesos repetitivos libera capacidad del empleado público para tareas de mayor valor añadido, mientras que la hiperpersonalización de servicios basada en datos garantiza que cada interacción administrativa sea relevante y eficiente. Paralelamente, la simplificación administrativa reduce cargas innecesarias que lastran la competitividad empresarial. Cada hora de tramitación eliminada mediante IA representa un ahorro de costes para el sector privado y una ganancia de productividad para la economía en su conjunto.
Sin embargo, la irrupción tecnológica suele llegar sin un marco de gobernanza maduro. La solución no reside en ralentizar la adopción, sino en gobernarla inteligentemente. Como ejemplo, la Comunidad de Madrid ha anticipado esta necesidad creando una oficina estratégica para impulso de la IA que garantiza la adecuación normativa (AI Act, RGPD, NIS2) mientras prioriza casos de uso con criterios de utilidad pública.
Este proceso de transformación nacional debe ir acompasado con la Ley Digital Omnibus europea, la brújula de competitividad y la agenda de simplificación de la Comisión Europea. Sus líneas estratégicas sobre competitividad, simplificación administrativa y gobernanza de datos encuentran en la IA pública un instrumento alineador. Los espacios europeos de datos (medicina, movilidad, pacto verde, fabricación) requieren que las administraciones públicas actúen como interlocutores cualificados, ofreciendo información de calidad y garantizando la confianza ciudadana en el procesamiento de datos. Este no es un ejercicio tecnocrático, sino un requisito existencial para mantener la soberanía digital en el contexto europeo.
Finalmente, no podemos olvidarnos de que el desafío crítico es demográfico, no solo para España en su conjunto, también lo es para nuestra función pública. Con una edad media de los empleados públicos de 51,5 años, España ocupa el segundo lugar en la OCDE en porcentaje de funcionarios mayores de 55 años. El Plan Nacional de Competencias Digitales ha formado a más de dos millones de personas, pero debe consolidarse con programas permanentes de reciclaje profesional (reskilling). La atracción de talento digital (especialistas en IA, análisis de datos o ciberseguridad) requiere reformas profundas en los sistemas de selección y en una remuneración competitiva frente al sector privado. Solo así la transformación será irreversible.
El día después del PRTR no es un punto final, sino el verdadero comienzo de una transformación que nos ha de llevar a la eficiencia en la gestión pública y la mejora continua de servicios a ciudadanos y empresas.
Resumen
España, tras el impulso del PRTR, enfrenta el reto de mantener su transformación digital y administrativa post-2026, con recursos limitados y gasto público rígido. La eficiencia operativa y la Inteligencia Artificial son claves para sostener avances, optimizar servicios y garantizar beneficios a ciudadanos y empresas, en un contexto de soberanía tecnológica, gobernanza europea y envejecimiento del funcionariado.