Desde 2015, España acumula un déficit estructural de 870.000 viviendas, una situación que tensiona el mercado, especialmente en las grandes ciudades. Para evitar que esta brecha aumente en otras 700.000 viviendas en los próximos años, resulta imperativo activar nuevos desarrollos y agilizar los procesos urbanísticos hasta alcanzar una producción mínima de 130.000 viviendas anuales durante los próximos quince años.
A pesar de que la oferta prevista para los próximos cinco años es de 830.000 unidades, esta cifra apenas cubrirá la mitad de la demanda estimada. Este volumen incluye 650.000 viviendas clásicas, 80.000 viviendas asequibles, 30.000 viviendas flexibles, 20.000 en residencias de estudiantes y 50.000 unidades de tipologías emergentes. Las iniciativas de colaboración público-privada avanzan, pero se ven limitadas por la escasez de suelo, la complejidad urbanística y la lentitud en los procesos administrativos.
Para poner en contexto la gravedad del problema, actualmente comprar una vivienda en España exige 7,3 años de ingresos anuales, frente a los 4,2 años necesarios hace tres décadas. El alquiler también se ha encarecido, con un aumento de un 26% en dos años. Además, el parque residencial español está envejecido, con el 49% de las viviendas con más de 40 años y el 81% con baja eficiencia energética.
En este marco, la inversión privada institucional puede desempeñar un papel transformador. Tras la desaceleración de 2023 y 2024, la inversión institucional en el segmento living por fin se recupera, con un crecimiento del 22% interanual en 2025 hasta alcanzar los 6.200 millones de euros. Este interés creciente por el mercado residencial se refleja en la concentración de la actividad en formatos flexibles y adaptados a las nuevas necesidades habitacionales de unos hogares que nada tienen que ver con los de la España de los años 90. La financiación también acompaña esta tendencia, con 4.500 millones de euros destinados a proyectos residenciales en 2025. Aunque la banca tradicional sigue representando una gran parte, los financiadores alternativos están ganando terreno.
El desarrollo de vivienda asequible podría crear 55.000 empleos directos e indirectos y generar 4.600 millones en recaudación fiscal adicional. Reducir la brecha habitacional permitiría elevar el PIB en un 10%, crear 600.000 empleos y generar 50.000 millones de euros adicionales en ingresos públicos, movilizando más de 200.000 millones de inversión en cinco años. Madrid, Cataluña y Andalucía serían las regiones más beneficiadas. Para corregir el déficit estructural será fundamental multiplicar el ritmo de producción de vivienda, simplificar la regulación, fomentar la construcción industrializada y modular la colaboración público-privada, acelerando la rehabilitación y conversión de oficinas a uso residencial.
Es evidente que el desarrollo de vivienda asequible no es solo una necesidad urgente, sino una oportunidad de enorme impacto para el crecimiento económico de España. Eliminar las barreras regulatorias y adoptar estrategias de inversión a largo plazo permitirá transformar el parque residencial español y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Dejemos de hacer política con algo tan necesario como el lugar donde vivirán nuestros hijos y seamos generosos con el bien común. Todos deberíamos ceder pensando en el bien común, y ese “todos” incluye propietarios, inversores, promotores, bancos y, por supuesto, nuestros políticos.