El momento no puede ser más oportuno. España vive una paradoja positiva: crece, atrae actividad, gana población y mejora su posicionamiento relativo, pero precisamente por eso necesita reforzar las bases que sostienen ese dinamismo. El debate sobre las infraestructuras suele centrarse en redes físicas, inversiones pendientes o capacidad de mantenimiento. Sin embargo, hay otra infraestructura menos visible y cada vez más decisiva: la que gestiona la movilidad internacional de las personas. Cuando esa infraestructura funciona, el talento llega, se incorpora con agilidad al mercado laboral y contribuye al crecimiento. Cuando falla, se ralentizan proyectos, se desaprovechan capacidades y se generan tensiones innecesarias.
El informe parte de una evidencia muy significativa. Según recoge el propio documento, hasta alrededor del 80% del crecimiento reciente en España se explica por la contribución de la población extranjera, tanto por el aumento de la fuerza laboral como por su mayor participación en el empleo. Además, ocho de cada diez personas migrantes se encuentran ocupadas, lo que refleja una integración laboral notable y una aportación muy relevante a la actividad económica. En paralelo, regiones que arrastraban una pérdida sostenida de población encuentran en la inmigración un factor de estabilización demográfica y económica.
Estos datos no solo ilustran una tendencia. Explican por qué la migración ha dejado de ser una cuestión periférica para convertirse en un asunto central de competitividad. En un contexto de envejecimiento de la población, escasez de profesionales en sectores estratégicos y aceleración tecnológica, la capacidad de atraer e integrar talento internacional pasa a ser un activo económico equiparable a la energía, la conectividad o la logística. Esa es, precisamente, una de las ideas más valiosas del informe: entender la infraestructura migratoria como un sistema crítico para el crecimiento.
Cuando hablamos de infraestructura migratoria, no nos referimos únicamente a permisos o trámites de entrada. Hablamos del conjunto de políticas, procesos administrativos, marcos regulatorios, sistemas de homologación de cualificaciones, mecanismos de integración social y laboral y capacidades institucionales que hacen posible una gestión eficaz de los flujos migratorios. En una economía avanzada, atraer talento ya no basta. Es necesario incorporarlo con rapidez, reconocer su capacitación, facilitar su inserción y coordinar adecuadamente a las distintas administraciones y actores implicados.
La urgencia de este debate se entiende mejor si se observa el contexto más amplio en el que se inserta. España se aproxima a una dimensión demográfica inédita en su historia reciente. Ese crecimiento, que constituye un éxito económico y social, también incrementa la demanda de recursos y somete a presión servicios e infraestructuras que, en muchos casos, fueron diseñados para una realidad de menor escala. El reto no consiste en cuestionar ese crecimiento, sino en acompañarlo con planificación, inversión y modernización institucional. Lo mismo que hoy reclamamos para redes de agua, transporte o energía, debemos plantearlo también para la infraestructura migratoria.