Un reto demográfico de gran escala
España presenta una densidad de población inferior a la media europea, con amplias áreas del interior que se sitúan muy por debajo de los umbrales utilizados por la Unión Europea para definir zonas de muy baja densidad. Miles de municipios, que abarcan cerca de la mitad del territorio nacional, se encuentran en riesgo demográfico o en procesos avanzados de despoblación, especialmente en el interior peninsular.
La pérdida de población se concentra en los municipios de menor tamaño. En la última década, la mayoría de los municipios con menos de 5.000 habitantes ha registrado descensos poblacionales, una tendencia que se intensifica en los núcleos de menos de 1.000 habitantes. Este fenómeno no solo reduce la base demográfica, sino que debilita el tejido económico local y dificulta el mantenimiento de servicios esenciales, reforzando dinámicas de abandono.
Vivienda vacía y despoblación: una relación directa
Uno de los puntos de partida del informe es la magnitud del parque de vivienda vacía en España. El país cuenta con millones de viviendas desocupadas, una parte significativa de ellas localizadas en zonas rurales afectadas por la despoblación. El análisis muestra una relación directa entre ambos fenómenos: la salida de población acelera el deterioro del parque residencial y reduce su habitabilidad, mientras que la falta de vivienda disponible, rehabilitada y accesible actúa como barrera para la llegada de nuevos residentes.
Desde esta perspectiva, la vivienda puede convertirse en una palanca relevante para revertir la tendencia demográfica, siempre que se logre transformar este círculo vicioso en una dinámica de activación, poner vivienda en uso, atraer población y reforzar la viabilidad económica y de servicios en el territorio.
El informe advierte, no obstante, que la vivienda es una condición necesaria, pero no suficiente. Disponer de vivienda no garantiza por sí sola la llegada o permanencia de población si no va acompañada de otros factores clave como actividad económica y oportunidades de empleo, acceso a servicios públicos básicos y disponibilidad de infraestructuras y conectividad, tanto física como digital.
Por ello, el estudio defiende un enfoque integral, en el que la vivienda se integre en estrategias territoriales más amplias y coordinadas, con implicación de las administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil.
Una lectura territorial del desafío
Para profundizar en la dimensión territorial del reto, el informe analiza siete comarcas especialmente afectadas por la despoblación, distribuidas en distintas comunidades autónomas. Estas comarcas presentan densidades de población muy reducidas y un elevado peso de vivienda vacía, lo que permite ilustrar tanto la magnitud del problema como el potencial de actuación.
Así, se pone de manifiesto diferencias internas relevantes. Mientras los municipios más pequeños concentran la pérdida de población y el deterioro del parque residencial, las cabeceras comarcales o núcleos de mayor tamaño muestran mayor capacidad de resistencia, actuando en algunos casos como polos de atracción relativa y generando posibles efectos de arrastre sobre su entorno.
Iniciativas que apuntan a soluciones posibles
El informe recoge diversas iniciativas impulsadas desde el ámbito público, privado y asociativo que han logrado activar vivienda vacía en entornos rurales y atraer nuevos residentes. Aunque su escala es aún limitada, estos casos aportan aprendizajes sobre los factores que facilitan el éxito, como el acompañamiento a propietarios y nuevos pobladores, la mediación para movilizar vivienda cerrada y el apoyo a la rehabilitación.
Tres prioridades para activar la vivienda en la España rural
A partir del análisis realizado, se identifican tres líneas de actuación prioritarias para que la vivienda se convierta en una palanca efectiva frente a la despoblación. En primer lugar, ampliar y mejorar el parque de vivienda disponible mediante incentivos a la rehabilitación y medidas que faciliten la puesta en uso de viviendas vacías. En segundo lugar, impulsar la actividad económica y el empleo, integrando la vivienda en estrategias de desarrollo territorial que generen oportunidades reales para la población. Por último, fomentar iniciativas integradas de vivienda y apoyo social, que incluyan acompañamiento, intermediación y coordinación entre actores públicos y privados.