Claves de los siete principios del Código de buenas prácticas para inversores

Este principio persigue que los inversores realicen sus inversiones con el objetivo de maximizar el valor económico a largo plazo, directa o indirectamente, de los fondos aportados o gestionados de sus clientes y beneficiarios, evitando así la presión indebida de una visión cortoplacista de las empresas en las que invierten.

Se traduce en dos orientaciones:

1.      El desarrollo de estrategias, políticas y decisiones de inversión que integren en el grado oportuno los factores ASG y los riesgos asociados, fomentando así la creación de valor a largo plazo en sus inversiones.

2.      El desarrollo de una cultura de gobierno corporativo dentro del propio inversor o gestor que sirva de fundamento de su rol, sustancialmente fiduciario, para con sus clientes y beneficiarios.

Este principio persigue que los inversores tengan un conocimiento adecuado de las sociedades en las que invierten y que realicen un seguimiento, de forma habitual, de sus estrategias, objetivos de rentabilidad, exposición a riesgos financieros y no financieros, y del entorno, la competencia y la estructura de los mercados en los que estas operan.

Se traduce en tres orientaciones:

1.      La realización de una investigación, análisis y seguimiento periódicos de los aspectos materiales que afectan a la creación de valor a largo plazo de las compañías en las que invierten.

2.      Disponer de procedimientos y sistemas eficaces de seguimiento, así como de medios humanos y materiales adecuados, para el desempeño de dicha labor sin sesgos y con independencia de los intereses del grupo al que eventualmente pertenezca la entidad.

3.      Identificar los sucesos que puedan implicar, en las sociedades en las que invierten, pérdidas significativas o exposición a riesgos altos incoherentes con su política de inversión. 

Este principio persigue, a través de la publicación de las políticas de implicación para que clientes y beneficiarios puedan conocerlas, la generación de un rendimiento coherente con el indicado en el principio 1 y contribuir a que las estrategias empresariales de las sociedades en las que inviertan sean adecuadas.

Se traduce en diez orientaciones:

1.      Que la política sea clara, precisa, completa, contenga criterios y objetivos medibles y refleje un enfoque de conjunto sobre el total de la inversión.

2.      Esté disponible en la página web de la entidad, junto con el informe anual sobre su aplicación en el ejercicio anterior.

3.      Se utilice como referencia el régimen de implicación establecido por el artículo 3 octies de la Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, implementada en España fundamentalmente por medio de la Ley 5/2021, de 12 de abril.

4.      Sea objeto de revisión periódica, evaluando si está o no alineada con los objetivos, estrategias y responsabilidades del inversor o gestor, pudiendo ser recomendable la participación periódica de asesores expertos independientes en esta evaluación.

5.      Incluya una explicación de cómo las actividades de implicación del inversor o gestor y el diálogo que mantienen con las sociedades en las que invierten, puede llegar a influir el sentido del voto.

6.      Promueva que las sociedades en las que inviertan tengan estructuras y prácticas de gobierno adecuadas, en línea con las recomendaciones del Código de Buen gobierno de las sociedades cotizadas.

7.      Prevea los supuestos en los que podría ser oportuno dialogar y cooperar con otros accionistas, gestores o inversores y otros grupos de interés para conseguir de una manera más efectiva sus objetivos.

8.      Prevea una estrategia de escalamiento que explique en qué situaciones se juzga oportuno escalar la naturaleza de sus actuaciones frente a las sociedades en las que invierten, cuando estas o los miembros de sus órganos de gobierno o alta dirección no atiendan de manera adecuada sus preocupaciones, o cuando consideren que determinada exposición al riesgo sigue siendo excesivamente elevada.

9.      Divulgue si utilizan agencias de rating ASG a efectos del análisis de las prácticas de las compañías en las que invierten.

10.   Incluya una expectativa de cómo consideran que las entidades en las que invierten, y sus administradores, deben abordar y dar seguimiento a propuestas que se sometan a la junta y que puedan tener un porcentaje significativo de votos en contra.

Este principio persigue que el ejercicio del derecho de voto por parte de los inversores sea responsable y conforme con sus políticas de implicación y voto.

Se traduce en cinco orientaciones:

1.      Establecer de manera clara y precisa, y con suficiente detalle, cuál es su política de voto y la pongan a disposición del público en su página web.

2.      Ejercer, de conformidad con su política de voto, de modo activo los derechos de voto de los que dispongan de forma discrecional y que en caso de delegación en favor de terceros, se haga con instrucciones precisas sobre el sentido del voto.

3.      Prever en la política que el sentido del voto tendrá en cuenta el resultado de las actuaciones desarrolladas en atención a los principios 1, 2 y 3, y, en el caso de que el asunto a votación se refiera al nombramiento, reelección o cese de consejeros, que la política tendrá en cuenta si el consejero contribuirá positivamente a la adecuada composición del consejo, con especial consideración a la diversidad de perfiles, y en qué medida la sociedad cotizada ha seguido en el proceso los principios de buen gobierno, entre otros.

4.      Contemplar que se tenga en consideración en su sentido del voto la comunicación y el diálogo entablados con las empresas objeto de su política de implicación y, en su caso, las actuaciones realizadas por tales entidades, después de haberlas informado de su visión e intereses y transmitido sus preocupaciones. Cuando las preocupaciones no se hayan resuelto adecuadamente, la política debería prever la conveniencia de que se evalúe, para cada situación concreta, si es apropiado comunicar a las sociedades en las que invierten y a sus órganos de administración, de manera anticipada, su sentido previsible de voto y las razones para ello, aunque la junta de accionistas no haya sido convocada aún, en la medida que dichos supuestos no estuvieran ya contemplados en su política de voto.

5.      No seguir las recomendaciones de los asesores de voto de forma automática, sino que el derecho de voto se ejerza de manera informada y formándose un juicio propio en defensa de los intereses de sus clientes y beneficiarios.

Este principio persigue que los inversores, además de informar públicamente de las políticas adoptadas, informen también de cómo se han aplicado, de las actuaciones realizadas y de los objetivos alcanzados, a efectos de que los clientes y beneficiarios puedan valorar de manera fundada en qué medida los inversores se encuentran comprometidos con las actividades de implicación y voto.

Este principio se traduce en dos orientaciones:

1.      La información sobre las actuaciones realizadas por el inversor o gestor en el ejercicio de su política de implicación deberá ser clara, completa y objetiva, tanto cuantitativa como cualitativa, e indicará cómo considera que esas actividades han contribuido a la creación de valor a largo plazo para sus clientes y beneficiarios, a la estrategia empresarial de las sociedades en las que invierte y a la mejora de su gobierno corporativo.

2.      Los inversores deberían revelar públicamente, con carácter anual, cómo han aplicado su política de voto, incluyendo, cuando tengan la facultad de ejercerlo de manera discrecional, una descripción general de su comportamiento de voto, una explicación de las votaciones más importantes y si han recurrido a los servicios de asesores de voto u otros proveedores, y explicando, en este último caso, el grado en que sus recomendaciones se siguieron.

Este principio persigue que los inversores cuenten con una política de gestión de los conflictos de intereses enfocada a priorizar los intereses de sus clientes y beneficiarios.

Se traduce en tres orientaciones:

1.      Que establezca, de manera clara, completa y precisa, las medidas adoptadas para identificar, gestionar y resolver los conflictos de intereses que eventualmente puedan surgir en el desempeño de su actividad de implicación y voto.

2.      Que sea eficaz y se dote tanto de sistemas de gobernanza que permitan identificar conflictos de intereses, potenciales o reales, como de los mecanismos adecuados para gestionarlos, mitigarlos o prevenirlos, asegurando la debida independencia en la resolución de estos conflictos.

3.      Se publique en la página web y se incluya en su informe anual cómo se ha aplicado en la práctica la misma en el ejercicio anterior.

Este principio persigue incentivar, por medio de una estructura de remuneración adecuada, a los responsables de los inversores para que apliquen de una manera efectiva sus estrategias y objetivos, en favor de la obtención de un rendimiento a largo plazo.

Se traduce en una orientación:

1.      Vincular una parte de la retribución variable de los consejeros ejecutivos y altos directivos de los inversores al cumplimiento de objetivos que se refieran a la efectiva aplicación de su estrategia y que, en particular, se oriente a la consecución de un rendimiento a largo plazo.