El pasado mes traspasamos el ecuador del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el corazón del programa NextGeneration EU. Un instrumento histórico, aprobado inicialmente con el objetivo de apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente tras la pandemia, al tiempo que se promueven las prioridades ecológicas y digitales de la UE. Suponía a su vez, un avance histórico en la integración política y fiscal de la Unión a través de la movilización de 672.000 millones de euros procedentes de deuda mancomunada europea.
España promovió activamente su aprobación tras la pandemia. Y fue, junto a Italia, el país al que más fondos le fueron asignados debido al fuerte impacto que tuvo en sus economías. Por ello, España presentó en abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con 110 inversiones y 102 reformas estructurales comprometidas, que semestre a semestre debe acreditar ante la Comisión haber ejecutado para recibir hasta casi 70.000 millones de euros en transferencias no reembolsables que le fueron inicialmente preasignadas.
Hasta la fecha, más de 33.000 millones de euros han sido adjudicados para financiar más de 600.000 proyectos. En total, se estima que los fondos estarían llegando a más de 500.000 empresas y familias. Las inversiones relacionadas con la digitalización, la agenda urbana y la movilidad sostenible absorben más del 52% de gasto puesto en marcha vinculado al Plan. Por lo que respecta a las reformas, se han aprobado algunas de las más relevantes comprometidas, como la de educación, la laboral, la de vivienda y la de pensiones. En conjunto, más de 180 hitos de reformas y objetivos de inversión han sido cumplidos en un complejo contexto económico y político nacional e internacional.
La aprobación el pasado 17 de octubre por el Consejo Europeo de la Adenda y modificación del plan español permitirá movilizar 7.700 millones de euros en transferencias adicionales de ámbito general, 2.644 millones para el despliegue del programaREpower EUy hasta 83.000 millones de euros en préstamos. En total, el Plan de Recuperación permitirá movilizar hasta 163.000 millones de euros en el periodo 2021-2026, más del 12% del PIB de España, que se unen a los 36.700 millones de euros de los Fondos Estructurales del marco financiero plurianual 2021-2027. Más de cuatro veces la cuantía asignada a España en el anterior periodo.
La adenda incorpora relevantes instrumentos para canalizar los préstamos en colaboración con entidades de sobrada solvencia y experiencia en el ámbito financiero: el Grupo del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o Cofides. No prevé un mayor uso de incentivos fiscales como instrumento para incentivar el despliegue de inversión privada, como ha hecho EEUU en el marco del Inflation ReductionyChips Act.
Cuando sea aprobada la solicitud del cuarto desembolso de transferencias, una vez aprobado el derogado hito de la reforma de los subsidios por desempleo, España ya habrá cumplido 182 hitos y objetivos, lo que supone casi un 45% de los hitos y objetivos del PRTR original y más de un 30% de los hitos y objetivos del PRTR ampliado a través de la Adenda.
Los retos para 2024 incluyen, en un complejo contexto parlamentario, la aprobación de los hitos contemplados en el quinto tramo, como las reformas derivadas de las recomendaciones del comité de expertos que elaboraron el Libro Blanco para la reforma fiscal o la Ley de Aguas. A final de año, deberán estar aprobadas, entre otras, la Ley de Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Movilidad Sostenible y la Ley de Medidas para la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud.
En paralelo, el peso de los objetivos de inversión va a ir creciendo en detrimento del de los hitos de reformas. El Consejo de Ministros aprobó el pasado diciembre los criterios de aplicación de la prórroga para 2024 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 previendo en el acuerdo que los ministerios vayan adaptando los créditos presupuestarios del Mecanismo a la anualidad de 2024. El pasado 27 de febrero acordó también la puesta en marcha de cinco facilidades con cargo a los préstamos de la adenda al Plan de Recuperación por importe de 40.000 millones de euros a gestionar por el ICO.
Todo ello obligará a buscar consensos parlamentarios y a agilizar el despliegue de los fondos y las inversiones a todos los niveles para facilitar el cumplimiento de los citados objetivos. Nos jugamos el propio futuro de este tipo de instrumentos financieros más allá de 2026.
Por otro lado, es una oportunidad para España de disponer de fondos públicos financiados al 100% por la UE, en un contexto de retorno a las reglas fiscales de la Unión Europea, en el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que sea necesario incorporar medidas de ajuste fiscal por valor de 0,64 puntos de PIB al año durante los próximos 4 años.
Si una pandemia histórica pos- Brexit inspiró un avance extraordinario en integración económica y fiscal, el contexto de policrisis y geoestratégico actual, los desafíos y oportunidades que la transición energética y transformación digital suponen, y el despliegue de una estrategia de seguridad económica y autonomía estratégica abierta basado en el reimpulso de la política industrial, el aumento del tamaño del mercado y la mejora de la competitividad, deberían suponer estímulos suficientes para, aprendiendo de los aciertos y errores identificados, dar continuidad a este mecanismo más allá de 2026.
Publicado en Expansión
