El día 19 de febrero ha hecho un año de la entrada en vigor del Reglamento 2021/241 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Un hito histórico de mutualización de deuda comunitaria para ayudar a los Estados Miembros más afectados por la pandemia del Coronavirus, de cuyo éxito o fracaso previsiblemente dependerá que la Unión Europea siga avanzando o no en integración política y fiscal. El balance final del despliegue del Mecanismo en España marcará no sólo nuestro futuro como país, sino el devenir del proceso de integración europeo.
Transcurrido un año desde la adopción del Reglamento, hemos podido constatar el éxito obtenido por nuestro país al ser el primer Estado Miembro en obtener la aprobación de su Plan nacional de Recuperación y Resiliencia (julio de 2021), documento fundamental que establece la gobernanza y el control de los fondos, las reformas e inversiones comprometidas y el impacto macroeconómico y en el empleo esperados con el despliegue del Mecanismo. Adicionalmente, hemos sido el primer país en recibir una transferencia de fondos de la Unión Europea no vinculada al anticipo, sino a la consecución de los hitos y objetivos comprometidos. Conocemos ya también la adenda del Plan anunciada por el Gobierno para el segundo semestre de 2022, para incorporar los 70.000 millones de euros de préstamos no solicitados en la versión inicial.
El año se cerró con un importante impulso en la aprobación de actuaciones administrativas en desarrollo de las inversiones del Plan (aprobación en Consejo de Ministros de tres PERTEs: Vehículo Eléctrico y Conectado, Energías Renovables, Hidrógeno y almacenamiento y Salud de Vanguardia y las órdenes de bases de algunos de ellos) y en la distribución de fondos a las Comunidades Autónomas y empresas y organismos gestores, permitiendo a la Administración Central terminar el año realizando pagos a las administraciones o entidades gestoras por importe de 11.001 millones de euros (el 45,5% del crédito presupuestado). Al mismo tiempo, el Gobierno ha avanzado en el cumplimiento de los 31 hitos de reforma comprometidos con las instituciones europeas para el 31 de diciembre de 2021 para la liberación de 12.000 millones de euros adicionales durante este semestre, de entre los que destacan la reforma laboral y la primera parte de la de pensiones.
Cabe comparar este despliegue con la experiencia pasada en el arranque de los períodos presupuestarios usuales de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos. Así, los fondos del marco financiero plurianual 2014-2020 comenzaron su ejecución en la práctica en 2016, estando prevista su finalización en 2023.
Sin embargo, el éxito que supone el comienzo del despliegue de las primeras reformas e inversiones convive con la percepción, por parte del sector privado, de retraso en la llegada de los fondos a la economía real, y una preocupación por las pequeñas y medianas empresas respecto a su participación en este importante plan. Asimismo, otros factores como la acumulación de trabajo en una administración que no ha incrementado sustancialmente sus medios, y el todavía escaso efecto de las reformas legales introducidas a final del año pasado para agilizar la gestión de los fondos, pueden ralentizar el ritmo de ejecución del Plan, que es especialmente exigente en 2022 y 2023. Mientras, la Comisión Europea todavía no ha definido aspectos tan relevantes como el detalle de la aplicación del principio Do Not Significant Harm a todas las inversiones no ligadas a la transición verde y a las reformas; o los posibles controles adicionales que previsiblemente se introducirán en el futuro.
Será necesario, por tanto, para continuar con este impulso inicial, reforzar los mecanismos de transparencia; acelerar la digitalización de los procedimientos administrativos (objeto también de financiación europea); ampliar la ambición de las reformas comprometidas y su alineamiento con las recomendaciones europeas; agilizar la puesta en marcha de proyectos tractores en el marco de los PERTE; reforzar la aplicación de las reformas introducidas para la agilización de los fondos de recuperación y resiliencia; e intensificar las actuaciones especialmente dirigidas a la cohesión social y territorial y a los colectivos en riesgo de exclusión, que no pueden ni deben quedarse atrás en esta transformación.
Estamos a tiempo de aprovechar al máximo esta extraordinaria oportunidad que nuevamente nos ofrece el proyecto de integración europeo.