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Impacto del Proyecto de Real Decreto de centros de datos sobre el sistema eléctrico y la competitividad de España



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Los centros de datos pueden convertirse en un vector esencial de demanda eléctrica e inversión digital en España

Los centros de datos pueden convertirse en un vector esencial de demanda eléctrica e inversión digital en España. El país podría aumentar la potencia computacional instalada, de 439 MW a unos 2.500 MW en 2030, con una inversión y empleo asociados muy significativos. Sin embargo, el Proyecto de Real Decreto que regula los requisitos de sostenibilidad de estas instalaciones podría frenar ese potencial y generar otros impactos negativos sobre la economía y los consumidores eléctricos y digitales,desaprovechando una oportunidad estratégica de país para atraer inversión y reforzar su competitividad. En particular, exige un suministro renovable con adicionalidad (80% del consumo cubierto con nueva generación renovable) y con correlación horaria (80% del consumo cubierto, hora a hora, con renovable), dos obligaciones mucho más exigentes que la normativa europea comparable.

Para cuantificar su impacto, se ha simulado hora a hora el portfolio que necesitarían los 3,5 GW de centros de datos, que estima la estrategia nacional de IA, para cumplir ambos criterios. El resultado es un sobredimensionamiento muy elevado: 26,8 GW de solar, 8,8 GW de eólica y 14,2 GW de baterías, es decir, 14,2 veces la potencia de la demanda. Al dimensionarse para cubrir los meses más desfavorables, esta capacidad genera 19.742 GWh de excedentes anuales y eleva los vertidos del sistema al menos un 16%. Como consecuencia, el coste de suministro de los centros de datos, asciende a 133,07 €/MWh, 2,4 veces el precio de futuros para 2030 (55 €/MWh), y queda además expuesto a penalizaciones por la variabilidad del viento, un factor que escapa al control de los centros de datos.Adicionalmente, este sobredimensionamiento inviabiliza los activos renovables existentes, al provocar su infrautilización y reducir su rentabilidad, deteriorando las señales de inversión.

Este encarecimiento se trasladaría previsiblemente a los costes de los servicios prestados por los CD y, lo que es peor, a que estas plantas decidan localizarse en otros países miembros. Por tanto, España perdería la inversión, el empleo y la soberanía digital y previsiblemente no se evitarían los impactos negativos sobre el sistema eléctrico. 

Por todo ello, convendría revisar el Proyecto de Real Decreto suavizando sus exigencias, en línea con las normas europeas y en beneficio de la economía española y del consumidor eléctrico y digital.  Las obligaciones adicionales solo deberían plantearse cuando la penetración de los centros de datos alcance niveles que las justifiquen.

Resumen

La regulación propuesta para los centros de datos podría frenar la inversión digital en España, al imponer requisitos de energía renovable más exigentes que los europeos. Estas obligaciones elevarían significativamente los costes, generarían excedente energéticos y podrían desplazar proyectos a otros mercados, reduciendo la inversión, el empleo y los ingresos regulados del sistema eléctrico.

 

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